Chihuahua se suma a Puebla, Aguascalientes y Chiapas, entidades que presentaron un amparo para que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos seguros sin criminalización

Texto: Verónica Martínez / La Verdad

Foto: María Ruiz / Archivo Pie de Página

CIUDAD JUÁREZ.– El colectivo Marea Verde Chihuahua solicitó un amparo contra la regulación del delito de aborto, con la finalidad de que todas las mujeres y personas gestantes en la entidad tengan acceso a abortos seguros sin ser criminalizadas.

“La prohibición del aborto autoprocurado y consentido (en el Código Penal de Chihuahua), así como los límites injustificados en el acceso al aborto en sus diferentes causales, son discriminatorios y una violación a los derechos humanos”, declaró el Grupo Informativo de Reproducción Elegida (GIRE), organización que acompaño a Marea Verde Chihuahua en la solicitud del amparo que se presentó el pasado 6 de junio en un juzgado de la ciudad de Chihuahua.

En este año, las entidades de Puebla, Aguascalientes y Chiapas también se han sumado a esta iniciativa de presentar amparo para que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos seguros sin criminalización.

Los amparos presentados se apegan al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de septiembre del año pasado, en el que se declaró inconstitucional la criminalización del aborto y el uso del derecho penal para prohibirlo.

“Confiamos en que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación guíen las decisiones de las y los juzgadores de las entidades donde aún se penaliza el ejercicio de la autonomía reproductiva”, expuso GIRE en un comunicado de prensa.

El amparo ya formalmente admitido por el tribunal y se encuentra en proceso de análisis, compartió la asamblea de Marea Verde en Chihuahua.

En caso de ser concedido el amparo, los artículos 143, 144 y 145 del Código Penal de Chihuahua no tendrán efecto, dejará de existir el aborto como delito y se dejará de criminalizar tanto a las mujeres y personas gestantes que busquen el servicio como al personal médico que lo practique.

Con antecedentes positivos dictados por la SCJN en otros estados en materia del aborto como tema de salud y derechos humanos, Marea Verde Chihuahua espera una sentencia favorecedora próximamente, dijo Mariela Castro, vocera de la organización.

“Ya han sido muchas más piedras que se fueron sumando y ahorita ya hay muchos más elementos para emitir una resolución que acabe con la criminalización del aborto”.

Mariela Castro, vocera de Marea Verde Chihuahua.

Apuestan por los tribunales

A nueve meses de que la SCJN declara inconstitucional la criminalización y prohibición del aborto, muchas de las entidades en México no han armonizado sus códigos penales, como es el caso de Chihuahua.

A inicios de marzo pasado, en el Congreso del Estado de Chihuahua se presentó una iniciativa que busca despenalizar el aborto y actualmente se encuentra aún en espera para ser analizada por las comisiones de Justicia y la de Igualdad para su análisis. Activistas a favor del aborto y el derecho a decidir anticipaban que podrían pasar meses antes de que la iniciativa fuera discutida en el Pleno del Congreso.

“Acudimos a la vía del amparo porque sabemos que con el contexto político en Chihuahua no tenemos posibilidades legislativas para avanzar en ese sentido”, dijo Castro. “Además una de las cuestiones que nos puede favorecer en los tribunales, es que si un juez determina que no se puede criminalizar un aborto autogestionado, ya no necesitamos al Congreso.”

En diversas ocasiones, tanto partidarios del Partido Acción Nacional como la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, han portado pañuelos celestes que representan el posicionamiento pro-vida y se han pronunciado a favor de la familia y la protección de la vida a partir de la concepción.

En marzo, cuando se presentó la iniciativa para despenalizar el aborto, los diputados del PAN declararon en una conferencia de prensa que la propuesta de ley no sería aprobada mientras los panistas mantuvieran la mayoría en el congreso local.

En un periodo menor a un año, la SCJN ha dictaminado a favor de los derechos reproductivos en diversas ocasiones y varios congresos han generado políticas públicas para garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva.

A inicios de junio, el congreso de Guerrero incluyó el delito de la violencia obstétrica en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A finales de mayo, la SCJN reafirmo la obligación de los estados de cumplir con la NOM-046 cuando las mujeres, niñas y adolescentes sean víctimas de violencia sexual.

Hace apenas dos semanas el poder jurídico también invalido una porción del artículo 4 de la Constitución del Estado de Veracruz en la que se reconoce el derecho a la vida desde el momento de concepción. La suprema corte señalo que los legisladores locales “carecen de facultades para modificar el núcleo esencial del derecho a la vida” y que además esta regulación violaba otros derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes.

La prohibición del aborto autoprocurado y consentido, así como los límites injustificados en el acceso al aborto en sus diferentes causales, son discriminatorios y una violación a los derechos humanos. Con esta estrategia se busca que a ninguna mujer o persona gestante, ni al personal de salud, se les criminalice por aborto, manifestó GIRE.

*Esta nota due realizada por LA VERDAD, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.