Comunidades mayas de Mérida y Umán se organizan contra la expansión de bancos de material pétreo vinculados a la construcción del Tren Maya. Denuncian explosiones, contaminación, enfermedades respiratorias y daños ambientales, mientras enfrentan disputas legales, intentos de criminalización y una red de complicidades que facilita la privatización de tierras ejidales

Texto: Camilo Ocampo

Foto: Cortesía de Jaltún

CIUDAD DE MÉXICO. — Para los pueblos mayas ubicados en Mérida y Umán, las nubes de polvo y las explosiones se han vuelto parte de su vida cotidiana. Junto con las afectaciones que esto conlleva, también son testigos de cómo, poco a poco, en nombre del progreso y la minería, sus tierras son dinamitadas. En el lugar donde antes había fauna y vegetación, hoy quedan enormes huecos de donde se extraen materiales para construir grandes hoteles, residencias y megaproyectos.

Para las comunidades cercanas al Tren Maya, el inicio de su construcción no significó progreso: fue el comienzo de un proceso extractivo sumamente violento y de la proliferación de bancos de material pétreo, o canteras. Tan solo de 2018 a 2025 se aprobaron 60, de los cuales 10 se ubican en el municipio de Umán, y 326 en el resto de Yucatán, aseemos de Campeche y Quintana Roo.

Sobre esto, Alberto Velázquez, integrante del centro de derechos humanos Utsil Kuxtal, en entrevista para Pie de Página, explica cuáles han sido las afectaciones detectadas y cómo las comunidades han comenzado a organizarse para frenar el avance de los proyectos mineros.

Y explica:

«La proliferación de bancos de material pétreo implicó que las comunidades se tuvieran que organizar, debido a que identificaron afectaciones directas. Comenzaron a escuchar las explosiones que utilizan para deshacer los bancos de material; vieron los daños y afectaciones a la infraestructura. A raíz de eso empieza un proceso de denuncia que nosotros acompañamos, aunque en algunos casos ya había procesos iniciados. Actualmente son aproximadamente 10 comunidades las que se están organizando».

El proceso de organización ha dado como resultado la conformación de la Red de Pueblos contra la Minería, desde donde las comunidades mayas de Xcucul Sur, Tebec, Hotzuc, Yaxcopoil, San José Tzal, Ticimul, Noc-ac, Cheumán, Petecbiltún y Texán Cámara, junto con otras, denuncian las problemáticas y buscan soluciones basadas en la resistencia.

Sobre las problemáticas, Alberto menciona:

«Hablamos de diferentes cosas. Primero hay que decirlo: este es un tema socioambiental; ya no podemos separar lo ambiental de lo social. Implica la deforestación, el desplazamiento de la fauna —hemos documentado cómo se han desplazado distintos tipos de serpientes—, también la erosión del suelo, la contaminación del manto freático y la alteración del suelo fértil».

Todo esto se debe a que las empresas dinamitan para extraer material: lo hacen hasta que topan con agua. En algunas ocasiones, aunque tengan determinados metros de excavación concesionados, exceden esos límites.

Con respecto a la parte social, menciona que la contaminación por residuos sólidos es notoria.

«Hay enfermedades respiratorias. En estas comunidades siempre hay pequeñas nubes de polvo, porque todo el día pasan los volquetes y hay bancos de material que están a 200 metros de la comunidad. En épocas de bastante viento, ese polvo provoca enfermedades respiratorias».

El estrés de la minería

Junto con las enfermedades respiratorias, los problemas relacionados con la salud mental también forman parte de las consecuencias que ha provocado este tipo de minería.

Alberto menciona:

«El estrés provocado por las explosiones también afecta la salud mental de los niños y las niñas que viven en esa zona. Cuando vas en carretera y escuchas una detonación te espanta, y estarlo escuchando constantemente también termina afectando».

Sobre esto existen diversos estudios que prueban la relación entre la minería que utiliza dinamitación y el estrés crónico, la ansiedad y los trastornos del sueño provocados por el ruido, las vibraciones y el miedo a accidentes, algo que afecta a las personas que residen en zonas aledañas y también a quienes realizan estas actividades.

Y agrega:

«Muchas de las comunidades solo tienen una entrada y una salida que están invadidas por maquinaria, y eso también provoca un tránsito distinto. Por ejemplo, en Yucatán es muy común transportarse en mototaxi. Subir los puentes por donde pasa el Tren Maya, atrás o adelante de los tractores, también se ha vuelto un problema. No respetan los límites de velocidad y esas son parte de las quejas que los habitantes han hecho».

La lucha ejidal por la tierra

Mientras algunos ejidatarios se oponen a que continúe la expansión de los proyectos mineros en la zona, también existe una red de complicidades que ha favorecido la explotación y privatización de la tierra.

Para entender mejor el panorama, Alberto menciona:

«En Yucatán, las tierras ejidales se dividen en dos tipos: suelo parcelado y suelo de uso común. Muchas veces lo que se ha visto en las zonas cercanas a los pueblos en desarrollo, como Mérida, son una serie de ilegalidades. La prensa local lo llama “mafia agraria”, y es la complicidad entre comisariados ejidales e instituciones como la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional. Se ha documentado que existen actas y asambleas fantasmas en las que se hace el cambio de uso de suelo de área de uso común a parcelada; se asigna un usufructo y se reconoce a gente que no pertenece a la comunidad. Se ponen los sellos y se da por realizada».

Y agrega:

«Esta red ha permitido la explotación de la tierra que antes era propiedad social. Muchas veces los ejidatarios no están completamente informados. El modelo ejidal es algo extraño en Yucatán y se ha convertido en un grupo de poder que controla la tierra. Antes de la reforma salinista se tenía la idea de que la tierra de uso común era de todo el pueblo y la parcelada de los ejidatarios; pero, a raíz de los cambios, también se han ido privatizando».

Xcucul Sur y la resistencia

Uno de los casos que ejemplifica este conflicto ocurre en Xcucul Sur. Un banco de material pétreo comenzó a operar bajo la empresa Proser, S. A. de C. V., pero en 2022 fue suspendido debido al uso de explosivos que no estaban contemplados en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). A finales de 2024 la mina reabrió bajo la administración del grupo Zamudio, lo que provocó nuevas denuncias ciudadanas ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que derivaron en clausuras e inspecciones por parte de distintas autoridades, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional.

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Ante la reapertura, comunidades y defensores del territorio presentaron un juicio de amparo contra las empresas involucradas y contra autoridades ambientales como la SDS, la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El Juzgado de Distrito en Mérida concedió una suspensión definitiva que obligó a las autoridades a clausurar la mina. Sin embargo, en enero de 2026 el juez determinó que dichas clausuras eran suficientes, sin ordenar la cancelación de los permisos ni la reparación por los daños ambientales y las afectaciones a derechos como la vivienda y la salud, por lo que las comunidades interpusieron un recurso de revisión.

A la par del proceso legal, pobladores de Xcucul Sur denuncian intentos de criminalización contra quienes se oponen a la minería. Algunos defensores del territorio han sido citados ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán tras la apertura de carpetas de investigación por sus denuncias. Mientras tanto, otras comunidades de la región —como San José Tzal, Texán Cámara, Tebec y Yaxcopoil— también han presentado quejas ante autoridades ambientales por deforestación, uso de explosivos y daños al patrimonio natural y arqueológico provocados por la expansión de los bancos de material pétreo.

Mientras tanto, las afectaciones continúan y los grandes huecos de tierra van ganando terreno. Sin embargo, la lucha de las comunidades mayas parece una luz al final del camino.