Más de 300 organizaciones, comunidades y ciudadanía solicitaron la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para proteger los derechos de la comunidad maya de Chapab, afectada desde el 2017 por la instalación, sin consulta previa, de una mega granja porcícola

Texto: Astrid Arellano / Mongabay Latam

Fotos: Robin Canul y Cortesía de Kanan

YUCATÁN. -Desde que una enorme granja de cerdos se instaló sin su consentimiento cerca de la comunidad indígena maya de Chapab, en Yucatán, la pestilencia no deja vivir a sus habitantes. Las moscas están en el aire que respiran día y noche. Sus casas, que hasta el año 2017 permanecían con las ventanas y puertas abiertas, ahora raramente lucen así. El olor a excremento invade el ambiente. Todo empeora con el calor. La gente se encierra en el sofoco de sus paredes, incluso cuando las temperaturas superan los 30 grados centígrados.

“Se empezaron a enfermar los chiquitos, los niños, también personas grandes. Les empezó a dar diarrea, vómito. El olor empieza de madrugada. Cuando está amaneciendo, a las cinco o seis de la mañana los chamacos despiertan con el olor de la granja. Desde que empezó a funcionar, empezó a dar problemas, porque está como a un kilómetro, está cerquita”, narra Luis Ysmael Salazar Teh, comisario ejidal de Chapab.

El agua ya no es la misma, dice, porque a los niños les saca ronchas en la piel y, por las mañanas, han visto peces muertos a la orilla de las lagunas. “Yo creo que es por la contaminación, no puede ser que se mueran solos”, se lamenta. Los ejidatarios ahora ni siquiera pueden cosechar sus milpas, porque no dan frutos sanos. Las plantas se secan, mientras que la presencia de hongos en los cítricos, como las naranjas y las toronjas, se ha hecho cada vez más visible. Algunas personas, incluso, han tenido que vender sus tierras.

El caso de esta comunidad es sólo uno de muchos en el estado de Yucatán, al sureste de México. Organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que, desde hace casi dos décadas, más de 200 granjas para la producción masiva de cerdos operan en todo el territorio de Yucatán, incluidas tierras indígenas y campesinas. La cifra fue confirmada, e incluso superada en marzo del 2023, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través de un dictamen ambiental que dio la razón a las denuncias. Aún así, no se ha logrado detenerlas.

Al menos diez pueblos mayas cuentan con diversos procesos de defensa, pues la presencia de la industria porcícola ha causado afectaciones no sólo a la salud, sino a las reservas de agua, la agricultura tradicional y el control del territorio, según documentó el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), asociación no lucrativa que acompaña e impulsa a comunidades en la gestión sostenible de los territorios rurales.

Por ello, desde diciembre del 2023, ejidatarios y pobladores de la comunidad de Chapab —tras varios juicios desechados a nivel local— han lanzado una solicitud puntual: que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga su caso, logre una consulta indígena y expulse a la granja de su territorio. En enero del 2024, más de 300 organizaciones, comunidades y ciudadanos firmaron la petición y se unieron a la demanda de Chapab.

Para el CCMSS, lograr acciones de la SCJN sentaría un precedente para controversias de otros proyectos extractivos que pretenden establecerse en las comunidades sin consultas previas, libres, informadas y culturalmente pertinentes.

Los impactos de las granjas de cerdos

La región de la Península de Yucatán, con sus más de 9.7 millones de hectáreas de selva, posee la segunda selva tropical más grande del continente, después de la Amazonía. También conforma la mayor recarga de agua en México. La condición del suelo cárstico le da a la región una configuración porosa que acelera los procesos de lixiviación y, con ello, la contaminación del agua. Por lo cual, de acuerdo con el CCMSS, la contaminación del manto acuífero y la pérdida de los ecosistemas forestales deberían ser temas de vital importancia para el gobierno mexicano.

Desde mayo de 2020, la organización Greenpeace presentó un informe donde denunciaba la rápida expansión de las granjas porcícolas en la Península de Yucatán. En ese entonces, identificaron que al menos 222 se encontraban en el estado de Yucatán, provocando la pérdida de 10 997 hectáreas de selva maya; además, 122 de ellas se instalaron en regiones consideradas como sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y 43 funcionaban dentro de Áreas Naturales Protegidas.

El 27 de marzo del 2023, la Semarnat divulgó los resultados que arrojó una serie de monitoreos realizados en Yucatán, un año antes, en las zonas que ocupan las mega granjas porcícolas y las áreas en donde tienen influencia territorial. Se trata de un informe que, además de señalar la geolocalización de 507 coordenadas correspondientes a posibles granjas porcícolas en 87 municipios de Yucatán y su Anillo de Cenotes, confirma la contaminación en agua, suelo y aire.

“Algo que nos parece importante de este diagnóstico, es que hizo una caracterización general sobre la operación de estas mega granjas y puso ‘en la misma canasta’ de las 507 granjas identificadas, a las actividades de traspatio de unos pocos cerdos que tienen las familias mayas. Eso es injusto, cuando sabemos que la problemática deviene de la existencia y operación de las mega granjas que concentran hasta 50 000 cerdos en una misma instalación, con manejos de excretas y de aguas residuales”, explica Sara Cuervo, ecóloga forestal y coordinadora regional del CCMSS en la Península de Yucatán.

Además, la especialista señala que, de acuerdo con las investigaciones del CCMSS, únicamente 18 mega granjas cuentan con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Las conclusiones que arrojaron las mediciones de la Semarnat fueron expuestas por su titular, María Luisa Albores, así como por expertos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

En su participación, Adrián Pedroza Acuña, experto del IMTA, señaló: “Primera conclusión irrefutable: sólo ver los cenotes aledaños a las granjas porcinas nos indica una presencia de nitrógeno amoniacal y fósforo asociable a esas mismas granjas. Una presencia que rebasa los límites permisibles establecidos en la norma. En algunas granjas (la concentración) es incluso hasta 10 veces mayor a esos límites”.

En ese sentido, Cuervo recuerda que la Semarnat “sólo hace recomendaciones”, pero no genera acciones vinculantes para atender de manera urgente los problemas de contaminación de agua y suelo. “Por ejemplo, recomienda a algunos municipios reducir el número de cerdos en las instalaciones de estas fábricas. Pero a partir de ese diagnóstico, no conocemos ni sabemos qué otras acciones se han realizado por parte de otras dependencias para atender la problemática identificada y descrita detalladamente”, asevera la experta.

Mongabay Latam solicitó información a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del gobierno del Estado de Yucatán, pero no se obtuvo respuesta hasta la publicación de esta nota.

La defensa del territorio

En 2019, las y los habitantes de Chapab crearon el colectivo Kanan Lu’um Moo —“cuidar la tierra”, en maya—, para denunciar las distintas irregularidades de una mega granja porcícola propiedad de las empresas Grupo Porcícola Chapab y Productora Pecuaria de Yucatán que, según dicen, se instaló sin su consentimiento y de la cual han documentado que tiene la capacidad de producir 48 000 cerdos por ciclo de producción, es decir, cada seis meses. Mongabay Latam también buscó las versiones de estas dos empresas, sin embargo, no se obtuvo respuesta.

En el mismo año, la comunidad se acercó a Kanan Derechos Humanos, asociación civil que los ha acompañado en el litigio estratégico de su caso desde entonces. Poco después, en el 2020, los ejidatarios encontraron una tubería de 300 metros que provenía de la mega granja y por la que se comenzaron a arrojar aguas residuales que desembocaban en sus tierras de cultivo.

“Se formó una laguna de agua con excremento. Estuvo varios meses ahí y, por lo que supimos a través de los trabajadores de la granja, fue porque la planta de tratamiento no estaba en función y se les hizo muy fácil lanzar el agua a la comunidad. Eso causó contaminación, árboles muertos, y el piso sumamente degradado”, explica Roberto Sánchez, abogado de Kanan Derechos Humanos.

Ese mismo diciembre, los habitantes y la asociación interpusieron una demanda de amparo en contra de esta operación. El caso fue admitido por la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, pero en marzo de 2021, un Tribunal Colegiado de Distrito resolvió en favor de la mega granja y lo desechó, revocando así la demanda y, con ello, las medidas que protegían los derechos de las personas.

La comunidad y las organizaciones que la acompañan, señalan al magistrado Jorge Enrique Eden Wynter de actuar en favor de las empresas en más de una ocasión, en distintos litigios de comunidades mayas también afectadas por esta misma industria.

El argumento para desechar la demanda presentada por la comunidad de Chapab, fue que no tenía validez “porque es extemporánea, ya que debieron demandar dentro de los primeros 15 días después del establecimiento de la mega granja”, según explican las organizaciones.

“Estos desechamientos que se han dado —que a las comunidades de Chapab y Sitilpech ya les sucedió en otras ocasiones— generan criterios que pueden ser utilizados en otros casos de granjas porcícolas o de otros megaproyectos, bajo la justificación de que las personas tendrían que demandar dentro de los primeros 15 días en los que se enteran de la construcción de un proyecto. Es un absurdo porque, con el hecho de que llegue un proyecto, no significa que en ese momento se va a evidenciar la contaminación que ya está generando”, explica Sánchez.

Por ello Chapab busca que la máxima autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atraiga su caso y que, a partir de una sentencia favorable, se logre una consulta para decidir el futuro de la granja y la comunidad.

“Que la Suprema Corte atraiga y analice el caso implica poner un alto y enviar un mensaje claro hacia las autoridades del propio Poder Judicial de que no pueden seguir actuando de forma arbitraria en contra de las comunidades”, agrega el abogado.

Kanan Derechos Humanos señala que la consulta indígena debería realizarse de acuerdo con las pautas constitucionales e internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y los estándares en materia de participación pública en temas ambientales y de autonomía que establece el Acuerdo de Escazú.

“Haciendo uso de un estándar que establece el Acuerdo de Escazú —el cual menciona que la participación en materia ambiental también tiene que ser durante los megaproyectos— la gente solicita la consulta en este momento, para saber si quieren la continuidad. La discusión implicaría analizar qué tan viable es ambiental y socialmente. Genera una discusión lo más objetiva y democrática en la comunidad y no una discusión sesgada y polarizada, que es lo que la granja trata de hacer”, dice Sánchez.

Para el comisario Luis Ysmael Salazar, es vital que el pueblo de Chapab pueda expresarse. La consulta indígena debe realizarse en una gran asamblea, en el centro de la comunidad.

“Queremos la consulta. Que la gente diga, de su propia boca: ‘no queremos la granja acá en el pueblo’. Porque nos utilizan, porque engañan a mucha gente diciéndoles que va a llegar mercancía o un poco de apoyo de maíz. Ojalá que alguna autoridad, un juez federal, el magistrado, nos tome en cuenta. Ojalá que el gobierno federal tome cartas en estos asuntos. Porque somos gente humilde y el granjero nos está humillando”.

Mientras la consulta ocurre, el colectivo Kanan Lu’um Moo se extiende hacia otras posibilidades de acción. Niños, jóvenes, mujeres y ejidatarios han tomado la responsabilidad de generar acciones vinculadas a la conservación del medio ambiente y del agua que no ha sido contaminada, así como para el cuidado del territorio y de la comunidad. Una de ellas es el turismo ecológico comunitario, pues a pesar de las afectaciones que ha traído la industria porcícola, Chapab aún cuenta con cenotes, una laguna y una selva bien conservada.

“Nosotros tenemos cuatro cenotes, tenemos una laguna de un kilómetro redondo. No hay otra laguna más grande como la que tenemos”, concluye Salazar. “Yo tengo casi 60 años y todo esto no lo estamos pensando para nosotros, que ya estamos grandes. Es para los que están creciendo, porque los niños son los que más se van a afectar con el tiempo”.

Este trabajo fue publicado inicialmente en MONGABAY LATAM. Aquí puedes consultar la publicación original.