La Unidad “Mujeres Seguras” adscrita a la Secretaría de Seguridad de León Guanajuato dista mucho de atender a cabalidad la creciente violencia de género, desde su creación adolece de fallas y sus elementos frecuentemente acaban revictimizando a las denunciantes*

Texto: Melissa Esquivias Tw: @esquiviases9 / POPLab

Ilustración: Pinche Einnar

GUANAJUATO.- Frases estigmatizantes que las culpan por permanecer en un entorno de violencia, indiferencia ante la desprotección luego de una agresión, conciliaciones no solicitadas con quienes momentos antes vulneraron sus vidas. Éstos son los escenarios a los que las víctimas de violencia de género están expuestas al hacer un reporte al 911 y ser atendidas por la unidad especializada Mujeres Seguras, de la Secretaría de Seguridad Pública de León.

El reto que enfrenta esta unidad es grande. Durante los primeros 9 meses de 2022, delitos como la violencia intrafamiliar y la violación tuvieron incrementos del 1.05 y 6.8 por ciento respectivamente. No obstante, los elementos encargados de brindar la atención y el acompañamiento primario a las víctimas llegan a ser asignados por los mandos a manera de castigo, lo cual desincentiva su labor y repercute en la idónea aplicación del protocolo.

A ésto se suma la falta de seguimiento de las capacitaciones que reciben las unidades, en su mayoría brindadas por el Instituto Municipal de la Mujer y el Instituto de la Mujer Guanajuatense.

Aunque desde 2013 en el municipio existe el Protocolo de Actuación y Protección para las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, los sesgos machistas y las profundas masculinidades que son parte de una corporación policial han podido más que decenas de capacitaciones impartidas a los elementos desde el trienio de Bárbara Botello Santibáñez.

En un estudio publicado en septiembre pasado por la consultora Ana Leticia Hernández Vélez, la socióloga plantea que la influencia de la hipermasculinidad -traducida a conductas machistas y misóginas- marca la diferencia en la atención que reciben las víctimas de violencia de género por parte del primer respondiente al reportar una agresión. El estudio se centra en la corporación leonesa, a cargo del Secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona y el director Jorge Guillén Rico, ambos ocuparon sus cargos durante el segundo trienio del panista Héctor López Santillana.

El primer grupo especializado en atender casos de violencia de género en la policía de León fue creado durante el primer trienio del exalcalde Héctor López Santillana con el objetivo no sólo de brindar atención como primer respondiente, sino de dar un acompañamiento integral desde una denuncia en el Ministerio Público hasta canalizar a las víctimas al Instituto Municipal de la Mujer. Para su arranque, en julio de 2018, la unidad operó con 56 elementos.

Mirna fue víctima de violencia de género por parte de su expareja meses atrás. La mujer reportó la agresión al sistema de emergencias 911 momentos después del ataque. “El problema viene desde la atención primaria, que en este caso son ellos, es deficiente, lo demás es una bola de nieve”.

Tras ser agredida físicamente por “N”, Mirna intentó tres veces recibir auxilio a través del 911. La primera llamada no entró al sistema, la segunda sí, pero su agresor logró tomar el teléfono y colgar. La tercera vez, la mujer dio toda la información que se requiere ante éstos reportes, que debe incluir una detallada narración de lo que sucedió, sin embargo la unidad no se presentó.

Una cuarta llamada fue hecha por un guardia del fraccionamiento a quien Mirna pidió apoyo. La unidad tardó una hora en llegar, y aunque la joven tenía lesiones visibles, los dos policías la llevaron al domicilio del agresor, donde estuvieron cerca de otra hora tocando la puerta para encarar al sujeto, pero éste no salió. Transcurrieron otros cuarenta y cinco minutos para que llegara la unidad especializada en atención a víctimas de violencia de género, compuesta por una policía y un policía varón.

Aunque el protocolo expresamente obliga a los respondientes a acompañar a la víctima al ministerio público a presentar una denuncia si lo desea, el policía varón le aconsejó a Mirna no ir hasta el día siguiente, pues había bebido un par de cervezas horas antes. También omitieron canalizar a la víctima con el Instituto Municipal de la Mujer o llevarla al hospital más cercano para recibir atención médica, como lo indica el protocolo.

“Cómo es que la patrulla especializada no me quiere llevar a denunciar. La unidad que se supone que debía llevarme al MP por una excusa tonta. Después supe que en la condición en la que estés tienen que llevarte. Yo tuve que ir al día siguiente al MP”.

Los elementos del grupo Mujeres Seguras también fueron omisos con presentar su informe ante el Ministerio Público, luego de que Mirna acudió por sus propios medios a denunciar a su agresor. Ésto le costó a la víctima el estancamiento de la investigación, pues no tiene cómo comprobar la agresión. “Fueron los policías los que me vieron golpeada, ahora tengo dificultad para demostrar la agresión”.

De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva elaborado por el Observatorio Ciudadano de León, de enero a septiembre de este año, el delito de violencia familiar tuvo un incremento del 1.05 por ciento respecto a 2021. La estadística se basa en las carpetas de investigación abiertas en el Ministerio Público y representa un pequeño porcentaje de los reportes al 911 que se reciben por este delito.

En 2021, ingresaron al sistema de emergencias 26 mil 78 reportes por violencia de género, de los cuales sólo 2 mil 227 se convirtieron en una denuncia ante la Fiscalía estatal. En 2022, los reportes por este delito superan a la cifra global del año pasado, con 34 mil 062 de enero a octubre.

“Como que debes estar casi muerta para que te pelen, yo estaba golpeada, tenía sangre en el rostro y en el cuello, pero creo que no fue lo suficientemente sangrienta para que ellos le dieran importancia. Al final quieren hacerte desistir de que denuncies, no toman en serio la agresión “venimos, pero no estás muerta, qué flojera llevarte hasta allá”, señaló Mirna.

Actualmente, la unidad especializada para atender reportes de violencia de género en la SSPyPC de León está integrada por 132 policías de los 999 que forman parte de la corporación. Pero la asignación de elementos a Grupo Especial Mujeres Seguras por parte de los mandos policiales no se basa en criterios específicos de idoneidad para dar atención a las víctimas de este delito. En cambio, testimonios internos a la corporación plasmados en el estudio de Ana Leticia Hernández, afirman que los policías son asignados -en muchos casos- a modo de sanción o “castigo” por alguna falta.

Según el estudio, basado en testimonios de siete policías de León “las tareas como atender la violencia familiar y conflictos de pareja aparecen a los ojos de hombres y mujeres como tareas secundarias que desvirtúan el quehacer policial, que es combatir la delincuencia”. El ser enviados a la unidad Mujeres Seguras para algunos elementos puede compararse con el ser retirados del trabajo de campo para ser colocados en labores administrativas dentro de la corporación. Estas tareas también suelen ser asociadas negativamente con lo femenino.

Otro aspecto es la complicidad entre varones que existe de los policías para con los agresores. De acuerdo con dos testimonios incluidos en el estudio, al atender reportes por violencia de género los uniformados “sienten empatía con el hombre”.

Este medio solicitó al municipio de León y al secretario de seguridad Mario Bravo Arrona conocer los criterios por los cuales los policías son asignados al grupo Mujeres Seguras, pero al cierre de este texto la información no fue entregada ni por el vocero municipal, ni vía transparencia. La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Mónica Maciel Méndez se negó a dar una postura a esta reportera acerca de la participación de la paramunicipal en la creación y seguimiento de esta unidad.

Un problema de estructura

En la experiencia Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, uno de los obstáculos radica en la verticalidad de la corporación, y argumentó que aunque los uniformados estén capacitados para atender casos de violencia de género, las instrucciones de los mandos se anteponen al criterio de los policías.

“¿Cuál es el problema? La mayoría de los policías lo dicen, sus mandos. Si los mandos no están de acuerdo y en lugar de acompañar obstaculizan el trabajo, pues no va a pasar, pues además esta institución es sumamente vertical, entonces es muy complejo tratar de hacer un trabajo político coordinado y diferente en una institución súper vertical, súper jerárquica.

Si no cambia toda estructura entonces me parece que estamos a contracorriente intentando hacer algo diferente en una estructura que es todo lo contrario”.

En 2019, Verónica Cruz participó y dio acompañamiento en el pilotaje en la creación de una unidad especializada en atención a casos de violencia de género en San Miguel de Allende, el programa fue exportado a otros municipios, entre éstos León. En diciembre de 2021, elementos del Grupo Mujeres Seguras participaron en una clínica para policías municipales donde los elementos con mejores resultados compartieron sus experiencias “caso por caso” y expusieron las situaciones más complejas que atendieron.

Con base en estas experiencias, la activista aseguró que en muchos casos, la cultura policial – en la que prevalecen las hiper masculinidades- puede tener cambios significativos. Sin embargo, la falta de criterios para seleccionar a los policías que integran las unidades especializadas permite que los mandos elijan de manera arbitraria, incluso a manera de sanción.

Otro obstáculo que fue advertido por los uniformados es la falta de voluntad y coordinación de instancias como los ministerios públicos, DIF municipal e Institutos de las Mujeres por dar continuidad al acompañamiento de las víctimas.

“Creo que al principio sí tuvieron ese filtro de que tuvieran esas características, pero luego nos fuimos enterando por personas con las que trabajamos de manera cercana y que hacían un excelente trabajo de acompañamiento, nos fueron contando éso, que los iban metiendo a la unidad como castigo, como de fuchi. Sabemos cómo son estos temas para la mayoría de la gente”, dijo.

Cruz Sánchez también cuestionó la falta de seguimiento de las capacitaciones y la aplicación del protocolo en el día a día de los policías que integran el Grupo Especial Mujeres Seguras. “Si tú capacitas a 50 y a los otros 100 no, o capacitas a 100 y ninguno puso atención, tampoco hay un seguimiento real. Pero la vida real es la vida real y si existen estos testimonios es porque las capacitaciones no están sirviendo”, advirtió.

Respecto a los protocolos municipales de atención a víctimas de violencia de género, Cruz Sánchez criticó que éstos son “refritos” de los protocolos nacionales que no son aterrizados a las problemáticas locales. Y sostuvo que no existe voluntad política en los municipios para dar continuidad a programas que mostraron avances durante periodos de gobierno determinados.

“En un trienio hay algo que funciona y luego nadie sabe en qué quedó, no hay políticas transexenales, no hay voluntad política por hacer políticas públicas efectivas en materia de prevención o atención”, concluyó.

*Esta nota fue realizad apor POPLAB, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leerla.