Los cambios que hizo el Congreso de la ciudad al artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos afectan a personas que son despojadas ilegalmente de sus hogares por mafias inmobiliarias

Texto y Fotos: Arturo Contreras Camero

Una persona saca una libreta de la mochila, una más ya tiene las recomendaciones de la ONU sobre desalojos en su celular, otros hablan por teléfono y coordinan acciones estratégicas. En segundos este grupo de vecinos monta una improvisada mesa de trabajo en pleno vestíbulo del congreso de la ciudad de México. Intentan, desesperadamente, evitar lo que viene.

Momentos antes, en un saloncito atiborrado de reporteros, representantes de banqueros, notarios y vecinos; 20 diputados acordaron los cambios al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos. Una Ley que los propios vecinos, la mayoría de ellos víctimas de desalojos forzados, habían cuidado e impulsado.

La reforma a este artículo y la discusión que provocó en el recinto legislativo y su aprobación se veía venir desde hace unas semanas, cuando el artículo 60 saltó a la palestra de la mano de Ignacio Morales Lechuga, exProcurador General de la República en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y titular de la Notaria 116 en la Ciudad de México.

La semana pasada, en un artículo publicado en El Universal, Morales Lechuga aseguró que dicha ley permitía a invasores de edificios, paracaidistas, hacerse legalmente de un inmueble: El derecho a invadir, lo que se avecina.

De ahí, la desinformación creció; en pocos días, en la radio y la televisión hablaban de que este artículo vulnera la propiedad privada, que era una ley hecha para los paracaidistas. Nada más lejos de la verdad.

El artículo 60 se promulgó el 8 de febrero de 2019, junto con el resto de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad, una de las únicas leyes de ese tipo en el mundo. El artículo busca proteger a las personas víctimas de desalojos forzosos.

Para ilustrarlo, nada mejor que el caso de Rufina Galindo, habitante de Zapata 46, en el centro histórico. Ella ha vivido ahí por más de 60 años, y pagaba renta como cualquier inquilino. Hasta que un día, la dueña del edificio desapareció y no hubo más a quién pagar la renta.

Su edificio quedó dañado en el sismo del 85, por lo que años después, en 2002, con el rescate del Centro Histórico el Instituto de Vivienda quiso expropiar el edificio, y la dueña, ausente por años, apareció para evitarlo, por lo que se inició un juicio. A mitad del litigio, la dueña falleció y el edificio quedó intestado.

Sin embargo, uno de los empleados de la dueña apareció 14 años después, ostentándose como heredero legítimo. Pretendía reclamar el edificio, y como legalmente no lo ha logrado, ha operado políticamente para promover desalojos con documentos apócrifos en los que incluso participó la policía de la ciudad.

Hoy Rufina vive en un edificio rodeada de cargadores y golpeadores que diario la amedrentan y a su familia para dejar el edificio.

Intentos como estos han tapizado la ciudad en los últimos años. El pasado 1 de marzo Ernestina Godoy, procuradora General de Justicia de la Ciudad, informó que existen 3 mil carpetas de investigación abiertas por el delito de despojo. De 2011 a 2016 la misma Procuraduría recibió 18 mil 690 denuncias por ese delito

En la mayoría de estos casos, hay muchas irregularidades. Por eso Rufina es de las vecinas que acudieron el viernes al congreso de la Ciudad, a intentar impedir que la ley, por la que tanto trabajó, fuera modificada.

El artículo cuestionado

Desde que se publicó, el artículo 60 de la ley de Derechos Humanos de la ciudad causó furor.

La primera semana, diputados de Morena quisieron modificarlo, y de alguna manera, suavizarlo. Originalmente la ley estipulaba que ningún desalojo podría realizarse de forma extraordinaria, y que de suceder, sería responsabilidad de las autoridades competentes asegurar el derecho a la vivienda de los afectados, por lo que el Estado debería reinstalarlos en un domicilio dentro de un radio de 15 kilómetros de donde fueron desplazados.

Tras el cambio, solo decía que las autoridades deberían garantizar el derecho a la vivienda de los afectados dentro de sus capacidades.

En otras palabras, ese artículo obligaba a las autoridades locales a tomar medidas legales y judiciales para que una persona desalojada se puediera oponer legalmente y defender su vivienda. Algunos diputados aseguraron que vulneraba la propiedad privada.

¿Cómo? De acuerdo con la diputada María Guadalupe Morales, del PAN, la redacción del artículo presentaba una gran ambigüedad.

“En la ley no aparece el concepto de desplazamiento forzado ni a qué se refiere”, dice en entrevista.

“Cualquiera le da la interpretación que deseé. Aunque hay tratados internacionales, y declaraciones de la ONU respecto de lo que significa el desalojo forzoso, al no precisarlo en nuestra ley, se queda abierto a la interpretación de cualquiera”, asegura.

“Aunque un juez haya dictado una sentencia favorable para realizar un desalojo, este no se podría llevar a cabo si no había una garantía de la autoridad competente de que ya había un espacio de realojamiento a las personas desalojadas”.

María Guadalupa Morales, diputada del PAN

Los vecinos dicen que el artículo estaba enfocado a defenderlos contra juicios y órdenes de desalojo falsas, y ahora se sienten desprotegidos. Morales no lo cree así.

“¿Cómo se pueden defender? Pues, teniendo abogados, ¿no? Teniendo gente que te esté asesorando”, dice. “Al final de cuentas, existe la defensoría de oficio, y si no fuiste citado, si no estás en un proceso y no fuiste condenado, y de repente te llegan, es obvio que hay algo irregular ahí, y para eso existe la ley y la posibilidad de presentar las denuncias correspondientes”.

La mayoría de los vecinos son testigos de cómo notarios, jueces y empresas inmobiliarias logran, mediante dádivas y mordidas, logran crear juicios falsos y dictámenes corruptos que parecen legalmente válidos. Cómo defenderse en un sistema corrupto, donde lo que importa es el dinero, se preguntan.

Aunque el artículo 60 queda en la ley, la intención tanto de legisladores panistas y perredistas, era eliminarlo de la ley. “Yo creo que esta es la mejor manera en la que pudo haber quedado”, asegura la diputada. “A nosotros nos hubiera gustado la derogación completa, del artículo, pero bueno”.

La redacción final del artículo dice que “ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales al caso concreto”, lo que ya estipulan las leyes de la ciudad.

Además, dice que las leyes en la materia establecerán los procedimientos para respetar el derecho de audiencia, el debido proceso, y procurar la mediación entre partes. Y que cualquier afectado por un desalojo podrá solicitar la inclusión a los programas de vivienda de la ciudad, como cualquier otro ciudadano. Lo que también está estipulado ya en las leyes actuales.

Votación unánime

Minutos después de que los vecinos apostados en el vestíbulo del congreso terminen sus apuntes para intentar salvar lo que queda del artículo 60 que ellos ayudaron a construir, se acerca un diputado.

Es Temístocles Villanueva, diputado del distrito que comprende a la alcaldía Cuauhtémoc, donde se han registrado la mayoría de los desalojos forzados en los últimos años. Él es también presidente de la comisión de Derechos Humanos, la encargada de la discusión y redacción de este artículo.

Uno de los vecinos se acerca. No entiende qué está pasando, y quiere saber si hay algo que los diputados de Morena puedan hacer. Tal vez lanzar una reserva en el pleno y frenar la votación. O que se posponga. Nada, la respuesta del diputado es negativa.

Horas después, el pleno de la cámara, incluído el diputado Temístocles, votarían por unanimidad el artículo. “Lo que nosotros buscamos era justamente blindar a las personas desalojadas de procesos arbitrarios, por eso modificamos la legislación del artículo para que quedara como quedó”, asegura Villanueva en entrevista previa a la votación.

¿Cree que sea un retroceso en la materia? Se le pregunta.

“Sin duda, considero que no logramos un avance en la materia, pero al menos logramos visibilizar un tema, eso es importante”, dice. Según él, esta modificación no desprotege a los vecinos, aunque para darle fuerza, habría que modificar otros artículos de otras leyes en la materia.

“El siguiente paso es modificar la ley de vivienda, adecuarla a como queda artículo”. Se refiere al tercer párrafo, que estipula que aquel que sufra un desalojo forzado se podrá acercar a los programas de vivienda del gobierno.

“Esto genera una obligación al Congreso para modificar la ley de vivienda y crear un apartado que proteja a las personas desalojadas”.

No pone una fecha para hacerlo, ni siquiera da la impresión de que lo vaya a hacer. Asegura que habló con el diputado Fernando Aboitiz, del Partido Encuentro Social, quien asegura revisará la ley existente y tal vez, proponga un cambio.

Poco a poco, los vecinos del vestíbulo entienden que no les queda más por hacer y salen del edificio. Se despiden unos de otros y empiezan a retirarse.

“El artículo 60, nos parece muy bien que lo hayamos trabajando por mucho tiempo para tener derecho a una vivienda” dice antes de irse Albina, una indígena Otomí que desde ocupa un edificio abandonado en la colonia Juárez junto con otras 44 personas.

“No es justo que los diputados del PAN y del PRD nos digan que no tenemos derecho”, sentencia.

“Ellos dicen que no, porque sus inmobiliarias se van a la quiebra. Ellos quieren que las inmobiliarias se lleven sus ganancia, que se queden con los edificios”.

Claudia Sheinbaum, jeda de gobierno, se había pronunciado antes en contra de la modificación de este artículo.

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