La Fiscalía de Puebla investiga tres casos de presunto abuso sexual y uno de violencia familiar equiparada tras el hallazgo de un cuarto de castigos en el Colegio Carrusel Magone. El descubrimiento, realizado por padres de familia en abril de 2026, involucra a víctimas de entre tres y cuatro años. La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia calificó el hecho como una omisión grave de la SEP en su deber de vigilancia

Texto: Jazmín Guerrero

Foto: Crisanta Espinosa Aguilar / Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.— La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició formalmente cuatro investigaciones por hechos con apariencia de delito cometidos contra niñas y niños en el Colegio Carrusel Magone, A. C., ubicado en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas. Este proceso legal se activó tras la denuncia de padres de familia sobre irregularidades graves en la seguridad y el trato a los menores dentro del plantel de nivel preescolar y primaria.

La institución procuradora de justicia informó que existen tres carpetas de investigación por presunto abuso sexual y una más por el delito de violencia familiar equiparada. Estas denuncias se siguen de forma independiente a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, la cual mantiene activa una carpeta en etapa de integración para esclarecer las responsabilidades penales.

Entre las víctimas identificadas se encuentran una niña de cuatro años y un niño de tres años de edad. Las autoridades detallaron que, tras la difusión del caso en medios de comunicación y redes sociales, se recibieron dos denuncias adicionales vinculadas a hechos ocurridos dentro del mismo plantel. Estas nuevas querellas ya fueron incorporadas al proceso de investigación para determinar si existen más menores afectados.

Como parte de los protocolos de atención, la Fiscalía realizó las entrevistas multidisciplinarias correspondientes y dio intervención al Sistema Estatal DIF. Esta instancia coadyuvante tiene la tarea de garantizar la protección integral de las víctimas y evitar su revictimización. El agente del Ministerio Público también canalizó a los menores a cursos y talleres de contención emocional para brindarles herramientas para su desarrollo.

El hallazgo del espacio irregular

La preocupación de la comunidad escolar detonó la noche del 13 de abril de 2026, cuando un grupo de padres de familia ingresó al inmueble tras escuchar testimonios de los estudiantes. En el sitio, descubrieron un «cuarto oscuro» conectado directamente con el salón de música de la escuela. Este espacio estaba equipado con una cama y tenía acceso directo a una vivienda particular donde residen familiares de la directora del colegio.

De acuerdo con los testimonios y las pruebas documentadas en video por los tutores, en dicha habitación se aplicaban castigos físicos a los alumnos bajo el argumento de corregir un «mal comportamiento». Asimismo, se detectó que hombres ajenos a la institución educativa ingresaban de manera constante a este espacio privado conectado con el área escolar.

Ante el hallazgo, los padres de familia realizaron manifestaciones a las afueras del plantel para exigir justicia y la intervención de las autoridades educativas. En respuesta a la presión social, la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla suspendió las clases presenciales de manera temporal. Al mismo tiempo, la dependencia inició una revisión administrativa para evaluar el estatus legal y operativo del colegio particular.

Postura de la defensoría y riesgos sistémicos

La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) señaló que lo ocurrido en el Colegio Carrusel Magone no es un hecho aislado en el sistema educativo. La organización enfatizó que el caso reitera una serie de omisiones por parte de la SEP en la detección oportuna de condiciones físicas que ponen en riesgo a los menores dentro de las escuelas.

La defensoría recordó que en el año 2021 ya se había documentado el uso de infraestructura educativa —como casas habitación, bodegas o salones sin visibilidad— para violentar a estudiantes de preescolar. Estos espacios son considerados zonas de riesgo inminente que exponen a la niñez a diversas formas de agresión, incluida la violencia sexual.

Según el análisis de la ODI, el caso confirma la falta de supervisión efectiva por parte de las autoridades competentes. La organización subrayó que el personal directivo tiene la obligación legal de realizar observaciones activas para identificar factores de riesgo y establecer medidas de seguridad claras dentro de los Consejos Técnicos Escolares.

Obligaciones institucionales y deudas con las víctimas

A nivel federal, la SEP tiene el mandato de garantizar que todos los planteles del país sean entornos seguros y libres de agresiones. Esta responsabilidad incluye la aplicación de políticas rigurosas en la contratación del personal y la vigilancia constante de las instalaciones. Sin embargo, la defensoría señala que estas obligaciones han sido señaladas previamente en sentencias judiciales que aún no se cumplen plenamente.

En el año 2022, los Juzgados Décimo y Decimotercero de Distrito en Materia Penal emitieron fallos que exigen a la SEP mejorar sus mecanismos de prevención. Además, la institución tiene pendiente una disculpa pública para víctimas de casos similares ocurridos en 2011, la cual funciona como una medida de no repetición para movilizar recursos en favor de la seguridad escolar.

Un antecedente relevante es el compromiso asumido por el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, el 28 de agosto de 2025. En esa fecha, durante una disculpa pública por el caso del Jardín de Niños «Marcelino de Champagnat», el funcionario prometió la detección y remoción de casas habitación ubicadas dentro de escuelas y la separación obligatoria de baños para adultos/docentes y alumnos.

Llamado a la justicia y protección infantil

La ODI instó a las autoridades federales y estatales a realizar recorridos de seguridad exhaustivos en todos los planteles para conocer su situación física real. Esta medida busca avanzar en el cumplimiento de las normas generales y estatales para la prevención de la violencia sexual en entornos educativos.

Para las autoridades de Puebla, la exigencia se centra en que la investigación del Colegio Carrusel Magone cumpla con los estándares internacionales de protección a la infancia. Se busca que el proceso se realice bajo el principio del interés superior de la niñez, priorizando en todo momento la integridad de los menores y el acceso efectivo a la justicia.

Finalmente, la fiscalía poblana aseguró que las diligencias continúan activas para esclarecer la verdad de los hechos y fincar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, la institución educativa involucrada no ha emitido una postura oficial frente a las acusaciones de abuso y la localización del cuarto de castigos en sus instalaciones.