La reforma al Código Penal fue presentada por 20 de los 27 legisladores, entre ellos integrantes del PAN, PRI, PRD, Morena y el PVEM, mientras que una ley “para la protección de la vida” fue enviada por Teresa Jiménez

Texto: Mónica Cerbón / Pop Lab

Ilustración: Pop Lab

AGUASCALIENTES. – Pasaron ocho meses antes de que el plan del gobierno de la panista Teresa Jiménez para impulsar una contrarreforma a la despenalización del aborto en Aguascalientes pudiera concretarse. La reforma al Código Penal que busca disminuir el tiempo de gestación permitido para abortar de manera segura en clínicas estatales pasará de 12 a 6 semanas y se sancionará con cárcel incluso los abortos accidentales. El cambio de ley será votado este miércoles 28 en sesión extraordinaria del Congreso, con mayoría panista. 

El Pleno del legislativo local también votará una iniciativa que busca crear la Ley para la Protección de la Vida y la Prevención del Embarazo Adolescente, enviada por la mandataria el 29 de diciembre del año pasado. Frente a ambas reformas, organizaciones feministas anunciaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Es un retroceso hacia los derechos ya ganados y peleados por nosotras, esta iniciativa de hecho es peor que lo que teníamos antes en la Ley. Se buscarán las medidas legales ya que el Congreso no entiende de diálogos, nuevamente iremos a la Corte ”, dice Angélica Contreras, integrante de la organización civil Cultivando Género.

La despenalización de la interrupción del embarazo en este estado ocurrió en las primeras semanas de diciembre de 2023, cuando ocho integrantes del Legislativo votaron –en secreto– para avalar el cambio de ley que, en agosto de ese año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les había obligado a realizar tras un proceso de amparo impulsado por cuatro organizaciones locales, entre ellas Cultivando Género y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). 

Presionada por grupos conservadores y de ultraderecha –bastión electoral de Acción Nacional– días después de la aprobación la mandataria reprobó el hecho. Luego, en un video donde aparecía con integrantes de la bancada del PAN en el Congreso, anunció un plan legislativo para combatir el cambio de ley. 

“El Gobierno del estado, y en lo personal como gobernadora de Aguascalientes, somos provida. Nosotros no podemos obligar a los médicos a practicar ningún aborto, a pesar de que la Suprema Corte ha resuelto que suceda alguna situación en el Congreso”, dijo entonces. La ley no obliga a ningún personal médico a realizar interrupciones del embarazo, pero sí obliga al Estado a contar con especialistas que puedan realizarlo. 

Jiménez nunca se ha reunido con grupos feministas, pero sí lo ha hecho, por ejemplo, con el Frente Nacional por la Familia, con quienes incluso ha firmado acuerdos de política pública.

Las reformas serán votadas en una sesión extraordinaria este miércoles 28 aprobada por la Mesa Directiva del Legislativo, presidida por el panista Max Ramírez, un aliado incondicional de la gobernadora. El dictamen para reformar los artículos 101, 102, 103 y 196 del Código Penal y disminuir las semanas de gestación permitidas para acceder al aborto legal lleva la firma de 20 de los 27 legisladores, incluyendo a representantes del PRI, PRD, Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Para aprobarse se necesitan solamente 14 votos del Pleno. 

A partir de su entrada en vigor, toda mujer o persona gestante que decida concluir con su embarazo después de las seis semanas será castigada con cárcel de entre 3 y 6 meses y al pago de 500 a 1000 días de multa. La sanción para el personal médico que lo practique es mayor: de 6 a 1 año de prisión y de 1,500 a 2,000 días de multa.

La reforma no sólo sanciona a las mujeres que por decisión propia decidan abortar, sino también a aquellas que lo hagan de forma involuntaria. De acuerdo con el dictamen en poder de POPLab, se extiende la sanción penal para las que cometan aborto de forma culposa, es decir, de forma espontánea o por algún tema de salud. Y pone un obstáculo más: dos médicos especialistas diagnosticarán si existe “razón suficiente para determinar que el aborto fue espontáneo o que el producto presenta alteraciones genéticas”. 

La propuesta de reforma al Código Penal llegó al Congreso apenas el 23 de agosto pasado, el mismo día fue turnada a la Comisión de Justicia, presidida por el también panista Luis Enrique García López, investigado por un desfalco millonario en el Congreso, revelado en una investigación periodística en 2021. En el inicio de la administración estatal, en octubre de 2022 y hasta febrero de este año, Galo fue el titular de la Subsecretaría de Gobierno. 

“El derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo, aunque esencial, no se considera absoluto en todos los casos. Este derecho debe equilibrarse con otros derechos igualmente importantes, como el derecho a la vida”, señala el documento, que incluye argumentos sin aval científico, como que las mujeres que deciden abortar sufren de “trastornos psiquiátricos como respuesta a una desregulación emocional”. 

Y añade que Aguascalientes es “el primer estado familiarmente sostenible en el país”, aunque la entidad ha ocupado los primeros lugares en el país en casos relacionados con violencia intrafamiliar y contra las mujeres. 

“Esta amenaza de retroceso contraviene a la Constitución, así como a lo establecido por la SCJN y la Organización Mundial de la Salud. Tratar de reducir a la mitad el período en el cual una persona puede decidir si continúa, o no, con su embarazo no es razonable, ni responde a evidencia científica o consideración médica válida, aunque así lo asegure falsamente el dictamen de la Comisión de Justicia que mañana se pretende aprobar. La propuesta no persigue otro objetivo sino el de criminalizar e impedir —prácticamente imposibilitar— el que las personas puedan decidir libremente sobre su maternidad, sobre su salud y sobre sus vidas, lo cual es completamente inadmisible”, dice un posicionamiento de GIRE dado a conocer esta mañana.

Angélica Contreras, de Cultivando Género, explica que tras la despenalización al menos 70 mujeres y personas no gestantes accedieron al aborto seguro en clínicas del estado. La organización también percibió menor temor a pedir informes, sin embargo, el sistema de salud local siguió obstaculizando el acceso a la interrupción y con las organizaciones sociales que lo promovieron el gobierno cerró por completo el diálogo.

“Lo que vimos fue un cambio en el ánimo de las personas, el problema fue que eso no se vio reflejado en los servicios de atención, porque si bien hay aliadas dentro de estos sistemas, otras personas buscaron sobre todo obstaculizar a partir de, por ejemplo, decirles que tenía que pasar su caso al Comité de Aborto para que éste evaluara y pudiera decidir si sí o si no podía proceder, esto además de cuestionar la decisión de ellas, retrasa el procedimiento al volverlo un tema burocrático, y entonces luego ya había pasado la temporalidad permitida, que es de 12 semanas. Con la reforma será peor porque criminaliza aún más”.

Esta nota fue publicada originalmente en POP LAB, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.