La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para integrantes de la comunidad jesuita en la sierra Tarahumara. Llamó al Estado mexicanoa a garantizar su seguridad ante amenazas y hostigamiento de grupos delincuenciales

Texto: Redacción Pie de Página

Foto: Archivo Raichali

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de once integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, Tarahumara, del municipio de Urique, Chihuahua, en México, tras considerar que se encuentran en una situación grave y urgente de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

La CIDH adoptó la Resolución 2/2023, mediante la cual llamó al Estado mexicano a que garantice la seguridad de estas once personasy prevenga actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra. También que adopte medidas de protección que les permitan continuar realizando sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia.

Estas medidas, señaló, tendrían que ser concertadas con los integrantes de la comunidad jesuita y sus representantes.

informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.

Según la solicitud, las personas beneficiarias han sufrido amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado, lo que les impide desarrollar normalmente las actividades pastorales y de apoyo a las comunidades de la zona.

En junio de 2022 los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales (Padre Gallo) y Joaquín César Mora Salazar fueron asesinados la tarde del lunes dentro del templo de la comunidad de Cerocahui, ubicada en el municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara. Las víctimas estaban en la iglesia cuando un hombre llegó a resguardarse de un ataque; pero quien lo seguía atacó tanto a esa persona como a los dos curas, y posteriormente se llevó los tres cuerpos sin que hayan aparecido al momento.

La CIDH destaca que tras el asesinato de los dos sacerdotes se generó estigmatización y deslegitimación en contra de la comunidad jesuita tras sus denuncias, así como cuestionamientos alrededor de su postura acerca de las políticas de seguridad del Estado.

El gobierno mexicano informó sobre el refuerzo de las medidas de seguridad en la región de Chihuahua, así como el establecimiento de una Base de Operaciones Interinstitucionales, además de la instalación en Choreachi de una subsede del Ministerio Público, dentro del marco del Plan de Atención Integral y reuniones con representantes para medidas de seguridad.

La CIDH reconoció las dificultades geográficas que se presentarían al momento de implementar medidas de seguridad más inmediatas; pero dijo que aún así no se está implementando plan idóneo de seguridad que sea efectivo para proteger a las once personas de la comunidad jesuita, que están en una situación de gravedad y urgencia como consecuencia de las amenazas y hostigamientos por parte de grupos del crimen organizado.

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