Hace cinco meses la Secretaría de Economía, la Secretaría de Seguridad Pública y la extinta Subsecretaría de Minería anunciaron la creación de una mesa nacional de seguridad para proteger operaciones mineras de delincuencia organizada; las comunidades rechazan la protección a una industria que les despoja y contamina sus territorios

Texto: Redacción Chiapas Paralelo

Foto: Gobierno de México 

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) emitió un comunicado al Gobierno Federal en el marco de la inauguración de la primera generación de 118 policías al Servicio de Protección Federal (SPF), quienes, equipados con fusiles de asalto, se encuentran encomendados en garantizar la seguridad a las instalaciones mineras.

Enfatizaron en que una policía de élite para proteger los intereses de las grandes corporaciones mineras no solo es un insulto para el país, sino para los pueblos que se ven despojados de sus territorios, con comunidades enfermas y contaminados sus ríos. Comunidades con desplazamiento forzado ya sea por las mineras o por el crimen organizado producto de esta.

En el documento emitido por REMA fue publicado el día 1° de octubre, destacan que la minería despoja, deforesta, no paga impuestos, incumple contratos con los campesinos e indígenas, además, está involucrada en la violencia y crímenes como el de Mariano Abarca o Bernardo Vázquez, por lo que es considerada como crimen organizado de parte de las empresas extranjeras.

La minería (…) contamina irremediablemente cuencas como el Río Sonora en total impunidad, deja población enferma, fulmina suelos, no aporta a la economía local más que miseria y pobreza, y sin embargo es para el gobierno ‘una industria clave para el desarrollo del país y para su economía’ por lo que es necesario que con recursos del pueblo mexicano se le otorgue seguridad por ser una prioridad, destaca la REMA.

Señalaron que un pueblo que paga impuestos, genera economía y es víctima de actividad minera que depreda territorios e incumple contratos también merece tener un equipo especializado para protegerse de las empresas mineras trasnacionales.

Finalmente, REMA rechazó la creación del cuerpo policiaco destinado a la protección de los intereses de dichas corporaciones, en la que señalaron que éstas han causado daño al país, por lo que repudiaron la utilización de los recursos públicos para ser destinarlos al cuidado de quienes saquean, contaminan, destierra, enferman y matan a las comunidades más pobres.

Este trabajo fue publicado originalmente en CHIAPAS PARALELO que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.

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