Se denuncia la agresión armada contra integrantes de la organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal y habitantes de la comunidad de Tzajalch’en, en Chenalhó. Alertan sobre la creciente violencia e impunidad en los Altos de Chiapas

Texto: Laura Buconi

Foto: Isabel Mateos / Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. — A raíz de un historial de violencia en la zona, la comunidad de Tzajalch’en e integrantes de Las Abejas de Acteal han sido víctimas de amenazas e incriminaciones por parte de las autoridades estatales. En un pronunciamiento conjunto del día 11 de junio, denunciaron ataques armados, presencia de grupos armados vinculados a la delincuencia organizada —en complicidad con estructuras gubernamentales—, intervención estatal sin garantías, bloqueos intencionados y criminalización de líderes comunitarios.

“Estamos en un punto de quiebre: los actores de la delincuencia organizada están empezando a tener un papel muy protagónico en el territorio de Chiapas”, señala Pedro Faro, coordinador del área de sistematización e incidencia del Frayba, en entrevista con Pie de Página.

Ataque armado del 8 de junio

Según el pronunciamiento, el pasado 8 de junio, en la comunidad de Tzajalch’en, Chenalhó, disparos impactaron el techo de la cancha de basquetbol y el atrio de la iglesia mientras se realizaban reuniones comunitarias. No hubo afectados, pero se diseminó un clima de miedo e incertidumbre. Minutos después, hombres armados ingresaron a la comunidad, aumentando el clima de hostigamiento.

“La llegada de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano no brindó seguridad”, reporta el pronunciamiento: 

“En lugar de investigar a los grupos agresores, se escucharon más detonaciones”.

Esa misma noche, la comunidad reportó que los grupos armados talaron árboles para obstruir el camino entre Tzajalch’en y los poblados cercanos, restringiendo la movilidad y encapsulándolos.

Al día siguiente, el 9 de junio, la Fiscalía Indígena de los Altos de Chiapas —a cargo del licenciado Lorenzo López Méndez— y elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal llegaron a la comunidad de Tzajalch’en para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Detuvieron a un compañero de Las Abejas de Acteal y a la autoridad rural de Tzajalch’en, y los acusaron falsamente de secuestro. Ambos fueron liberados tras horas de intimidación.

Un historial de violencia

La región de los Altos de Chiapas, relata Pedro Faro, cuenta con un largo historial de violencia. 

“En los años noventa, toda la región de los Altos fue un experimento de la contrainsurgencia. Hubo una ocupación militar y se cercaron las poblaciones para que no tuvieran vínculos con el EZLN. Fue un periodo muy álgido de desplazamientos forzados; contabilizamos más de seis mil personas desplazadas en la época de los noventa, paralelamente a la creación de grupos paramilitares vinculados al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Cardenista”, recopila el integrante del Frayba.

Este clima de tensión culminó el 22 de diciembre de 1997 con la masacre de Acteal. Posteriormente, según la labor de monitoreo del Frayba, “se generaron sucesores del paramilitarismo y, en diferentes momentos, surgieron expresiones violentas; en 2017 se reactivaron grupos paramilitares y hubo un asedio a comunidades en Aldama” (un municipio de los Altos de Chiapas).

Desde 2021, se acentuó aún más la presencia de grupos paramilitares y del crimen organizado en la zona. El grupo más conocido es “Los Herrera”, que tuvo varios enfrentamientos contra el grupo de autodefensa “El Machete”. Por el historial de violencia en la zona, las comunidades alertan sobre el riesgo de una masacre del pueblo tzotzil por parte del crimen organizado.

Las causas del más reciente ataque

“Los hechos del 8 y 9 de junio son situaciones que devienen de todo ese contexto, favorecido por una situación de impunidad, de inacción del Estado, de un vacío de gobernabilidad. Estos últimos días, Los Herrera han estado sembrando el terror en la población, y esto se debe a que las comunidades están retomando su aplicación colectiva de construcción de paz, en respuesta a la creciente ola de violencia y de penetración de estos grupos de la delincuencia, que viene con todos sus negocios”, explica Pedro Faro.

Y añade:

“Los negocios del crimen organizado en las comunidades son el tráfico de armas, el robo de autos, la trata de personas y, algo que no habíamos visto antes como ahora, el narcomenudeo. De cristal y cocaína, específicamente, que han generado una destrucción de la comunalidad y de las redes comunitarias por todos los impactos que generan en la producción agropecuaria. Es un fenómeno que destruye a familias y comunidades”.

Por estas razones, la comunidad de Tzajalch’en empezó a tomar acción y retuvo a una mujer que vendía sustancias en la zona. Afirman que, a raíz de ese momento, se verificó el ataque del 8 de junio. Desde 2021, se ha denunciado la presencia e incidencia cada vez más intensa del crimen organizado en la comunidad, pero “las autoridades han hecho un vacío y han dejado que la comunidad se las arregle como pueda”, concluye Pedro Faro.

Las comunidades exigen garantías de seguridad

El pueblo tzotzil, Las Abejas de Acteal y la comunidad de Tzajalch’en, Chenalhó, exigen a las autoridades que cesen de inmediato “la intimidación y criminalización de las comunidades que defienden la paz y la justicia”. Piden que haya investigaciones reales que lleven al desmantelamiento de los grupos armados vinculados a la delincuencia organizada, que operan en la región con total impunidad.

Los gobiernos estatal y federal deben asumir su responsabilidad en la protección de la vida y la paz en esos territorios.