En el Congreso avanzan dos proyectos que buscan detener a apropiación de los elementos culturales de los pueblos originarios de México, impulsados principalmente por la senadora Susana Harp. Las propuestas, sin embargo, han sido cuestionadas por integrantes de algunas comunidades que piden que se les consulte
Texto: Ana Cristina Ramos
Foto: Especial/ Senado de la República
“Estamos hablando de una ley completamente nueva, que va a tener dientes”, dice Susana Harp en entrevista, “para salvaguardar los elementos de las comunidades indígenas como la poesía, su música, la danza, sus textiles, la cocina y todos estos elementos que conforman parte de su cultura de la apropiación cultural”.
Susana Harp se refiere a la iniciativa de la «Ley general de salvaguardia de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indigenas, afromexicanas y equiparables», que la legisladora impulsa y que tomó relevancia a partir de la polémica con la diseñadora Carolina Herrera por apropiarse de elementos culturales de pueblos originarios de México en su reciente colección.
De forma paralela, se busca la derogación del artículo 159 de la Ley de derechos de autor, que permite la libre utilización obras de arte popular o artesanal.
La propuesta de ley, explica Harp, busca que los custodios originales de este conocimiento, que son las comunidades, tengan el derecho a decidir si las obras de arte popular y artesanal que ellos utilizan en su cultura se reproducen y quién los reproduce.
Quienes quieran hacer uso comercial o industrial de las manifestaciones culturales deberán obtener una licencia expedida con el consentimiento previo del pueblo o la comunidad titular, celebrar un contrato de licencia de uso que incluya los términos de la remuneración o el esquema de distribución de beneficios.
La ley busca proteger los derechos colectivos de los pueblos a partir de realizar listas con los elementos culturales de cada comunidad que sean resguardados por los municipios y por los estados.
El plan es que estos derechos, a diferencia de aquellos que se registran frente al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, no tengan 50 o 20 años de reconocimiento y después prescriban: “porque esto sólo generaría un ambiente de competencia entre las comunidades , ya que los estilos entre pueblos son muy similares; algunos tienen los colores más claros, otros incluyen bordados con flores; por lo que la idea es protegerlos con un derecho que no caduque».
“Hasta ahora ninguno de estos diseñadores se ha acercado a las comunidades con respeto; ellos simplemente compran un huipil, una blusa, un textil; lo plagian y lucran con el diseño”, expone Harp.
“Deberían de acercarse con la asamblea para pedir permiso y ver qué es lo que quiere la comunidad. En muchos de los casos puede que ni siquiera pida una recompensa monetaria”.
Uno de los casos de los que habla la senadora es el de la comunidad Mixe –al sur de Oaxaca– cuando sus prendas fueron plagiadas por la diseñadora francesa Isabel Marant.
“Lo que pedía la comunidad es que se reconociera la cosmovisión que ellos implementan en sus textiles y que tan claramente se pierde en la colección porque nunca hubo un intercambio de ideas».
La polémica creció luego de que la secretaria de Cultura mexicana, Alejandra Frausto, envió una carta a la casa de modas Carolina Herrera por la colección Resort 2020, para solicitar una explicación sobre el uso los elementos culturales de los pueblos originarios de México y saber cómo benefician a las comunidades.
Los bordados pertenecen a la comunidad otomí en Tenango de Doria, Hidalgo, otros son típicos del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y una camisa a rayas toma el estilo del sarape de Saltillo.
El director creativo de la marca, Wes Gordon, expresó que se trataba del amor de la firma por el país mexicano.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas calificó como un pretexto la postura sobre Carolina Herrera, respecto a que la colección se trata de un homenaje a la cultura mexicana.
Además, indicó que se examinarán las posibilidades para imponer acciones legales en contra de la compañía de modas, con el fin de proteger los “derechos e intereses de las comunidad afectadas”.
Las iniciativas legislativas, sin embargo, no ha sido aceptada en su conjunto por integrantes los pueblos originarios, que piden, precisamente, que se les consulte a las comunidades antes de decidir.
La lingüista y activista de la comunidad mixe de Ayutla Yásyana Elena Aguilar llamó a consultar a los pueblos originarios antes de aprobar los cambios legislativos impulsados por Harp.
«Senadora @SusanaHarp, su iniciativa de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor sí vulnera derecho de los pueblos indígenas a la consulta. Consulte a las comunidades y pueblos indígenas según parámetros establecidos en el Convenio 169 de la OIT. #ConsulteSenadora», escribió a través de Twitter.
«Senadora @SusanaHarp, es muy importante que las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor que usted propone SEAN CONSULTADAS a las comunidades y pueblos indígenas a quienes afecta. Se ha luchado mucho para que se nos consulte. Consulte, senadora».
De acuerdo con El Heleraldo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas advirtió sobre la violación de los derechos de las comunidades en que incurriría la propuesta impulsada por la coordinadora de la Comisión de Cultura en el Senado.
“Ni la Secretaría ni el INPI o institución alguna del Estado pueden otorgar el consentimiento ni la autorización sobre el uso solicitado por un tercero ajeno al pueblo o comunidad que tiene el derecho de propiedad intelectual sobre el conocimiento tradicional”, señaló Hugo Aguilar Ortiz, en un oficio, indica ese medio.
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