Las empresas transnacionales españolas de la pesca, especialmente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, han tenido como objetivo la explotación de los ecosistemas y la mano de obra para luego exportar los productos a las zonas de consumo más rentable

Texto. Edgardo Ayala / IPS

LA LIBERTAD, El Salvador – La pesca industrial de atún y un megaproyecto acuícola de langostinos, que desarrollan consorcios españoles en América Central, ponen en riesgo los escasos recursos marino-costeros de los que dependen familias de pescadores artesanales, según expertos y organizaciones internacionales.

En el caso del atún, el sector es controlado en El Salvador por la firma española Calvo desde la pesca a la comercialización, y en Guatemala por la también española Jealsa-Rianxeira, a través de Atunera Sant Yago y Atunera Nacional; mientras que Nueva Pescanova, cría langostinos desde su filial NovaGuatemala.

Dominio español

Nueva Pescanova posee granjas de langostinos en el sureño departamento de Chinandega, en la costa pacífica nicaraguense, por medio del subgrupo Camanica, en una extensión de 4500 hectáreas de producción.

“Las empresas transnacionales españolas de la pesca, especialmente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, han tenido como objetivo la explotación de los ecosistemas y la mano de obra para luego exportar los productos a las zonas de consumo más rentables”, advertía ya en 2022 el informe El impacto de las empresas pesqueras en Centroamérica.

Y agregaba: “El atún que pescan, las conservas que elaboran y los langostinos que crían (…) se envían mayoritariamente a España, uno de los países europeos con mayor consumo de pescado”, y de ese modo “han engrosado un extenso currículum de daños sociales y ambientales, como se ha venido documentado en diversas investigaciones y publicaciones”.

Los países centroamericanos no han desarrollado una industria atunera como tal, sino que se abrieron a las inversiones de consorcios internacionales, como los ya citados, para que montaran sus fábricas de conservas, o las adquieran de empresas locales y los buques navegaran con las banderas de esas naciones, como Calvo, con operaciones en varios países del mundo.

Los ingresos globales de esa compañía, en 2020, fueron de 616 millones de dólares y el país que más contribuyó a esta cifra fue El Salvador, cita el reporte.

El impacto de la pesca incidental

Los efectos en los recursos marino-costeros son causados, en relación al atún, por la pesca incidental: las especies sin valor comercial que las redes de los buques atuneros atrapan incidentalmente y que descartan, pero que sí tienen valor comercial y de soberanía alimentaria para la pesca artesanal, como el dorado (Carassius auratus), entre otras.

La captura del dorado siempre ha sido difícil para quienes faenan artesanalmente, pues requiere adentrarse en aguas más profundas; ahora es más escaso y exige un mayor esfuerzo, dijo a IPS el pescador Eduardo Rivas, parado junto a la lancha San Gabriel, recién llegado de faenar, en la playa El Majahual, del municipio de La Libertad, en el sur de El Salvador.

“El dorado está mar afuera, es una pesca diferente, más difícil y ahora más escasa, requiere otra clase de equipo, una lancha más grande, dos motores, cimbra (red) diferente”, explicó Rivas, de 21 años.

Luego el joven pescador sacó orgulloso, de un compartimiento ubicado en el centro de la lancha, un ejemplar conocido localmente como boca colorada (Lutjanus colorado), de unos 40 kilogramos, y posó sonriente para una fotografía ante algunos turistas que habían llegado a la playa, el 21 de abril.

Por supuesto que en la disminución de los cardúmenes de dorado y otras especies en la zona costera intervienen diversos factores, como el incremento de la temperatura de las aguas, entre otros, pero tampoco se descarta que la pesca incidental ligada al atún, pueda estar impactando, explicó a IPS el biólogo marino salvadoreño Francisco Chicas.

De hecho, dijo el experto, hay especies aprovechadas por la pesca artesanal, como el dorado, que sí están cayendo como pesca incidental en las redes de los barcos atuneros, a pesar de que esa actividad se da alejada 200 millas náuticas de la costa.

“Si bien la pesca de atún se da en aguas internacionales, ahí se captura incidentalmente varios grupos de reptiles, en el caso de las tortugas marinas, tiburones, y también peces óseos, que son la mayoría, y muchas de esas especies, se avistan y se capturan en la zona costera, que son recursos de la pesca artesanal”, acotó.

Lógicamente, señaló Chicas, la pesca industrial del atún no arrastra incidentalmente a todas las especies de interés comercial y de aprovechamiento alimenticio para las familias pobres en la costa, de modo que tampoco se puede afirmar que compita directamente con los recursos marino costeros.

El informe El impacto de las empresas pesqueras en Centroamérica señala que sí se ha documentado la captura incidental de 80 especies, entre ellas varias de rayas, tiburones, tortugas marinas y mamíferos marinos como delfines, que pueden estar en peligro de extinción.

¿Pesca responsable?

Por su parte, el especialista Manuel Ixquiac señaló a IPS, desde la ciudad  de Quetzaltenango, en Guatemala, que en general la pesca del atún es bastante “limpia”, es decir, sostenible, pues la industria ha impulsado mecanismos como el del “Safe Dolphin (Delfín Seguro), que aseguraría que no se pesque esa especie durante la faena, para salvaguardarla.

Sin embargo, aunque manifestó que el impacto en las pesquerías artesanales no debería ser tan pronunciado, advirtió que se debe de monitorear con rigurosidad.

“Hay que revisar esos lances que se están haciendo en esa zona (las 200 millas náuticas) porque tanto Guatemala como El Salvador autorizan a la flota a pescar en el borde, tenemos que ver si están impactando sobre alguna fauna acompañante, como dorado, peces pico, algunos tiburones”, sostuvo Ixquiac, asesor en temas marino-costero de la guatemalteca Fundación para el Desarrollo y la Conservación.

En promedio, 66,7 por ciento de las poblaciones de las principales especies de atunes comerciales fueron explotadas dentro de niveles biológicamente sostenibles en 2019, porcentaje ligeramente superior a la media de todas las especies, pero sin cambios con respecto a 2017, afirma el reporte El Estado mundial de la pesca y la acuicultura.

Sin embargo, ese informe, publicado en 2023 por la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura (FAO), advierte que las poblaciones de atunes son objeto de un seguimiento exhaustivo y extensas evaluaciones, y sin embargo, algunas especies “siguen en gran parte sin evaluarse o se han evaluado con un alto grado de incertidumbre”.

Débil observación

En efecto, el tema del monitoreo de la pesca en los buques atuneros es algo que preocupa a los expertos.

Se critica que los Estados, al menos en el caso de América Central, no se esfuercen por asegurar la calidad de la información científica salida de los barcos, si se cumplen las normas establecidas por la industria atunera de “pesca responsable”.

La pesca mundial del atún es vigilada y regulada por comisiones regionales, dependiendo de en qué parte del océano se lleve a cabo la faena. En el caso de América Central se trata de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), que abarca la pesca en el llamado océano Pacífico oriental.

“Los países parte de la CIAT deben de exigir más participación de sus inspectores, porque hoy en día no hay un solo inspector de Guatemala, no sé cuántos habrá de El Salvador, son muy pocos inspectores que sean nacionales que estén en tareas de vigilancia”, destacó Ixquiac.

La CIAT exige que en los buques de gran tamaño haya al menos un observador, que suele ser un biólogo marino que verifica, entre otros detalles, volúmenes, arte de pesca y, también, la pesca incidental, pero esa exigencia no aplica en los barcos de menor calado.

En la CIAT participan los Estados bajo cuyas banderas navegan los buques atuneros de la región, así como los consorcios nacionales e internacionales, bajo la premisa de ser un esfuerzo colectivo que busca la sostenibilidad de esa pesca.

Sin embargo, ha existido la duda de si la comisión es dominada por la industria atunera y representa en realidad a los intereses de ese sector, y no los de los Estados y la de sus poblaciones.

Y aunque hubiera más vigilantes en representación de los Estados, puede suceder que se dé un conflicto de intereses, desde que el observador desarrolla su labor en una nave propiedad de la compañía y esa persona está bajo la jurisdicción del capitán del navío.

“La presencia del Estado (en la CIAT) la considero muy débil. El biólogo abordo, si bien va a establecer un monitoreo de los avistamientos, pienso que no tiene mucha independencia”, sostuvo por su parte el experto salvadoreño, Chicas.

Camaroneras en Nicaragua

El informe El impacto de las empresas pesqueras en Centroamérica señaló que, en el caso del langostino en Nicaragua, 80 por ciento de la producción está en manos de grandes empresas, entre ellas destaca sobre todo la filial de Pescanova, Camanica.

Las amplias extensiones de camaroneras en zonas costeras, añade, han dificultado el acceso a la costa de las comunidades locales que utilizaban esas zonas para embarcarse. Además, se trata de comunidades rurales cuyos ingresos y alimentación dependen de la pesca artesanal y la recolección de moluscos y crustáceos en el manglar.

Añade que las amplias extensiones de granjas para la cría de langostino también han sido señaladas por contribuir a la destrucción de los ecosistemas costeros donde se asientan, los manglares, uno de los ecosistemas con mayor riqueza en biodiversidad.

Más de 35 por ciento de los manglares han desaparecido en las últimas dos décadas; en algunas regiones este porcentaje llega a elevarse hasta 70 por ciento.

Este texto fue publicado originalmente en IPS. Aquí puedes consultar la publicación original