El coronavirus que ha provocado casi 60 mil muertes en México se ceba en las poblaciones más vulnerables: ahora, provoca bajas en el plantón que familiares de jóvenes asesinadas y activistas tienen frente al Palacio Nacional desde hace más de un mes

Texto y fotos: María Ruiz

Llevan más de un mes viviendo en el Zócalo, en espera de una respuesta del Estado mexicano. Su petición parece sencilla: que se haga justicia en los asesinatos de sus hijas. Ahora, enfrentan un nuevo problema: la pandemia de covid-19, que en México ha cobrado 60 mil vidas.

Primero fue Malú Andrade, hermana de Lilia Alejandra García Andrade, víctima de feminicidio en Ciudad Juárez, quien esta semana fue internada por covid-19 en el hospital Belisario Domínguez de la Ciudad de México y se encuentra grave.

Luego, Lidia Florencio, madre de Diana Velázquez Florencio, víctima de feminicidio en Chimalhuacán, quien decidió retirarse del plantón para cuidar de su salud.

Ambas habían permanecido en el plantón por más de un mes. Lograron que la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía del Estado de México les dieran avances de la investigación del feminicidio de Diana Velázquez. Pero el resto de las demandas siguen pendientes, incluyendo la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado publicado el lunes en la página de Facebook «Plantón familias de feminicidio» activistas avisaron que Malú Andrade se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y que, a petición de ella, permanecerán en el plantón.

«Activistas, individualidades y colectivas que acuerpamos el plantón resistiremos en el plantón de familias de Feminicidio como parte de una de las peticiones hechas por la compañera Malú sin olvidar que también  forma parte de nuestra responsabilidad moral y congruencia política continuar hasta que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador se siente y firme acuerdos y solución a  demandas por escrito con las familias víctimas de Feminicidio»

Por otro lado, Lidia Florencio, la madre de Diana, decidió retirarse este miércoles para cuidar su salud y poder seguir exigiendo justicia por su hija. Ella escribió, en un segundo comunicado:

«Con lo último que ha pasado vemos que nos estamos poniendo en riesgo. La lucha es digna pero tenemos que actuar con prudencia. Esperamos con ansia que fuéramos atendidas por el Gobierno Federal. Nunca sucedió. Vemos con indignación que para ellos la violencia feminicida no es prioridad. Y una madre se puede desgastar día a día  sin que al gobierno le interese, hoy damos por concluida una acción, para poder seguir avanzando en lo que nos trajo hasta aquí que es la justicia y verdad por nuestras hijas asesinadas por razones de género».

Los motivos del platón

El pasado 6 de julio, familiares de jóvenes asesinadas y activistas en contra de la violencia de género, instalaron un plantón frente al Palacio Nacional en demanda de una audiencia con el presidente. Fueron recibidos por la responsable de la Oficina de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez.

Desde entonces hasta este jueves, se reunieron una vez con la secretaria Olga Sánchez Cordero y otra con la Fiscal de Feminicidios del Estado de México, Irma Millán, en el estado de Toluca. 

Las familias pedían seguimiento a la investigación del feminicidio de Diana Velázquez Florencio, ocurrido en Chimalhuacán, Estado de México, y una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para firmar una propuesta de tres puntos:

-Una ley para  proteger a los huérfanos por feminicidio

-Otra para que todas las muertes violentas de mujeres sean homologadas como feminicidio de oficio, no como homicidios, y así evitar se invisibilice la violencia hacia las mujeres

-Que en caso de que chicos de más de 15 años cometan delitos graves, como feminicidio, sean juzgados como adultos (esta es una petición controvertida y no consensuada con otros grupos de víctimas o de defensa de derechos humanos, porque contraviene la legislación y los estándares internacionales sobre infancia y adolescencia).