Campesinos de el Ejido el Bajío, en Sonora, se trasladaron a Palacio Nacional para exigir al presidente el cumplimiento de 67 sentencias que el Tribunal Unitario Agrario contra la minera Penmont de Alberto Baillères

Texto: Kau Sirenio

Fotos: Alexis Rojas

CIUDAD DE MÉXICO.- Cincuenta horas después de que salieron del corazón del desierto de Sonora para reclamar justicia, los ejidatarios arribaron al zócalo de la Ciudad de México. Ahí, abrigados de gruesas chamarras los campesinos caminaron frente a Palacio Nacional con consignas en enormes pancartas: “La mina es muerte. El desierto es vida. ¡No a la mina!”.

Los pobladores del ejido El Bajío, municipio de Puerto Peñasco, tomaron el pulmón del poder político mexicano para exigir que se ejecuten las 67 sentencias que el Tribunal Unitario Agrario (TUA), número 28 con sede en Hermosillo, Sonora, emitió en noviembre de 2014. 

La jornada de lucha inició el viernes en Mexicali, Baja California, cuando decenas de ejidatarios abordaron el autobús que los trajo a la Ciudad de México. En Culiacán, Sinaloa, otros campesinos se sumaron a la caravana para protestar frente a Palacio Nacional.

Después de la protesta en el zócalo capitalino, los manifestantes se trasladaron al Tribunal Superior Agrario (TSA), el punto final fue en el Senado de la República.

El excomisario ejidal de El Bajío, Jesús Javier Thomas González, explicó las causas que llevaron a los ejidatarios a recorrer seis estados de la República para recordarle al presidente Andrés Manuel López Obrador que no ha cumplido con su palabra empeñada hace dos años, cuando dijo que se ejecutaría sentencia que los campesinos consiguieron en el tribunal agrario. 

“Hay una sentencia que el TUA declaró procedente la acción y/o pretensión del núcleo de población ejidal El Bajío, que consiste el restablecimiento de las tierras de uso común propiedad del ejido por lo que se condenó a la minera Penmont regresar al lugar todo el oro y demás minerales que extrajo o en su caso, entregarlos al ejido por ser el propietario de las tierras”, dijo Thomas González.

Durante la protesta que los campesinos realizaron frente al Palacio Nacional, demandaron el respeto a los derechos humanos y castigo a los autores intelectuales y materiales por el asesinato de sus compañeros que se opusieron a la minera Penmont de Alberto Baillères. 

Desde que los ejidatarios de El Bajío obtuvieron una sentencia favorable a su causa en noviembre de 2014, les asesinaron a tres compañeros: Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega y les desaparecieron a Noemí Elizabeth López Gutiérrez. También, enfrentaron la detención arbitraria de 12 campesinos por órdenes de la familia de la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano. 

Jesús Javier Thomas Gonzales recordó en entrevista que han pasado ocho años sin que el Tribunal Agrario ejecute las 67 sentencias.

«La empresa -Minera Penmont- demandada en este juicio está obligada a indemnizar al ejidatario y ejido de todo el valor legítimo de las tierras, por  supuesto que no estará exenta de entregar al ejido y al ejidatario lo que la empresa haya obtenido o extraído de las mismas, incluyendo la producción mineral, como todo el oro y demás minerales».

Acusó a la minera Penmont de haber realizado exploraciones y explotación minera de forma ilegal, durante los años noventa. Sin embargo, la lucha jurídica inició en 2009, cuatro años después interpusieron una serie de juicios agrarios en contra de la minera y en julio de ese año se emitieron 44 sentencias favorables al ejido. 

En el juicio agrario, el magistrado Manuel Loya Valverde concluyó que la minera debe desalojar el territorio, regresar las tierras al estado previo a la explotación minera e indemnizar a los ejidatarios por el pago de rentas de las tierras. Sin embargo, el Senado de la República no ratificó al juez que emitió las 67 sentencias conforme a derecho de los ejidatarios.

El excomisario ejidal Jesús Javier Thomas González cita: «La sentencia establece que le asiste la razón a la parte actora, al solicitar que la restitución de la tierra debe ser integral, incluyendo la devolución de lo que la empresa demandada haya obtenido o extraído de la misma, incluyendo la producción mineral, como todo el oro y demás minerales». 

Agrega: “En congruencia con lo sentenciado y en estricta observancia de lo que manda el artículo 191 de la Ley Agraria, el día 5 de enero en curso se le solicitó al TUA que dictara todas las medidas que sean necesarias para ejecutar y dar cabal cumplimiento a la sentencia. En particular, la condena decretada en contra de la minera y a favor del núcleo de población ejidal El Bajío, que consiste en el restablecimiento de las tierras de uso común al estado anterior que tenían antes de que las ocupara la minera”. 

Desde que la minera Penmont de Alberto Baillères perdió en los juicios agrarios en 2014, los ejidatarios han sobrevivido en el desierto de Sonora, a pesar de la persecución política de Rafael Pavlovich, tío de la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano. 

En julio del año pasado se estrenó el documental Tolvanera que relata la resistencia de los ejidatarios, así como la agresión que sufrieron los reporteros que entraron al ejido El Bajío a documentar la lucha de los campesinos en el desierto. Ante la falta de acceso a la justicia y reparación del daño, los campesinos trasladaron su protesta a la Ciudad de México.