Junto a Diana Luz Vázquez, impulsora de la Ley Sabina, madres y mujeres que luchan contra la violencia vicaria se manifestaron frente al Congreso de Jalisco para presentar la iniciativa de ley que en el estado podría sancionar a aquellos progenitores que adeuden pensiones alimenticias. La propuesta contempla la creación de un Registro Estatal de Deudores Alimentarios que sea público.

Texto: Dalia Souza / Zona docs

Foto: Dalia Souza

JALISCO. – Con un tendedero de rostros y nombres, madres y mujeres que luchan contra la violencia vicaria en Jalisco exhibieron a los progenitores de sus hijos e hijas, quienes durante algunos años  -incluso, en algunos casos, desde antes del nacimiento de las y los menores de edad-, se han negado a cumplir con sus responsabilidades afectivas, de cuidado y económicas.

Acompañadas de Diana Luz Vázquez, quien denunció al megáfono que “los deudores alimentarios también son agresores” presentaron este martes la iniciativa de la #LeySabina, un conjunto de reformas que pretenden sancionar estas conductas que son consideradas por las defensoras una forma de violencia económica hacia las mujeres y en contra de los derechos de las infancias y adolescencias.

Diana Luz Vázquez es madre, activista e impulsora de esta ley que lleva el nombre de su hija: Sabina. La iniciativa nace de su experiencia y de reconocer que, como ella, había miles de mujeres que se enfrentan a la indiferencia y omisión de los padres de sus hijos en el cumplimiento de sus responsabilidades como progenitores.

“Jalisco es un estado muy importante, tiene una gran cantidad de mujeres, calculamos más de 250 mil son jefas de familia, romantizadas, porque en realidad se trata de 250 mil padres ausentes y que hay que visibilizarlos y señalarlos” afirmó en entrevista.

Las historias de estas mujeres que salieron a tomar las inmediaciones de la Plaza Liberación en Guadalajara están atravesadas también por la violencia vicaria y es que, Diana Luz recordó que los deudores alimentarios se llegan a convertir en agresores vicarios. En ese sentido, calculó que el 80% de los agresores vicarios son deudores de pensión alimenticia, “que con tal de no pagarle a los hijos los sustraen y cometen otro tipo de violencias” detalló.

Entre los rostros que fueron exhibidos en el tendedero se encuentran funcionarios públicos estatales y municipales a quienes se les señala de incumplir con el pago de pensiones alimenticias.

Por ello, juntas presentaron a la diputada Dolores López Jara esta iniciativa que ya fue aprobada en lo federal y que, entre sus principales logros está la creación de un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, también llamado por las activistas “Registro Nacional de Deudores Alimentarios”. Estas reformas a diversas leyes consideran una serie de restricciones en el ejercicio de derechos civiles para los progenitores que incumplan con sus obligaciones económicas.

Sobre todo, para garantizar los derechos de las infancias a una vida digna, a la educación, a la supervivencia y al desarrollo integral.

Diana Luz consideró que llevar el tendedero a Jalisco y presentar la iniciativa al congreso estatal tiene como uno de sus fines principales: impulsar la creación de un registro estatal de deudores que contribuya a nutrir la base de datos nacional “aunque a nivel nacional hace tres días se aprobó un Registro Nacional de Deudores, no tendrá operatividad si no se cuenta con los registros estatales”.

Con ello, añadió la relevancia de que éste sea público, y consideró que, si bien, en el estado se cuenta con un registro desde el año 2019, “no sirve de nada tenerlos ocultos, tenemos que saber quiénes son, tenemos que saber en qué trabajan, si quieren ser candidatos de algún puesto público”.

“Si no tenemos un registro, no se podrán garantizar las otras acciones que contempla la ley. El listado es fundamental” agregó.

El equipo de comunicación social de la diputada López Jara, recordó que desde julio de 2019 el Órgano Técnico de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género del Congreso de Jalisco -el cual preside la legisladora- ha trabajado junto al Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios en “un proyecto de reforma legal para ampliar los alcances que tiene el padrón que ya existe en la entidad”.

La propuesta también reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Registro Civil, del Código Civil, del Código Penal y de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y transporte.

Este Registro Nacional que estará a cargo del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, así como de los Tribunales de Justicia, -quienes tendrán que proporcionar los datos de las personas que en sus expedientes aparezcan como deudores alimentarios. Así mismo, toda autoridad, municipal, estatal o federal, deberá requerir -como requisito para realizar ciertos trámites- un certificado de no inscripción a dicho registro.

Este será obligatorio para: la emisión de pasaportes o documento de identidad o viaje, licencia de conducir, incluso, solicitudes para contraer matrimonio ante el Registro Civil y hasta la candidatura a puestos de lección popular o para convertirse en autoridades judiciales locales o federales, en congruencia con la ley 3 de 3.

 “Hemos entendido que la visibilización, es decir, de verse en un listado público les inhibe el ejercicio de la conducta, pues buscan no estar en ese listado” dijo Diana Luz.

Otra de las consideraciones más importantes de la #LeySabina es: considerar como un delito el abandono de una mujer embarazada: “un hombre que abandona a una mujer embarazada se considere un delito y que se sume esa multa al proceso de pensión alimenticia acumulativo. El abandono, más allá de la negación del pago del parto, genera un efecto emocional. Abandonar a una mujer embarazada debe de ser normal y para que deje de ser normal hay que tipificar la conducta”. La pena podría ir de un mes hasta cuatro años.

Se prevé que la Dirección del Registro Civil celebre convenios con sociedades crediticias con el fin de proporcionar la información de este registro de deudores para que se solicite su inscripción al Buró de Crédito.

Además, en caso de que el deudor alimentario deje de cubrir sin causa justificada sus responsabilidades económicas durante un periodo de noventa días, la autoridad competente deberá aviso a las autoridades migratorias para que se le restrinja su salida del país, en conformidad con el artículo 48, fracción VI de la Ley de Migración.

Esta propuesta resulta de reconocer que son muchos los progenitores que, para evadir sus responsabilidades, deciden huir del país. Estos casos son igual al número de madres y mujeres que, como Denisse García se enfrentan a luchar contra de los padres de sus  hijas e hijos, así como de las dependencias que por la falta de una legislación que sancione estas conductas, incurren en actos de omisión y negligencia.

“Ha sido toda una odisea este proceso con el papá de mi niña” relata Denisse, quien decidió colocar el nombre y rostro del padre de su hija en el tendedero de deudores alimentarios. Ella, se enfrentó al abandono y rechazo de este hombre que “en cuanto supo que estaba embarazada dijo adiós”, dejándola con cinco meses de gestación para huir a los Estado Unidos.

En el proceso dice haberse enfrentado a “un sistema que parece que está a favor de los padres irresponsables, en lugar de las y los niños”:

“Cuando acudí, sin conocimiento, porque jamás esperas vivir esto, iba de una dependencia a otra: recorrí toda Ciudad Niñez, el Centro de Justicia para las Mujeres, el DIF, de ninguna institución he recibido apoyo, al contrario, todavía, como era pandemia cuando empecé todo esto, uno de los abogados que me recibió me dijo: “eso que se va a gastar en un abogado, mejor déselo a su hija”.

Denisse cree que la estrategia institucional es “hacer todo tan cansado para que te detengas”, así que sólo le quedó hacerlo por cuenta propia. El resultado no fue mejor. Recibió más violencia y rechazo de la familia paterna, luego, incluso, de haber confirmado con una prueba de ADN que sí era su hija: “se la hizo la abuela paterna, salió positiva y todavía me dijo “demándame por los 200 pesos que le tocan a tu hija”. Fue muy triste y frustrante para mí. Se refirió a mi hija como a un niño al que odia”.

Finalmente, el padre accedió a hacer un pago mensual, como si se tratase de un acto de “buena voluntad” y no su obligación legal. Comenzó dando “lo que quiso” dice Denisse, una cantidad que resulta de la división de los gastos de leche, pañales y guardería -aunque estos no sean los únicos-. 2 mil 500 pesos y la mitad de la colegiatura del kínder, nada más.

Sin embargo, explica que este hombre decide de manera indistinta transferir o no este recurso que se comprometió a dar, violentado económicamente a su hija y a Denisse. La última vez, lo hizo como un “castigo”.

Cansada, en febrero decidió hacer público su caso y ahora está siendo acompañada por colectivas y una defensa legal. Asegura que de lo “único que se arrepiento” es de no haberlo hecho antes y reclama a todas aquellas autoridades que decidieron ignorarla:

“Yo estoy muy molesta con las dependencias que me dijeron “no podemos” o “no depende de nosotros” porque no solamente nos están revictimizando al hacernos pasar por todos estos procesos, al no buscar una forma de apoyarnos, sino simplemente deslindarse”.

Más allá de ser un acto de buena voluntad, los Congresos del país, incluido el de Jalisco, tienen la responsabilidad de homologar estas reformas en cada una de las entidades en un periodo de 120 días posterior a la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

De esta manera, Nancy Castañeda, vocera de Las Paritaristas recordó que al ser una iniciativa que fue entregada a una de las diputadas que conforma “la bancada de mujeres” -mayoría en el congreso-, sólo se necesita “voluntad política” y que una legisladora o legislador más se sume con su voto de anuncia para que sea una realidad la #LeySabina en Jalisco: “con una o uno de ustedes todas las niñas y los niños de Jalisco podrían garantizar sus derechos” apuntó.

Por su parte Diana Luz, hizo un llamado a las y los legisladores del Congreso de Jalisco para que aprueben esta iniciativa y aseguró que esta es la única manera de “inhibir esta conducta”:

“Hacemos un llamado a las y los legisladores del Congreso del Estado de Jalisco a que aprueben Ley Sabina, para sancionar a los deudores alimentarios, irlos cercando en sus derechos civiles para que puedan cumplir con la pensión alimenticia” concluyó.

Esta nota fue publicada originalmente en ZONA DOCS, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original