Es indispensable reconstruir la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión desde sus cimientos. Y las fiscalías en general. Sin recursos suficientes, personal capacitado y ajeno a la corrupción, y mandos verdaderamente comprometidos con la libertad de expresión, en México matar periodistas seguirá saliendo gratis

Por Témoris Grecko

En México, matar periodistas no cuesta más que unos litros de gasolina, un paquete de balas y unos pesos para el refresco. No hay que pagar condenas de cárcel. Ni siquiera una sanción social, el señalamiento y el estigma, porque los autores intelectuales no son por lo menos investigados y expuestos ante el público. Llevamos años señalando los yerros del Mecanismo de Protección, las insuficiencias de las comisiones de Víctimas, los tropiezos de las de Derechos Humanos… pero el fondo de esta crisis estructural es una impunidad prácticamente completa.

Es decir, el fondo está en las fiscalías. Con atención específica en la de orden federal, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

El Informe Estadístico 2021 de esta dependencia confiesa un fracaso casi total: de mil 469 indagatorias por crímenes contra periodistas, no ha obtenido más que 28 sentencias y 30 acuerdos reparatorios. Es decir, ha llegado a algún resultado al menos parcialmente satisfactorio en un 4 por ciento de los asuntos que ha tomado.

Que ha querido tomar, hay que añadir. Porque la FEADLE suele poner muchos más “peros” que “admitidos” ante los casos que le presentan. 

De 93 homicidios que la organización de defensa de la libertad de expresión Article 19 verificó como relacionados con el ejercicio periodístico, cometidos entre el año de creación de la FEADLE, en 2010, y el año del informe referido, 2021, la Fiscalía sólo aceptó 27, menos de la tercera parte. De los 25 crímenes fatales de la primera mitad de este sexenio (2019-21), sólo atrajo seis, menos de la cuarta parte.

Al cerrar diciembre de 2021, tras 12 años de labores, la FEADLE reportó haber obtenido escasamente seis condenas por homicidio.

Ninguna de ellas contra autores intelectuales.

Fiscalía de la simulación

Creada hacia el final del gobierno de Felipe Calderón, como respuesta a una crisis iniciada en el último año del de Vicente Fox, con picos de 10 periodistas asesinados anualmente en 2006, 2008 y 2010, el propósito de la FEADLE era generar la percepción de que las autoridades se tomaban en serio el problema.

Pero para la piel delgada del gobierno de Enrique Peña Nieto sólo lo hizo más visible, al dar a conocer, ahora con cifras oficiales, la enorme cantidad de crímenes cometidos contra la libertad de expresión, antes diluidos en la marea de delitos comunes.

El 1 de agosto de 2015, fue nombrado un nuevo titular, Ricardo Nájera, un abogado sin experiencia relatable en asuntos penales y que hizo carrera en direcciones de comunicación social. Su misión fue sofocar la expresión estadística de la violencia contra periodistas, evadiendo la toma de casos por la FEADLE.

Su gestión de bloqueo fue tan escandalosa que no duró ni dos años: el 10 de mayo de 2017, seis semanas después del asesinato de Miroslava Breach y cinco días antes del de Javier Valdez, y en el primer año -desde que hay registros- en que se alcanzó la cifra de 12 periodistas ultimados, fue relevado por Ricardo Sánchez Pérez, quien tampoco pudo precisar en su currículum oficial cuáles son las graves violaciones a derechos humanos que dice haber investigado y perseguido.

Tras la muerte trágica de Valdez, Peña Nieto se comprometió a ahora sí enfrentar la crisis (se atrevió a adueñarse ante la prensa del lema “No se mata la verdad matando periodistas”) y el flamante fiscal Sánchez Pérez debía ser su alfil ejecutor.

Paciencia y corrupción

Pero no lo fue. O no para materializar las declaraciones públicas de Peña Nieto, sino para seguir utilizando a la FEADLE como escudo deflector de su administración en este flanco.

En el colectivo al que pertenezco, Ojos de Perro vs la Impunidad, llevamos ocho años siguiendo casos de periodistas agredidos y de familiares de periodistas asesinados (ver los documentales No se mata la verdad y Dos relámpagos al alba, y el libro No se mata la verdad). El trato que les ha dado la FEADLE ha sido tortuoso y revictimizante.

En una encuesta levantada por Artículo 19 en 2021, entre 35 periodistas que presentaron denuncias ante la FEADLE, un 37.5 por ciento dijo haber tenido una experiencia mala o pésima, un 25 por ciento la calificó de regular y sólo el 12.5 por ciento le dio el aprobado (otro 25 por ciento optó por “no aplica”).

El 24 de septiembre de 2021, acompañamos a la esposa y la hija del periodista Francisco Pacheco (asesinado en Taxco, Guerrero, el 25 de abril de 2016), Verónica Romero y Priscilla, a la cita con el nuevo agente encargado de resolver el crimen. Aunque por meses habíamos estado solicitando una entrevista con Sánchez Pérez, nunca la negaron ni la concedieron. Tampoco nos permitieron entrar con ellas al edificio de la Fiscalía General de la República, en la glorieta del Metro Insurgentes, en Ciudad de México.

A lo largo de más de cinco años y medio, ya tres agentes habían manoseado el asesinato de Pacheco sin obtener avances significativos. No habían realizado la reconstrucción de los hechos, ni el análisis de contexto, ni siquiera entrevistado a alguno de los posibles sospechosos. En el lapso en que los funcionarios ignoraban el caso, sin embargo, la familia Pacheco Romero había sido amenazada y forzada a abandonar Taxco, buscado refugio en otra ciudad y sido objeto de nuevos actos de intimidación. 

Hacen falta muchas más líneas y párrafos para narrar su dolorosa travesía (lo contamos aquí). Pero baste decir que lo normal es que las agresiones y el terror que les provocan los asesinos, el desgaste de las penurias económicas y el abandono del Estado, y la negligencia cómplice de las fiscalías -la burocrática tortura de no dar más que mentiras y decepciones- suelen erosionar la resistencia de las familias hasta obligarlas a rendirse.

El cuarto agente encargado por FEADLE encontró a las Pacheco Romero en rebelde dignidad, exigiendo resultados. En lugar de una reunión mensual, les pidió darle tres meses para poder asegurarles avances.

Le concedieron ese tiempo. Y ese día de 2021, cuando volvieron a reunirse con él, las esperamos durante una hora. Salieron con ojos acuosos, indignadas. “Esto… son discursos baratos. No hay un avance en tres meses, no pudieron hacer nada”, nos dijo Priscilla. “Quieren que confíe, que tenga fe, que tenga paciencia… ¡Ya tuve paciencia durante cinco años! Me dicen: ‘Es un caso complicado, hay crímenes perfectos’. No, lo que hay aquí es corrupción”.

Justicia en ruinas

Casi nada ha cambiado un año y un trimestre después, al cerrar 2022. Priscilla Pacheco nos informa que el cuarto agente apenas ha hecho un poco más que los tres primeros. Y mal. El expediente del caso, al que la familia tuvo acceso sólo después de interponer y ganar un amparo, engorda tomo tras tomo con fotocopias de oficios solicitados a otras dependencias, sin mayor contenido. En abril se cumplirán siete años del asesinato de su padre, sin que ni siquiera hayan interrogado a los posibles sospechosos.

En general, en la FEADLE y en las fiscalías estatales, la actitud primaria, casi instintiva, es evadir la línea de investigación relacionada con la actividad periodística, que por protocolo es obligatorio asumir en agresiones contra periodistas. 

En el caso del asesinato de Regina Martínez, en 2012, la fiscalía de Veracruz hizo lo posible por inventarle una vida escandalosa de vicios y amoríos. En el de Moisés Sánchez, en 2015, el entonces gobernador Javier Duarte descartó su extenso trabajo periodístico al decir que era taxista. En el de Francisco Pacheco, los investigadores se enfocaron en buscarle un enredo pasional, a pesar de los antecedentes de agresiones de políticos locales molestos con sus críticas e investigaciones.

Una investigación de Artículo 19, incluida en su Informe Anual 2021 “Negación”, reveló que en las fiscalías estatales se desconoce, se ignora o se aplica de manera inconsistente el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que a pesar de haber sido aprobado por la Conferencia Nacional de Procuradores y Fiscales en 2018, “es letra muerta para la gran mayoría de las instituciones locales de procuración de justicia”.

El estado general de la persecución de delitos contra periodistas es ruinoso. Ante la incompetencia y, sobre todo, la amenaza que representan las fiscalías estatales para la seguridad de los periodistas, porque es común que sus agresores adquieran influencia en ellas o tengan incluso el control de las mismas, la FEADLE fue creada para atraer estos casos al ámbito federal y poner a los reporteros en manos de personal especializado que comprenda su problemática y asegure su acceso a la justicia. 

Pero ya se ve que el papel de FEADLE es hacerles la vida imposible a ellos y a las familias que sufren las consecuencias de los asesinatos, erosionar su voluntad hasta forzarlas a rendir su derecho a la justicia.

Reconstruir la FEADLE

“Cuando uno mira los poderes que está tocando el periodismo, mucho de ello tiene que ver con servidores públicos o con el crimen organizado o con otros poderes fácticos que son los que siguen mandando en las fiscalías o en el Poder Judicial”, nos dijo Ana Lorena Delgadillo, una reconocida abogada que dirige la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. “Cuando realmente se ponen a prueba las fiscalías es cuando tienen que investigar al propio Estado, cuando tienen que investigar a agentes del Estado, ahí es cuando se topan con pared”.

Esta experta añade que las fiscalías “están construidas como una gran maquinaria de impunidad”. Los fiscales abordan los casos criminales como si existieran aislados unos de otros, en lugar de verlos bajo una mirada de contexto. “Esto es a propósito”, explica la abogada, con “la intención de ahogar a los agentes del Ministerio Público con una cantidad tremenda de casos, sin apoyo para que puedan investigar”.

Al sacar los casos de contexto, están “protegiendo a esos poderes reales y fácticos; vistos en contexto, los casos te pueden llevar a quiénes son los autores intelectuales de esto, a estos poderes que están influyendo en la justicia: hay una intención de impunidad”.

Esta FEADLE del fracaso y la simulación es una herencia de gobiernos anteriores que el actual no ha enfrentado. Ni siquiera es tema de discusión pública. El cambio de nombre y rostro de Procuraduría a Fiscalía General de la República no significó mejora alguna en el desempeño de la fiscalía especializada. Su titular es el mismo que dejó Peña Nieto.

Además, sus recursos, siempre insuficientes, en lugar de crecer para cubrir la inflación, han caído, de 38 millones de pesos en 2016 a menos de 15 millones en 2022. No es prioridad.

No se mata la verdad matando periodistas. Pero si la verdad pervive y debe pervivir, a los periodistas nos matan más que nunca: si en estos días no nos arrebatan a un colega más, el 31 de diciembre del año 2022 México habrá repetido el máximo histórico de 12 asesinados de 2017.

Y según el barómetro de Reporteros Sin Fronteras, nuestra nación lleva cuatro años consecutivos llevándose la copa mundial de los países donde más periodistas asesinan anualmente, esta vez por encima de la nueva competidora Ucrania, y siempre superando a estados en colapso y enemigos abiertos de la libertad de expresión como Siria, Irak y Afganistán.

La protección a periodistas en riesgo es indispensable, así como la atención a víctimas. Pero no deberían hacer falta. Si las necesitamos es porque la procuración de justicia es negligente, falsificadora y cómplice, y por lo tanto el efecto de disuasión es inexistente. Los potenciales agresores de periodistas saben que tienen casi 100 por ciento de posibilidades de salirse con la suya. El problema de fondo es la impunidad.

Es indispensable reconstruir la FEADLE desde sus cimientos. Y las fiscalías en general. En tanto que no dispongan de recursos suficientes, personal capacitado y ajeno a la corrupción, y mandos verdaderamente comprometidos con la libertad de expresión, en México matar periodistas seguirá saliendo gratis.

O casi gratis: lo que cuestan la gasolina, las balas y el refresco.