Con el argumento de escuchar a la población, Andrés Manuel López Obrador ha ordenado tres consultas ciudadanas. La Relatora para Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, urgió al gobierno de México a garantizar el derecho de los pueblos afectados a la consulta y cumplir con los estándares internacionales

Texto y fotos: Daliri Oropeza

La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, emitió una nota técnica para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador donde le urgió a adoptar medidas para garantizar los derechos de consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas ante los proyectos de inversión y las consultas realizadas bajo su mandato y periodo de transición.

La nota de la relatora, fechada el 5 de marzo, remarca la importancia de los derechos de consulta y consentimiento libre que debe considerar su gobierno sobre los pueblos afectados por proyectos de desarrollo al haber ratificado el Convenio 169 de la OIT.

“Falta claridad sobre cómo las consultas previstas tendrán en cuenta las obligaciones del Estado mexicano de implementar procesos específicos de consulta previa con los pueblos indígenas potencialmente afectados con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”, escribe Tauli-Corpuz, quien realizó una visita académica a México la semana pasada.

Advierte en la nota que “los procesos de consulta ciudadana diseñados para la población nacional en general no garantizan las salvaguardas de los derechos de los pueblos indígenas consagradas en los estándares internacionales”.

El artículo 1 de la Constitución mexicana establece que las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por México son directamente aplicables en cualquier nivel de gobierno, incluido el federal.

México ratificó el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo en septiembre de 1990. Este año cumple 30 años que se firmó en Ginebra dicho Convenio y hasta 2016 ha sido ratificado por 22 países.

“Consultar al pueblo” fue parte del discurso de Andrés Manuel López Obrador desde su campaña electoral. Tras ganar la elección, durante el periodo de transición, realizó la primera consulta nacional en octubre: “Sí” o “No” a la construcción del Nuevo Aeropuerto de Internacional de México en ejidos de Atenco en Texcoco.

Aunque el discurso de López Obrador permitía deducir que él se inclinaba por el “No” al proyecto emblema de Enrique Peña Nieto, los pueblos de la orilla del Lago de Texcoco y afectados por la desecación que estaba provocando su construcción, se pronunciaron en contra de la consulta, pues eso debió ser antes de siquiera hacer los planos, reclamaron en diversas ocasiones.

“No queremos su consulta”, gritaron consignas cuando el gabinete entrante visitó los municipios afectados por minería de tezontle y asbesto que devastó cerros, pues requerían rellenar el último vaso del lago de Texcoco para construir las siete pistas del aeropuerto.

Aunque la decisión de la consulta favoreció de cierta manera con frenar la devastación del megaproyecto, los habitantes nunca estuvieron a favor de su realización y la cuestionaron.

También antes de tomar posesión del cargo en la Presidencia, en noviembre, el equipo de transición realizó una segunda consulta a petición de AMLO, ahora sobre 3 proyectos: Tren Maya, Tren transístmico y Refinería Dos Bocas; además: 7 programas sociales de Bienestar: jóvenes, empleos, discapacidad, adultos mayores, atención médica, internet y siembra de árboles, a los cuales denominó “10 proyectos prioritarios”.

La tercera, ya como presidente: López Obrador anunció la consulta sobre la operación de la Termoeléctrica en Huexca, Morelos con solo dos semanas de anticipación. La pronta aplicación agitó a las personas afectadas de comunidades y pueblos indígenas organizados en la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, esto después de un evento del gobierno para a anunciar la conmemoración oficial del centenario luctuoso Emiliano Zapata, jefe del Ejército Libertador del Sur.

En referencia a la protesta contra la termoeléctrica, la nota de la relatora detalla que «sucesos recientes en México, en que los pueblos indígenas han expresado su oposición a megaproyectos que no fueron consultados previamente y han sido víctimas de campañas de desprestigio, criminalización y asesinatos revelan la gravedad y urgencia de la situación».

“Su consulta es ilegal y está amañada”, dijo en conferencia de prensa uno de los representantes de la APPM un día después de la realización del “ejercicio participativo” organizado por la Secretaría de Gobernación.

En el marco de la consulta gubernamental, dos pueblos realizaron dos asambleas comunitarias por usos y costumbres: Huexca y en Hueyapan. Ambas postularon la decisión: “No” a la termoeléctrica y el Proyecto Integral Morelos. “Hasta en su consulta ganó el no en todos los pueblos afectados directamente por el PIM”, dijo Teresa Castellanos, de Huexca, al mostrar el conteo de resultados.

Sus consultas son ocurrencias, afirma categóricamente Carlos González, abogado agrario participante en el Congreso Nacional Indígena.

De acuerdo con el abogado, hay muchos brincos a las leyes, empezando por el artículo 35 constitucional que habla de las consultas, e incluyendo el Convenio 169 de la OIT. El abogado Carlos González describe que la consultas han sido “a modo”. Explica que la omisión del artículo 35 de la constitución que dicta en el apartado VIII las características de una consulta popular sobre temas de trascendencia nacional, recae en que deben ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente o los ciudadanos, en las cuales “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución”. Por ello las consultas aplicadas carecen de legitimidad y no resultan vinculantes.

El presidente no ha cumplido con ninguna legislación o tratado internacional, por lo tanto es más acertado llamarle encuesta, menciona el abogado González, pues faltaron requisitos para que las consulta sean “de buena fe y de forma apropiada a las circunstancias, con el objetivo de conseguir acuerdo o consenso a las medidas propuestas”.

Para el abogado Francisco López Bárcenas, falta voluntad política para hacer valer el derecho de consulta, por lo cual es importante “ver si [el gobierno] está dispuesto a cumplir con lo que le recomienda la Relatora”, pues se corre el riesgo de aplastar otros derechos de los pueblos y legitimar la invasión a través del mal ejercicio del derecho a la consulta.

“Las consultas han sido una simulación, pero podría ser que, si quisieran [desde el gobierno de AMLO] podría haber un cambio se rumbo de las políticas en la materia”, al considerar y poner en práctica los estándares internacionales, pues considera que no todos los pueblos se oponen a los megaproyectos si se puede llegar a un acuerdo.

La Relatora de la ONU advierte en la nota técnica que tiene registro de los casos donde el incumplimiento de las obligaciones del Estado deviene en conflictos y enfrentamientos “que han conducido, en numerosas ocasiones, a violaciones adicionales de los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluidas amenazas, violencia y criminalización”.

Por ello, hace preguntas al gobierno de López Obrador, sobre las consultas ya realizadas y las que anunció que están por venir: ¿qué medidas adoptará su Gobierno para asegurar que los pueblos indígenas potencialmente afectados sean consultados previamente a la adopción de la medida o proyecto con el fin de obtener su consentimiento, libre? Si en las consultas ya realizadas, ¿las ha llevado a cabo con las obligaciones internacionales de derechos humanos de México?

Aquí puedes consultar el Convenio 169 de la OIT que México ratificó.

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