El 1 de agosto en México, la ciudadanía está llamada a participar en la consulta popular para manifestar si estamos de acuerdo o no en que se esclarezcan decisiones políticas del pasado con el objetivo de garantizar justicia y derechos a las víctimas. Para que el resultado sea vinculante deberán votar al menos el 40% de las personas registradas en el padrón

Texto: Adrián Jiménez y Andrés Hirsch Soler / Te: @ReverdeSerC

La pregunta que habrá que responderse este domingo en la consulta popular es la siguiente: 

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?»

Más allá de lo abigarrado de la pregunta, como es costumbre cuando algo se pone a consideración, surgen dudas sobre los alcances y efectos de los posibles escenarios. Con este artículo, desde ReverdeSer Colectivo, nos sumamos a la discusión, ya que, es quizás la primera vez que la verdad y memoria ante dolorosos y diversos crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el país entran en la arena política y no solo en la de la lucha social. 

Aunque ya se han realizado consultas previas para resolver las demandas de la sociedad como la cancelación del aeropuerto de Texcoco en el Estado de México, la termoeléctrica en Huexca, Morelos y la cervecera Constellation Brands en Baja California, ésta es un hecho histórico por dos razones: es la primera vez que este mecanismo de democracia directa se realiza en el país apegado a la Ley Federal de Consulta Popular aprobada recién en 2014; y porque se discute un proceso de justicia transicional. 

Para que fuera convocada, primero, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como más de 2.5 millones de personas tuvieron que solicitar su aprobación al poder legislativo quien lo hizo en ambas Cámaras. Por último, la Suprema Corte de la Nación (SCJN) resolvió sobre la constitucionalidad de la consulta aunque modificó la pregunta original que se reducía a si se debía juzgar o no a los expresidentes por una que abre la puerta a procesos de esclarecimiento de la verdad y justicia. 

La decisión de la SCJN de modificar la pregunta es fundamental ya que en México el campo de la justicia se ha subordinado al del castigo y de la venganza así como al del aclamado populismo punitivo o penal. Al mismo tiempo, persisten dudas sobre la pregunta que organizaciones como Elementa DDHH y Justicia Transicional México han hecho a la SCJN: ¿Qué periodo abarca los “años pasados”? ¿Qué se entiende por “actores políticos del pasado”? ¿Cuáles son los límites de un “proceso de esclarecimiento”? Sin embargo, estas preguntas no han sido resueltas por la Corte.

A estas interrogantes sumamos algunas más: ¿Qué delitos abarca la pregunta? Al menos reconocemos dos, crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción y financieros. Asimismo, es importante reconocer que los crímenes de lesa humanidad no están tipificados en nuestro código penal y que los segundos pueden haber prescrito por el tiempo en que ocurrieron. ¿Todas estas decisiones de Estado deberían ser juzgadas en un mismo tribunal? ¿Cuáles son las “acciones legales pertinentes” en un país en el que se ha perpetuado la impunidad, el olvido y el silencio? Los procesos  que han transitado pueblos hermanos latinoamericanos como Argentina, Colombia, Guatemala, o Uruguay son buenos ejemplos para ello, por razón de espacio revisemos el primero.

Desde Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explican en la página de juicios de lesa humanidad que “la mayoría de los juicios orales por crímenes de lesa humanidad analiza las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por los secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas. En algunos de ellos, además, aparecen otras temáticas que evidencian las nuevas agendas de los juicios: la violencia sexual, los delitos por motivación económica y las complicidades civiles.” Estos juicios son lentos, demoran años, lustros, e incluso décadas, pero no se va más lento que cuando no se empieza.

En México pese a los casos registrados de atrocidades innegables en las últimas décadas que han sido documentados por organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales, como aquellos en los cuales la orden de las autoridades fue abatir, no tenemos precedentes de este tipo de juicios. Por eso mismo no conocemos las implicaciones que tendría poner en práctica mecanismos que nos permitan nombrar los conflictos sociales que han derivado en formas de violencia que marcaron y marcarán generaciones enteras (de ahí la importancia de aclarar el periodo al que se refiere la consulta).

Estamos hablando de conflictos sociales históricos y complejos. La respuesta social no esperemos que sea simple, lineal ni consensuada de antemano. Ejemplos tenemos y la respuesta para salir de esta espiral de impunidad y de violencias estructurales no la ofrecerá el resultado de una consulta, ni de una elección, pero sí podemos incentivar la movilización y la expresión ciudadana a través de los medios con los que contamos.

Asimismo, distintos movimientos y colectivos se comienzan a posicionar sobre la consulta: el movimiento Zapatista pese a su crítica al gobierno y Estado mexicano ha llamado a participar y a votar por el “SÍ”; de igual forma, los colectivos de víctimas llaman al gobierno a aclarar que no es una consulta para enjuiciar expresidentes, al Instituto Nacional Electoral solicitan un espacio para darles voz en  medios de comunicación y a la ciudadanía a tomar unos minutos del domingo 1° de agosto para ir a votar. 

La consulta es una oportunidad histórica para cuestionar la impuesta verdad oficial y comenzar a cambiar nuestro sistema de impartición de justicia. Mismo que no responde claramente a solicitudes de información, no es transparente en sus presupuestos, no responde a los reclamos sociales y populares, no investiga lo que se le exige que haga, busca chivos expiatorios y no responsables de los graves crímenes. Lo que está en juego son nuestros derechos más fundamentales. ¡Salgamos a votar por nuestro derecho a la verdad y a gritar “NUNCA MÁS!