La expropiación de Cuba 11 marca un precedente para familias desalojadas que, como las de Mar Blanco y La Merced, siguen en campamentos mientras esperan recuperar sus hogares

Texto: Camilo Ocampo

Foto: Andrea Murcia / Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – En la Ciudad de México, tan solo de enero de 2025 a julio de 2026 se abrieron 6,120 carpetas de investigación por el delito de despojo, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De estas, el gabinete contra el despojo únicamente ha atendido mil 32, de las cuales se han realizado 185 restituciones de inmuebles y 84 aseguramientos.

Por lo anterior, la expropiación del edificio de Cuba 11 es un caso alentador en la lucha contra la gentrificación y el despojo, porque dejó un precedente importante al poner en el centro del debate público una situación que recorre las 16 alcaldías de la capital, y demostró que la organización social, como una manera de presionar al gobierno a tomar cartas en el asunto, funciona.

El pasado 17 de septiembre, el gobierno de la CDMX formalizó el proceso de expropiación del inmueble desde la Gaceta Oficial y aseguró que comenzará un proyecto de vivienda de interés social y popular en beneficio de las familias.

Además, detalló que el predio de 635.72 metros cuadrados pasará a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), con lo cual se autoriza al INVI a tomar posesión física y administrativa inmediata del inmueble para destinarlo a un programa de vivienda social, mientras que el Gobierno capitalino deberá cubrir la indemnización correspondiente a la persona propietaria que acredite su interés jurídico.

Conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Expropiación, emitida en 2012, esta acción está sujeta al pago de una indemnización equivalente al valor de mercado del inmueble.

De acuerdo con lo señalado por las familias de Cuba 11 en un comunicado: «En el presente caso, la indemnización será mayor al monto respecto de la supuesta última compraventa, en que Virginia Domínguez Chalqueño, supuesta “compradora”».

Esta medida llega a poco más de un año del desalojo violento que sufrieron las familias.

“La lucha continúa”

Este caso de avanzada en la lucha por la vivienda digna es un precedente para las demás familias que siguen esperando en campamentos para poder retornar a sus hogares.

Cerca de 50 familias (alrededor de 250 personas) de la colonia Merced Balbuena llevan más de dos años viviendo en un campamento en la vía pública, exigiendo la aclaración de su proceso legal.

También la familia Dorador mantiene un campamento en la banqueta de la calle Mar Blanco 102, en la colonia Popotla (alcaldía Miguel Hidalgo), luego de ser desalojada de forma violenta y sin notificación previa el 2 de octubre de 2025, mientras sufre el acoso de la propia alcaldía.

De acuerdo con lo dicho por el gobierno capitalino el 21 de noviembre de 2025, tiene considerado expropiar 400 inmuebles en este sexenio a fin de garantizar el derecho a la vivienda digna y asequible para la población de menos ingresos.

En esa ocasión, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales aseguró que durante el primer año de gobierno de Clara Brugada se emitieron 38 decretos expropiatorios, de los cuales 27 fueron publicados en la Gaceta Oficial a favor del Instituto de Vivienda, y 11 a favor de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México.

Mientras la ciudad avanza a pasos lentos, esas 6,120 carpetas de investigación siguen esperando una respuesta.