El 1 de agosto es el día de la Consulta Popular para abrir la puerta a un eventual juicio a los expresidentes. El ejercicio ya implica una ganancia: ratificar el sitio que corresponde a esos personajes: la ignominia

Twitter: @anajarnajar

Es una obsesión en prácticamente todos los presidentes y primeros ministros del mundo: que su mandato, sin importar su duración, pase honrosamente a la historia.

Para conseguirlo son capaces de todo. Algunos recurren a la oratoria desmedida, discursos grandilocuentes llenos de emociones.

Otros emprenden costosas acciones que sólo buscan popularidad, y muy pocos toman la decisión de corregir errores del pasado o atender los problemas más sensibles de su país.

Los presidentes mexicanos no escapan a esa tradición, e inclusive se puede decir que, en algunos casos, son ejemplares aventajados.

Un ejemplo clásico es Luis Echeverría Álvarez quien, a mitad de la Guerra Fría, con el planeta dividido en dos grandes bloques -el pro Estados Unidos y otro encabezado por la URSS- pretendió convertirse en el líder de una inexistente alternativa.

Fue el llamado bloque de los Países No Alineados que fue muy difundido y comentado… sólo en la prensa mexicana porque fuera del territorio nacional muy pocos sabían de esto.

Otro lamentable caso es el del impresentable sujeto apellidado Calderón Hinojosa, quien fue convencido de que su guerra contra el narcotráfico era una valiente cruzada.

El responsable de animarlo fue el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el mismo acusado de fomentar violencia y de boicotear las negociaciones para pacificar a su país.

Tras la asesoría de Uribe el ilegítimo mandatario mexicano se convenció de que era un estadista, valeroso e incomprendido como, eso cree, fue Winston Churchill.

Más allá de su delirium, la obsesión de este sujeto evidencia lo importante que es para los ocupantes de la presidencia de México su lugar en la historia.

Y es precisamente uno de los temas que también se evalúan el próximo 1 de agosto.

La Consulta Popular para abrir la posibilidad de un juicio a expresidentes ha sido severamente cuestionada, inclusive con argumentos absurdos o francas mentiras.

En la campaña para desanimar a los votantes participan políticos opositores, empresarios, actrices, comediantes, periodistas y algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

La intención es impedir que asista a las urnas el 40% de las personas anotadas en la Lista Nominal de Electores. 

Esta cifra representa unos 37 millones de votantes necesarios para que el resultado de la Consulta sea vinculante.

Los opositores juran que el ejercicio es inútil, costoso y con un resultado predecible. Algunos inclusive, como el consejero del INE Ciro Murayama, aseguran que la Consulta no es para enjuiciar a los expresidentes.

El argumento es que la pregunta no lo dice explícitamente, en un intento por hacer a un lado que el proceso contra los exmandatarios es, de hecho, el origen de la consulta.

El tema fue ampliamente debatido y fue el motor para la organización de miles de ciudadanos que consiguieron más de dos millones de firmas para respaldar su petición ante la SCJN.

En fin. Cada quién sus ridículos. Más allá de la cantidad de personas que acudan a las urnas este domingo, lo importante es el significado de fondo de la Consulta.

Es complicado entablar un proceso judicial con delitos específicos contra los expresidentes, al menos no por los que mediáticamente han sido señalados.

Es cierto que existe un amplio consenso sobre la responsabilidad de los personajes en la violencia y desigualdad que padece el país.

Pero también lo es que se trata de una vieja percepción, que recobró aliento tras la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Es el primer mandatario que no pertenece a las élites que han gobernado al país, y por eso la esperanza de que ahora sí se aplique la sanción que merecen sus antecesores.

Legalmente es poco lo que podría hacerse pero queda el juicio popular que este domingo 1 de agosto, puede materializarse.

El repudio a personajes como Salinas, Fox, Calderón o Peña Nieto es conocido. Pero hasta ahora queda sólo en consignas durante protestas, análisis en medios de comunicación o algunas encuestas.

Con la Consulta la inconformidad puede cobrar forma y convertirse en una expresión tangible de los mexicanos.

Por ejemplo, el hecho de que se haya logrado una movilización ciudadana que obligó a la Corte a avalar el proceso es un gran avance.

Lo es porque el ejercicio tiene valor constitucional. Se suma, además, el hecho de que es la primera vez que la herramienta es utilizada por los ciudadanos.

Y lo más importante: más allá del resultado la Consulta es, en los hechos, una especie de juicio a los expresidentes.

La decisión de organizar este ejercicio implica la convicción mayoritaria de que es necesario quitar el manto de impunidad que gozan los exmandatarios.

Es la señal de que el país no olvida y están muy presentes las atrocidades y presuntos delitos que, por lo menos, toleraron y fueron cómplices.

La Consulta evidencia que, contrario a lo que piensan, no hicieron bien su papel ni cumplieron con su obligación de velar por el país.

De otro modo el proceso no existiría. ¿Para qué buscar encarcelar a quien fue responsable y ayudó a México?

Así, este domingo 1 de agosto no decide abrir la puerta a un juicio legal contra los expresidentes.

Cada uno de los votos, en favor o en contra, ratifica la sentencia que era necesario echarles en cara a esos personajes. 

Es recordar que lo más anhelado, su pasión, el orgullo que pasean y presumen en sus festejos, ante sus socios y cómplices, es falso.

No son recordados por sus acciones valientes, heroicas -como en su delirium parece convencido Calderón Hinojosa- o por las decisiones que cambiaron el curso de la Nación.

No. La Consulta pone a los expresidentes en el sitio que les corresponde: el basurero de la historia.