El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, insiste en convocar una Constituyente saltándose el control constitucional, mientras crece la movilización social contra sus medidas económicas y la desconfianza ciudadana

Texto: Manuela Marcos Rodas

Foto: Especial

ECUADOR. – El viernes 19 de septiembre, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto 148 que convoca a una nueva Asamblea Constituyente. Envió la convocatoria de la Constituyente directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), sin que antes la Corte Constitucional haya dado su dictamen sobre la pregunta o sobre la constitucionalidad del decreto. Por la noche, la Corte Constitucional de Ecuador se vio obligada a evacuar durante una sesión de emergencia debido a una amenaza de bomba mientras revisaba las demandas presentadas contra el decreto presidencial.

Tras la suspensión provisional del Decreto 148 por la Corte Constitucional —a quien ha tachado de “enemiga del pueblo”—, Noboa derogó este decreto y emitió otro, el Decreto 153, insistiendo en la pregunta para la Asamblea Constituyente, nuevamente sin el dictamen previo de la Corte, como establece el artículo 444 de la Constitución del Ecuador. En un comunicado oficial, el Gobierno nacional explica que con esta acción “devuelve el poder al pueblo”. El CNE ya se declaró en proceso electoral para llevar a cabo el referéndum, con lo cual se convierte en el ente rector y pone en jaque a los actores institucionales que interfieran.

El presidente rompió el orden constitucional porque no siguió el procedimiento que manda la Constitución, que exige el control previo de la Corte Constitucional. Pero no es la primera vez que Noboa desconoce las leyes: no solicitó licencia a la Asamblea Nacional para hacer campaña electoral durante su candidatura por no considerarla “reelección”; hubo una delegación irregular del cargo a un “vicepresidente encargado” reemplazando a Verónica Abad sin procedimiento constitucional; y el uso continuo de “decretos” y “estado de excepción” que la Corte Constitucional declaró inconstitucional en casos puntuales.

Controles para el abuso del poder

En Ecuador, la Constitución es la ley suprema. Si se quiere cambiarla de manera profunda, se puede convocar a una Asamblea Constituyente, un órgano elegido por voto popular que redacta una nueva Constitución. La nueva Constitución normalmente se somete a un referéndum para que el pueblo la apruebe o rechace.

La Constitución de 2008 (la vigente) dice en su artículo 444 que por medio de tres vías se puede solicitar una Constituyente: por el presidente, la Asamblea Nacional (Parlamento) o los ciudadanos. En todos los casos, primero debe haber control de la Corte Constitucional sobre la pregunta, para verificar que no viole la Constitución. Después, el Consejo Nacional Electoral (CNE) organiza la consulta y las elecciones de los constituyentes.

Con base en el artículo 444, el presidente, con la aprobación previa de la Corte Constitucional, convoca a un referéndum para preguntar al pueblo si quiere una Constituyente. Si la mayoría dice sí, se pasa a la siguiente etapa. Los ciudadanos deberían elegir, también por voto popular, a las personas que integrarán la Asamblea Constituyente. Esta Asamblea trabajará en la redacción y aprobación de una Constitución que se someterá a un referéndum para que el pueblo apruebe o rechace la nueva Constitución.

El artículo 104 de la Constitución exige que “en todos los casos” en que se convoque a consulta popular, se requiere dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.

¿Puede mantenerse el CNE imparcial? Por pedido del presidente Daniel Noboa, ingresó al servicio exterior Vinicio Kar Atamaint Wamputsar, hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en enero de 2024.

Violación del orden constitucional

Si la Constitución exige pasos y controles como el dictamen de la Corte Constitucional y el presidente los omite, se estaría actuando al margen del marco legal que rige al país. Esto puede interpretarse como una ruptura del “Estado de derecho”.

La Corte Constitucional actúa como guardián de la Constitución y tiene la función de proteger los derechos constitucionales y asegurar que las leyes o decisiones del Ejecutivo o Legislativo no invadan competencias o vulneren principios constitucionales.

El presidente Noboa encabezó una marcha hacia la Corte Constitucional fundada en su desacuerdo con que la Corte suspendiera leyes urgentes que él había aprobado, calificando a la Corte como “enemiga del pueblo”. Mandó a imprimir las fotografías de los jueces de la Corte Constitucional y las exhibió en varios puntos de la capital, lo cual fue percibido como un acto de presión.

«Cualquier interferencia con la Corte Constitucional socava el Estado de derecho», dice la relatora de la ONU sobre Ecuador, Margaret Satterthwaite. «La independencia judicial no es un privilegio para los jueces, es una condición fundamental del Estado de derecho y una salvaguarda para los derechos de todas las personas», continuó, dejando clara la preocupación por la creciente tensión entre el poder Ejecutivo y el poder Judicial.

Previamente, la Relatoría Especial de la ONU publicó un comunicado que señaló la injerencia en la Corte Constitucional como una “amenaza al Estado de derecho y a las garantías contra el abuso de poder”.

¿Y el contrapeso en la Asamblea Nacional?

El mismo viernes, 19 de septiembre, el bloque oficialista ADN intentó que se incluyera en el Pleno una resolución de respaldo a la convocatoria de Constituyente. Esa moción fracasó por tres votos; faltaron esos apoyos para cambiar el orden del día y debatir formalmente. En esa votación, ADN sumó apoyos de aliados, incluyendo algunos excorreístas, pero muchas otras bancadas se opusieron o se abstuvieron, incluyendo Revolución Ciudadana (RC) y Partido Social Cristiano (PSC).

Esta votación marca un cambio en la mayoría que había consolidado el oficialismo dentro de la Asamblea Nacional. En varios de los proyectos urgentes del Gobierno, 6 de los 9 asambleístas de Pachakutik (brazo político de la CONAIE) estuvieron votando junto al oficialismo (o al menos apoyando leyes clave), como en el caso de la Ley de Solidaridad y Transparencia Social, por lo que fueron expulsados de la CONAIE.

ADN ha cerrado filas con el presidente porque defienden la convicción de que la ciudadanía debe decidir el marco constitucional, que el presidente está dando protagonismo al pueblo y que es la Corte Constitucional la que impide la expresión del pueblo y “obstaculiza la democracia”. También sostienen que la Constitución actual tiene bloqueos institucionales que limitan la capacidad de actuar frente a la inseguridad, crimen organizado, etc.

Bancadas como PSC y RC han señalado que Noboa está al margen de lo que exige la Constitución, en especial el requisito del dictamen previo de la Corte Constitucional antes de enviar al CNE la propuesta de consulta.

RC presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 148 que proponía la convocatoria sin ese control. PSC ha avisado que lo actuado sin ese dictamen podría dar lugar a que los resultados sean declarados nulos.

La promesa de una nueva Asamblea Constituyente

En campaña y en el debate presidencial entre Noboa y Luisa González, una de las promesas de Noboa fue la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Esa cifra puede subir con factores añadidos: la magnitud de la campaña, la necesidad de disponer de más presencia policial/militar por riesgo de protestas, el número definitivo de constituyentes y costos administrativos de la propia Asamblea Constituyente (honorarios, personal técnico, sedes, difusión). Varios medios advierten que el monto final es una “estimación mínima” y que el contexto (paros, inseguridad) eleva los costos.

El 17 de septiembre, en carta pública a la nación, Noboa anunció que impulsaría una consulta popular para que la ciudadanía decida si convoca una Asamblea Constituyente. Argumentó que el país estaba “secuestrado institucionalmente” por estructuras políticas y judiciales que bloquean cambios. Señaló que “el cambio no puede lograrse mientras las reglas actuales nos impidan luchar contra el crimen organizado y contra las estructuras políticas que lo protegen”.

Podría costar 200 millones de dólares, según estimaciones en medios locales. Esta cifra cubre logística electoral, material de votación, operación del CNE, seguridad y parte de la implementación.

La Constituyente es una cortina de humo

Tras medidas como la eliminación del subsidio al diésel, que ocurrió apenas 7 días antes de la convocatoria a una nueva Constituyente, el Gobierno anunció el pago de USD 1100 millones en incentivos, un monto que compite directamente con otras obligaciones incumplidas en educación, salud pública, gobiernos locales y pagos consolidados a proveedores.

Reclamos por la falta de medicinas, infraestructura deteriorada, escuelas sin recursos, hospitales sobrepasados. Gremios docentes y de salud denuncian que los fondos destinados a esas áreas no se usan adecuadamente o que hay deudas que no se han pagado.

El Gobierno de Noboa lanzó un paquete de “18 medidas de compensación” para mitigar impactos sociales y económicos. Estas medidas incluyen bonos temporales, incentivos productivos y apoyos a sectores afectados.

El Gobierno también inició pagos de un programa de incentivos productivos por USD 1100 millones y reportó desembolsos en distintos rubros.

Las organizaciones reclaman que la propuesta constitucional se está promoviendo sin diálogo, sin cumplimiento de los procedimientos legales, y la ven como una distracción o una forma de trasladar responsabilidades. No hay reportes sobre el cumplimiento y ejecución presupuestaria relacionada al Plan Fénix. En el primer semestre de 2025, Ecuador registró 4 mil 619 homicidios, un aumento del 47% respecto al mismo periodo de 2024. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en 2025 se proyecta en 52, la más alta de la historia reciente del país.

¿Por qué el Gobierno prioriza bonos/compensaciones antes que pagar ciertas deudas o hacer inversiones? La decisión es política: priorizar calma y visibilidad inmediata, o priorizar pagos técnicos y gastos de inversión que pueden no producir réditos políticos inmediatos.

Actores que están movilizándose por el paquetazo neoliberal

La eliminación del subsidio al diésel provocó malestar en transportistas, productores agrícolas y comunidades rurales porque acarrea una afectación inmediata en la cadena de valor de varios giros de la producción, y por tanto, en los costos de transporte, alimentos, etc.

Se acusa al Gobierno de aplicar medidas que afectan a los más vulnerables, en nombre de ajuste fiscal y priorizando el pago de la deuda y compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Algunos de estos actores son:

• La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) —principal actor indígena— convocó a paro nacional inmediato e indefinido.
• Fenocin, organización de profesionales de salud pública; se ha declarado en movilización y asamblea permanente a escala nacional, apoyando al paro nacional anunciado por la CONAIE.
• Unión Nacional de Educadores (UNE) —gremio del magisterio—; rechaza la Constituyente, pide que se priorice salud, educación y empleo. Ha llamado a las movilizaciones declarándose en movilización permanente.
• FUT (Frente Unitario de Trabajadores) —sindicato mayoritario—; participa de movilizaciones; ha apoyado las marchas nacionales en rechazo a las políticas del Gobierno.
• Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) —participa en las marchas sociales—; se movilizó junto a UNE, FUT, Conaie.

Movilizaciones en provincias se llevan a cabo en este momento por transportistas, comunidades rurales bloqueando vías (en Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas) en protesta por el alza del diésel. A pesar de que el Gobierno las minimiza y amenazó con 30 años de cárcel a quienes paralicen servicios. La más importante se hizo en Cuenca para defender el agua de la explotación minera a gran escala en los páramos de Kimsakocha, con más de 90 mil personas.

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Se han desarrollado varias marchas, entre las que destacan las del 11 de septiembre. La CONAIE, en asamblea extraordinaria del 18 de septiembre, anunció paro nacional inmediato e indefinido como “respuesta frente al abuso de poder” del Gobierno. En particular, el anuncio de la CONAIE trae preocupaciones al Gobierno por ser la protagonista de los Paros Nacionales en 2019 y 2022.

Sin embargo, las cercanías entre el actual representante Marlon Vargas y Diana Atamaint, presidenta del CNE, así como de otros dirigentes del movimiento indígena con el Gobierno nacional, dejan en evidencia simpatías que podrían terminar con el Paro Nacional y el reconocimiento del presidente Noboa como el líder que frenó al movimiento indígena. Para incrementar la presión, el Gobierno bloqueó las cuentas bancarias de los líderes y organizaciones.

En abril de 2025, Noboa fue reelegido con el 55.8% de los votos. Su índice de aprobación ha mostrado fluctuaciones, ubicándose en el 49,1% en julio de 2025, con un 48.2% de desaprobación. La reciente medición del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIESS) entre el 13 y 14 de septiembre muestra que el 55% de los encuestados se siente muy afectado y el 28% algo afectado por el incremento del precio del diésel, con un aumento consolidado del 83%. La desconfianza hacia el Gobierno se eleva al 68% en Quito y al 58% en Guayaquil, mientras que la confianza llega al 31% y al 34%, respectivamente.