En los últimos 10 años han incrementado los casos de enfermedades y envenenamiento relacionados con la contaminación de arsénico y fluoruro; la presencia de estos tóxicos se encontró en pozos de agua de localidades de 24 estados, revela una investigación de Data Crítica.

Texto y foto: Daliri Oropeza

Infografías: Cortesía Data Crítica

CHOLULA, PUEBLA.- Al menos 14 millones de personas están en riesgo de enfermar por agua envenenada con arsénico y fluoruro. Esto de acuerdo a datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recopilados por Data Crítica en su investigación: Veneno en mi Agua. La investigación también consultó información oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La investigación da cuenta que la contaminación pasó de 17 estados en 2012, a 24 desde 2018 a la fecha. De igual forma mostró que los niveles de arsénico en estas localidades son elevados y rebasan lo establecido por la guía de riesgo para la salud permisible de la Organización Mundial de la Salud.

Falta información sobre calidad del agua en México

Uno de los principales hallazgos de esta investigación es que, además de la contaminación de todo tipo de empresas, la extracción intensiva de agua intensifica la liberación de arsénico y fluoruro geológicos en el agua. Esto expone a las poblaciones aledañas a los pozos a desarrollar enfermedades como cáncer, diabetes, gangrenas, insuficiencia renal y más.

Patricia Curiel, coautora de la investigación e integrante de Data Crítica, aseguró que uno de los motivos que llamaron su atención fue la falta de información sobre el tema.

“No había información disponible ni del monitoreo de calidad del agua ni sobre los riesgos de ingerir agua con metales pesados: en este caso arsénico y fluoruro».

Del mismo modo, advirtió que las autoridades no alertan a las poblaciones sobre los efectos nocivos que causan estos tóxicos en su salud.

Sistematizar los agravios

Data Crítica analizó la base de datos de la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (Renameca). Esta base de datos recoge los resultados de la presencia de diversos contaminantes en 121 mil muestras tomadas entre 2012 y 2020 en ríos, lagos, presas, aguas costera y pozos de agua. Las autoras de la investigación se enfocaron en las muestras de los pozos.

De acuerdo con Patricia Curiel, una de las intenciones de la investigación fue “crear una herramienta para que las personas puedan informar a sus comunidades sobre la calidad de agua a la que están expuestas”.

En la página venenoenmiagua.datacritica.org, la organización coloca un rastreador de localidades con pozos contaminados con arsénico y fluoruro. Ahí, a través de un mapa, se puede ver la ubicación de cada pozo por año, entidad y municipio, y saber cuántas veces se excedió la guía de riesgo para la salud. Con la información proporcionan un cartel para imprimir y alertar a la sociedad de la contaminación del agua.

El  artículo 115 constitucional encomienda al municipio la prestación de servicios de agua potable a través de organismos operadores. Ambos responden a supervisiones de los gobiernos estatal y federal, cuestión que recalca Gibran Mena, integrante de Data Crítica y coautor de la investigación.

Asegura que «el principal obstáculo para la comunicación de riesgos por agua con elementos tóxicos es que ninguno de los órdenes de gobierno ha reglamentado esta responsabilidad».

Y añade:

«Ni los estados ni el gobierno federal están exigiendo a los más de 2 mil organismos operadores en México rendir informes claros y periódicos sobre calidad del agua en México”.

Una herramienta comunitaria

En la investigación toman el caso de San Juan de Los Planes, un poblado cerca de La Paz, Baja California Sur. Ahí, la mayoría de los  275 habitantes que participaron en el análisis clínico reportaron niveles de arsénico en sus cuerpos. Todos presentaron el doble o más de lo considerado a nivel internacional como un nivel de riesgo.

En el mapa, esa zona es de color rojo marrón intenso. 

“La población jamás ha recibido algún aviso de autoridades locales sobre los niveles de arsénico en el suministro de agua”, denuncia una defensora de derechos en Baja California sur.

Curiel afirma que las soluciones pensadas a partir de la investigación se enfocaron en atender la necesidad de generar vías de acción urgente «porque, una vez más, no hay información accesible para la mayoría de la población».

Y agrega que, uno de sus objetivos es «que la gente pueda pegar estos carteles en mercados, tiendas, centros comunitarios… espacios en donde la comunidad se reúne para que la información llegué a más personas; y que la gente se organice en comunidad para exigir información a las autoridades”.

Priorizar la vida sobre las industrias

Data Crítica plantea propuestas y acciones para erradicar la problemática en su investigación. La organización recalca que es necesario replantear todo el régimen de concesiones del agua que existe actualmente en México.

“Muchas de las soluciones al envenenamiento con arsénico están a la espera en las distintas versiones de la Ley General de Aguas que lleva 8 años de retraso en la Cámara de Diputados”.

Recomiendan sumarte a las acciones de las personas que defienden localmente el agua y el territorio de megaproyectos. Instalar medidores que reporten la extracción de agua de las industrias. Cobrar la explotación de agua de acuerdo con ganancias de los concesionarios. Reducir las concesiones a menos de 30 años y evitar la renovación automática. Vigilar que sólo se extraiga el agua autorizada en la concesión. Normar y vigilar la construcción y operación de pozos.

“El 68 por ciento del agua subterránea en México está concesionada para actividades económicas, de acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua; pero ninguna autoridad les exige que instalen medidores, ni se instalan medidores a distancia; por lo que la extracción industrial está fuera de cualquier control que limite y monitoree la extracción”, recuerda Gibrán Mena.

Debido a los aprendizajes adquiridos por la investigación, Gibrán resalta que debe modificarse la Ley General de Aguas para limitar a la industria. Enfatiza en que debe considerarse prioritaria la vida y la salud de la población mexicana:

 “Todas nuestras fuentes, defensoras del agua y el territorio; científicas; médicas; hidrogeólogas; activistas; coinciden en que el régimen de concesiones es obsoleto; que pone primero el uso del agua como insumo económico y desaparece la salud de la población; que puede desarrollar cáncer y hasta perder extremidades por consumo crónico de arsénico”, asegura en entrevista.