Los seis jóvenes detenidos arbitrariamente durante las movilizaciones del 5 de junio en Jalisco no son responsables de ningún delito, deteminaron autoridades. Las irregularidades en sus detenciones se ventilaron durante la audiencia
Por Darwin Franco y Dalia Souza / Zona Docs
Esta tarde fueron liberados los seis jóvenes detenidos arbitrariamente el sábado 6 de junio durante las protestas en Guadalajara.
Los jóvenes fueron saliendo uno a uno de las instalaciones de la Fiscalía del Estado, donde fueron recibidos por sus familiares.
Uno de los chicos liberados, Roberto Ornelas, al salir del juzgado de control y juicio oral No. 1 agradeció el seguimiento a sus casos y denunció la tortura a la que fue sometido cuando estuvo bajo la detención de la fiscalía de Jalisco.
“Simplemente quiero darles las gracias por apoyarnos y no dejarnos solos como el pueblo que somos de México. Muchas gracias”.
Cuestionado por la prensa, el joven describió las violaciones a sus derechos humanos mientras estuvo detenido.
“Sinceramente yo estaba pensando que incluso iba a perder la vida por las cosas que nos dijo las personas que nos detuvieron, que nos iban a mochar en pedazos. Que nos mocharían en pedazos y todo eso pero… Yo temía por mi vida y todo eso pero gracias..
«Nos golpearon, a mí me torturaron, me quisieron ahogar en distintas ocasiones. Me desnudaron. Me golpearon”.
Lorena Almaraz, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C la CEPADH, que asumió la representación legal de los jóvenes, precisó que los jóvenes no son responsables de ningún delito.
Cuestionada por la prensa sobre la posible intervención del gobernador de ese estado en la liberación de los jóvenes, la abogada dijo que la fiscalía debe ser independiente y desconocía si tuvo algo que ver lo declarado por Enrique Alfaro.
“Hay irregularidades dentro de la detención, se ventilaron dentro de la audiencia y el juez determinó otra cosa. La razón por la que se puede llegar a un acuerdo entre las partes es porque justo los delitos permiten que se pueda llegar a ese acuerdo sin necesidad de que se responsabilice a ninguno de los chicos por estos delitos».
“Es mi convicción que tenemos que dar vuelta a la página, que Jalisco tenemos que levantar la cabeza y ver hacia adelante; no podemos dejar un cabo suelto porque sigue habiendo muchos intereses que buscan desestabilizar al estado”, afirmó el gobernador del estado, Enrique Alfaro, la mañana de este martes 9 de junio en sus redes sociales.
Así anunció el retiro de los cargos atribuidos a los seis jóvenes detenidos arbitrariamente durante las protestas en Guadalajara:
“He decidido levantar los cargos contra estos seis jóvenes para que puedan quedar de inmediato en libertad… Estoy tomando la decisión una vez más y por última ocasión”, señaló haciendo referencia a la liberación de los -por lo menos- 28 jóvenes detenidos de manera arbitraria y violenta los días jueves 4 y viernes 5 de junio en Guadalajara, por elementos de seguridad pública municipal y estatal.
El gobernador dijo que se trató de personas que “usaron la violencia para manifestar sus ideas. En Jalisco no se va a tolerar la violencia como una forma de manifestación, en Jalisco tenemos que mandar un mensaje claro de que no podemos tolerar estos actos” sentenció.
Incluso, se asumió consciente “del justo reclamo que pueda haber de nuestras corporaciones” al “liberar a jóvenes que los han atacado”, cuando los testimonios de las y los jóvenes detenidos arbitrariamente durante las protestas de los días jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de junio han dado cuenta de la represión y la violencia policial de la que fueron víctimas; desde el uso excesivo de la fuerza, hasta la desaparición forzada y la tortura.
Por ello, el CEPAD planteó que, contrario al llamado a “dar vuelta a la página”, es vital que se continúe con las investigaciones que permitan ofrecer justicia ante la suma de violaciones a derechos humanos cometidas en contra de ellos y de cada una de las y los ciudadanos que fueron víctimas de la violencia policial en Jalisco durante estas fechas:
“No puede concluir sólo con la liberación de los jóvenes”, señaló Anna Karolina Chimiak, codirectora del CEPAD.
Los jóvenes fueron trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande tras una serie de violaciones al debido proceso. La más grave fue no tener acceso a la defensa legal, pues las abogadas Ángela García Reyes y Lorena Almaraz (integrantes de CEPAD A.C.) no pudieron conocer la carpeta de investigación, lo cual impidió el saber los delitos que se les imputaban a los jóvenes, sino hasta que se les entregó el citatorio a la Audiencia Inicial de Control, a realizarse este 9 de junio en el Primer Distrito Judicial.
Otra de las irregularidades cometidas fue que no se cumplió el término constitucional de las 48 horas. A los seis jóvenes los trasladaron alrededor de las 10 horas a Puente Grande, tres horas antes de que terminara el plazo legal.
Ni las abogadas ni ninguno de los familiares que esperaban alguna notificación de la ministerio público, Myrna Elizabeth Siordia Covarrubias, fueron informados del traslado.
Las familias de los detenidos ya habían denunciado golpes y maltratos en su detención, la cual -en por lo menos cuatro de los seis casos- no ocurrió en flagrancia como ha señalado la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
Las detenciones sucedieron: cuando Jonathan Martín atestiguaba los hechos y grabó con su celular; cuando Mario y Jair salían de un restaurante de pizzas; y cuando Nicolás esperaba a que su familiar saliera del trabajo. En el caso de Roberto Carlos se señala que éste sí fue detenido en flagrancia y, sobre Ángel Eliu, se desconocen los detalles. Ninguno de sus familiares acudió tras su detención; así que nadie ha logrado saber cómo y de qué manera fue detenido, la noche del 6 de junio.
Las horas previas a la confirmación del traslado de los seis jóvenes detenidos, sus familias estaban confiadas en que éstos lograrían recobrar su libertad porque muchos no estuvieron vinculados a los hechos, pero también porque consideraban que la detención arbitraria, la violencia y los maltratos físicos de los que fueron objetos bastarían para darles su libertad.
Los delitos de los que se les acusaba, los cuales conforme al Código Penal de Jalisco, implican:
Los primeros cinco delitos se les imputaban a Jair Eduardo Moreno García, Jonathan Martin Maldonado Núñez, Ángel Eliu Sánchez Flores, Nicolás Ramos Paulino y Roberto Carlos Ornelas Rodríguez. En el caso de Mario Alberto Rubio Torres, se le imputaban esos mismos delitos más el de “daños al patrimonio urbano”, éste sólo se le adjudicaba a él.
Este trabajo fue publicado originalmente en ZONA DOCS que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original
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