Constellation Brands en Veracruz, contradicciones y falsedades conocidas

24 agosto, 2023

Las irregularidades de la construcción de Constellation Brands en Mexicali parecen ser un patrón que se repite en su nueva sede: Veracruz. Y también los intereses de los grandes negocios y empresas que lucran con el agua

Por Iván Martínez Zazueta*

Luego de la cancelación de la planta cervecera de Constellation Brands (CB) en Mexicali, tras el aplastante rechazo del pueblo cachanilla en la consulta de marzo de 2020, la transnacional anunció que aceptó el ofrecimiento del gobierno federal para construir una planta en el sureste de México, con el argumento de que dicha región existe abundancia de agua (al concentrar el 70% del recurso hidrológico del país). Tiempo después se anunció que la nueva fábrica se ubicaría en el estado de Veracruz, junto al puerto del mismo nombre (que le servirá para exportar su producción a ambas costas de Estados Unidos, al conectarse con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec).

En julio de 2022 la empresa presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz una manifestación de impacto ambiental (MIA) para construir y operar su planta, la cual lleva el nombre de Compañía Cervecera de Veracruz (CCV). La planta se encuentra actualmente en construcción en un polígono de casi 300 hectáreas, ubicado en terrenos de la ex-hacienda Santa Fe, Nevería, adyacente a la carretera federal Xalapa-Veracruz, en las inmediaciones de la localidad de Vargas (ver mapa).

De acuerdo a la MIA, la CCV está proyectada para producir 6 millones de hectolitros de cerveza al año (hl/a), distribuídos en dos etapas, cada una de 3 millones de hl/a. Para cada etapa se destinará una inversión de mil 300 mdd. La primera comenzaría a operar en septiembre de 2025 y la segunda en septiembre de 2027. De la misma forma que el resto de las plantas de CB, su producción será 100% exportación a Estados Unidos.

En su MIA se especifican cifras contradictorias respecto al consumo de agua, pues en una parte se menciona que para producir 6 millones de hl/a se requieren 5 mil 999 m3 diarios, lo que suma un total de 2.19 millones de metros cúbicos al año (m3/a); y en otra parte se especifica que para la primera etapa (3 millones de hl/a) se requiere un consumo de 70 litros por segundo (lps), lo que equivale a 2.2 millones de m3/a. Esta última cifra se acerca más en proporción al diseño de las plantas de Nava, Coahuila y Mexicali, Baja California, pues en las MIAs de dichos proyectos se establecieron capacidades de producción de 20 millones de hl/a requiriendo 20 millones de m3 de agua. Esto puede ser porque ambas se diseñaron para tener excedentes de agua como reserva para expansiones futuras y que en la MIA de la planta de Veracruz se estableció sólo un diseño inicial que después se puede seguir ampliando. Esto suena lógico ya que se puede decir que en los proyectos anteriores los empresarios llegaron muy “envalentonados” solicitando 20 millones de m3 y que ahora sean más cuidadosos, solicitando volúmenes menores (sobretodo después de que les estalló el conflicto y se canceló su proyecto en Mexicali). O también puede ser que estén presentando información falsa o minimizada.

Otro elemento para suponer que CB pretende producir un volumen mayor con este proyecto es el último reporte anual de la empresa, en donde se especifica que la capacidad total de producción de la transnacional en México se incrementará en 2026 en alrededor de 10 a 15 millones de hl/a con la entrada en operación de esta planta, en conjunto con las inversiones en las fábricas de Coahuila y Sonora. De hecho, durante el periodo de 2023 a 2025 estas dos últimas plantas tendrán un incremento adicional de 5 y 10 millones de hl/a, respectivamente, lo que demuestra que una vez instaladas y operando, las plantas pueden seguir creciendo en su capacidad de producción (y demanda de agua).

No es algo nuevo que esta transnacional presente cifras contradictorias o a modo para buscar minimizar la magnitud de sus proyectos y con ello mitigar el rechazo a su instalación, sobretodo ante posibles cuestionamientos o protestas debido a su alto nivel de consumo de agua y a los escasos empleos que genera al ser fábricas altamente automatizadas. Esa fue su estrategia fallida en Mexicali, pero la impulsaron después de que les estalló el conflicto. En este caso pareciera que están tomando precauciones con antelación.

¿Y por qué habrían de minimizar su proyecto si en Veracruz existe abundancia de agua? Pues no es del todo cierto.

Precisamente en la MIA se argumenta que entre los factores para la selección del sitio donde actualmente se construye la planta se encuentran la disponibilidad y calidad del agua subterránea. De hecho, a diferencia de la MIA de la planta de Mexicali, en la de Veracruz sí se especifica de dónde se va a obtener el agua necesaria para su operación (al menos de la primera etapa). Son 12 los títulos de concesión de aguas subterráneas enlistados en el documento, los cuales, de acuerdo a los nombres de los titulares anteriores, provienen de transferencias de concesiones para riego.

De acuerdo la MIA estos títulos suman un volumen de 2,742,165 m3/a, sin embargo, si se consultan en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), el volumen que amparan es mayor (3,461,165 m3/a). He ahí otro dato “erróneo”, pero ahí no acaba el asunto. En el REPDA aparecen 6 títulos adicionales a nombre de la CCV que sumados a los anteriores dan un total de 5,051,949.8 m3/a concesionados a la transnacional. A excepción de dos títulos, el resto se localizan en el predio de la planta (ver mapa). Esto alimenta la sospecha de que están declarando cifras a modo para minimizar la escala de su proyecto.

Por otro lado, en la MIA aparece una nota que indica que el agua a utilizarse en la planta no proviene de nuevos títulos de concesión, sino que son concesiones parciales o totales de títulos otorgados por Conagua desde 1994, por lo que dichos volúmenes están considerados en la cuenca hidrológica “desde antes de su agotamiento (veda)”. Aquí es donde se hace evidente la falsedad de que en Veracruz existe abundancia del vital líquido; o puede ser media verdad, pues de los 19 acuíferos que existen en el estado, sólo cinco se encuentran en déficit (ver mapa), pero es justamente en un acuífero sin disponibilidad o agotado, el llamado Costera de Veracruz (3006 de acuerdo a la nomenclatura de Conagua), donde están ubicadas las concesiones de la CCV. Y es la zona de mayor sobreexplotación de agua subterránea del estado, pues tiene tres acuíferos colindantes que también se encuentran en déficit.

Cabe señalar que en el acuífero Costera de Veracruz se localiza una de las principales zonas industriales del estado, que concentra empresas en el ramo de fabricación de leche, harina, maquinaria y equipo, agua embotellada y siderurgia (una sola empresa en este ramo, TAMSA, tiene concesionados casi 10 millones de m3/a, según el REPDA), entre otras.

Sin embargo, la mayor cantidad y volumen de concesiones de agua subterránea de dicho acuífero son de uso público-urbano y están en posesión del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS), empresa que opera el servicio de agua y saneamiento de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, así como la ciudad de Boca del Río. Este es uno de los casos más emblemáticos de privatización de los organismos operadores en México a través de asociaciones público-privadas, no sólo por las múltiples agravios que produjo (incremento de tarifas, baja en la calidad del servicio, opacidad, tráfico de influencias, etc), sino porque Grupo MAS se conformó por la brasileña Odebrecht e InterAgbar de México, filial de Suez (aunque esta empresa se retiró del consorcio después de escándalos y protestas sociales en su contra), ambas célebres por sus casos de corrupción en varios países.

Quizá estos sean dos factores adicionales para la selección del sitio para la instalación de la planta de CB, es decir, tanto la cercanía con la zona industrial mencionada, que le puede proporcionar cadenas de proveeduría; como la posibilidad de obtener agua de Grupo MAS.

Y aquí hay otra similitud con el caso de Mexicali, pues recordemos que a la par de que se comenzó a construir la planta cervecera, el gobierno estatal aprobó una ley para privatizar los organismos operadores, la cual tuvo que ser cancelada tras las masivas protestas de rechazo. En la MIA de esta planta se especificaba que buscaban obtener 15 millones de m3/a del acuífero del valle de Mexicali y, como respaldo, 10 millones de m3/a de la red de agua de agua potable municipal. De hecho, una vez que se canceló el acueducto con el que iba a obtener el agua del acuífero debido al bloqueo por parte de agricultores, la empresa construyó un nuevo acueducto para obtener agua de esta fuente de respaldo, es decir, del organismo operador del municipio de Mexicali, con el que tenía contratos confidenciales. El caso es que, como hemos sostenido antes, si la privatización del servicio de agua en Baja California se hubiera concretado, a CB le hubiera resultado más fácil negociar con otra empresa privada, que al igual que ella también busca hacer negocios y maximizar ganancias, en lugar de hacerlo con una paraestatal que provee un servicio público y debe rendir cuentas públicas.

Como dato adicional, un tercer elemento de los planes privatizadores y mercantiles con el agua en Baja California, además de la ley de aguas y la planta cervecera, fueron los megaproyectos de abasto de agua impulsados vía asociaciones público-privadas. El más relevante fue la planta desalinizadora de Rosarito, un “proyecto no solicitado” propuesto y ganado por un consorcio en la que participa -justamente- la transnacional Suez, misma que ha impulsado diversos esquemas privatizadores del vital líquido no sólo en Veracruz, sino también en Saltillo y Ramos Arizpe (que se revirtió debido a la inconformidad social) en Coahuila, CDMX y Cancún, Quintana Roo, por mencionar sólo los casos en México.

Pero regresando al agua y al acuífero, en la MIA se menciona que los pozos de extracción tendrán un abatimiento de 8 metros, lo cual -aunque en el documento se especifica que es un abatimiento considerado bajo y de poco impacto- significa que sí va a generar afectaciones en la condición de déficit. Más aún si la empresa sigue adquiriendo concesiones agrícolas para cambiarlas a uso industrial, pues no es lo mismo utilizar el agua para la irrigación, lo cual genera una recarga inducida al acuífero, que utilizarla en actividades industriales, las cuales generan aguas residuales que difícilmente se reintegran al subsuelo.

Finalmente, sobre este último aspecto, en la MIA se especifica que el agua residual tratada se descargará en un canal que va directamente al río La Antigua, el cual desemboca en el Golfo de México. Este río es conocido por su biodiversidad y usos diversos, entre ellos, el recreativo, lo cual se puede ver afectado por la descarga de dichas aguas. Aunque en la MIA se establece que la calidad de las aguas tratadas no producirá problemas de contaminación, sabemos que la realidad de la devastación hídrica provocada por la industria en muchas regiones del país dista mucho de lo que se declara ante la autoridad ambiental. Cabe señalar que en el REPDA no aparece ningún título de descargas de aguas residuales a nombre de la CCV, por lo que aún no cuenta con dicho permiso, lo cual debería ser un impedimento para el inicio de la construcción de la planta.

En conclusión, vemos cómo en Veracruz no sólo se repite la historia de contradicciones y falsedades que CB impulsó en Mexicali, sino también la de los grandes negocios y empresas que lucran con el agua. El proyecto de la CCV viene a modificar geográficamente la dinámica que hemos analizado sobre cómo México se ha ido convirtiendo en el barril de cerveza de Estados Unidos, y que no es otra que la exportación de agua y la importación de estrés hídrico hacia y desde dicho país, respectivamente, dándole un nuevo impulso pero ahora en el sureste mexicano, propiciado por el corredor interoceánico y los proyectos industriales asociados.

Veamos si también se repite la historia de resistencia y rechazo a esta transnacional y a la dinámica neocolonial que representa, tal como ocurrió en el extremo norte mexicano. Y que allá también exclame con fuerza el ¡Fuera Constellation! .

* El autor cursa el Doctorado en Geografía en la UNAM. Escribe análisis y publica mapas en el blog Geografía Septentrional.

Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.