Con el nombramiento de las cinco personas expertas que la integrarán, la Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos del periodo conocido como la “guerra sucia” arranca sus trabajos y lo hace en medio de voces escépticas sobre los resultados que pueda tener al carecer de presupuesto y no ser un órgano independiente del gobierno

Por Analy Nuño (@AnalyNuno) / A dónde van los desaparecidos*

CIUDAD DE MÉXICO.- Las cinco personas expertas seleccionados hace unos días para formar parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia por las violaciones graves a los derechos humanos cometidos durante la “guerra sucia” (1965-1990) comenzarán sus trabajos sin contar con un presupuesto claro y con el escepticismo de algunos sectores que consideran que su alcance será limitado.

Para  los familiares de víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia, quienes impulsaron su creación, la Comisión es un paso importante en la búsqueda de verdad y justicia. Sin embargo, también hay quienes plantean que existe una amplia posibilidad de que no logre sus objetivos, al depender de la voluntad política, carecer de un presupuesto establecido y haberse creado como decreto y no como Ley. 

El pasado 29 de octubre, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas dio a conocer el grupo de cinco personas expertas que conformará esta Comisión de forma honorífica: la historiadora Eugenia Allier Montaño, estudiosa teórica de los archivos de la represión; el antropólogo Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; el sociólogo David de Jesús Fernández Dávalos, ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; la investigadora Aleida García Aguirre, especializada en relatos de vida y memoria de militantes de la izquierda de los años 60 y 70; y el investigador Carlos Pérez Ricart, especializado en archivos de las fuerzas armadas en Estados Unidos y México. 

Durante las entrevistas que tuvieron en el proceso de selección, las cinco personas expertas señalaron algunos de los retos que tiene esta Comisión de la Verdad; entre ellos, el crear un mecanismo eficiente de comunicación para la judicialización de casos; que como centro de su trabajo estén las víctimas, que el ejercicio sea entendido como un proceso histórico crucial que no repita los errores de experiencias anteriores y que sus resultados sean la verdad y la justicia. 

“Hacer de está comisión no solamente una comisión testimonial sino verdaderamente un parteaguas en la historia política del presente de México”, señaló en su entrevista el investigador Pérez Ricart.

Además, las cinco personas expertas coincidieron en que no se  va a empezar de cero sino que harán  un diagnóstico de ejercicios similares que se han realizado en el mundo y en el país, para detectar qué falló y qué se hizo bien, tomar las buenas prácticas y apoyarse en los avances que dejaron la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP, 2004-2006) y la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero (ComVerdad, 2011-2014). 

“La finalidad no es teórica, no venimos a hacer una investigación académica, sino con finalidades prácticas, operativas. Al final tendría que conducirnos a una reflexión nacional que garantice que en ninguna circunstancia se pueda volver a recurrir a violaciones graves a los derechos humanos”, señaló el jesuita Fernández Dávalos.

Para conocer más los retos que enfrentarán las cinco personas expertas, enumeramos cinco puntos claves sobre esta Comisión de la Verdad: 

1. Dos años y medio para echar andar cinco instrumentos 

El decreto, publicado el pasado 6 de octubre en el Diario Oficial, establece que la Comisión de la Verdad tendrá funciones de “investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con hechos” ocurridos entre enero de 1965 y diciembre de 1990, para ello funcionará bajo cinco instrumentos durante dos años y medio, a partir de su creación.

El primer instrumento es el acceso a la verdad, a través de una comisión conformada por cinco personas expertas que investigarán las graves violaciones de derechos humanos, además de que tendrán atribuciones para convocar a testigos que puedan dar información útil para entrar a las instalaciones “civiles o militares”, donde presuntamente se hayan cometido éstas violaciones. 

El impulso a la justicia, segundo instrumento, se prevé mediante la creación de una Fiscalía Especial con capacidad de otorgar beneficios por colaboración eficaz a personas investigadas o testigos anónimos que proporcionen información sobre los perpetradores. También se contempla tener un Plan de Búsqueda, tercer mecanismo, para realizar acciones de búsqueda en centros de reinserción social, cárceles clandestinas, cuarteles militares y otros escenarios, a partir del último paradero conocido de las personas desaparecidas durante ese periodo.

El cuarto instrumento contempla la reparación y compensación económica a las víctimas y sobrevivientes. Sin embargo, el decreto no establece ni siquiera el monto total de los recursos necesarios para costear todo el plan. Como último, se prevé tener una Ley de Memoria y No Repetición encaminada a la preservación de la memoria pública, labores de esclarecimiento histórico y para dar continuidad a los trabajos y recomendaciones de la Comisión. 

2.  ¿Por qué investigar solo hasta 1990?

Uno de los aspectos de la comisión más cuestionados por investigadores y colectivos de familiares de personas desaparecidas ha sido el periodo histórico a esclarecer. Las posturas son encontradas, por un lado se critica que no se extienda la revisión de las lógicas de actuación del estado a la violencia criminal del presente, y por el otro se defiende delimitar el periodo hasta 1990, debido a que la respuesta represiva del estado fue distinta con los movimientos que surgieron después de ese año, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El experto en derechos humanos Luis Daniel Vázquez Valencia advierte que si bien el mecanismo va por buen camino, es limitado. “Decidieron analizar las graves violaciones cometidas entre 1965 y 1990, cuando en realidad tenemos grandes problemas de detenciones arbitrarias, tortura, desparición y ejecuciones extrajudiciales todavía hoy y no se van a analizar estos procesos”, señaló el pasado 21 de octubre en su columna En Contexto para IMER Noticias. 

Alicia de los Ríos —quien busca a su madre que fue detenida, presa en el Campo Militar Número 1 y desaparecida hace 43 años—, explica que abarcar solo este lapso ayudará a observar a detalle las lógicas de la política de estado contrainsurgente y la actuación de miembros del Ejército, de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y policías estatales y municipales.

“¿Por qué hasta 1990? Ahí se puede encontrar una continuidad visible, sólida, de las lógicas de violencia estatal, es decir, desde el 1965 podemos ir armando estos rompecabezas que siguen inconclusos sobre la contrainsurgencia y el 1990 nos da la delimitación para encontrar estás lógicas, estos circuitos de represión donde actuaron determinados grupos contrainsurgentes, que parece que se evaporaron”. 

3. Romper el pacto de impunidad

El gran reto de las autoridades mexicanas será romper el pacto de impunidad y silencio con las autoridades militares y fuerzas policíacas que, por más de cinco décadas, han encubierto a los perpetradores y no han permitido que se tenga un acceso total a los archivos que se generaron desde la contrainsurgencia (denominados por algunos como “archivos de la represión”) ni a las instalaciones donde se cometieron las violaciones graves a derechos humanos.

El acuerdo del presidente con los familiares de víctimas y sobrevivientes de ese periodo es que se tendrá acceso a instalaciones militares como el Campo Militar Número 1, así como la apertura de más de 8 mil cajas con cientos de documentos que se encuentran en el Fondo de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), encargada de la inteligencia o el servicio secreto del Estado Mexicano; el Fondo de la DFS —policía política de la Secretaría de Gobernación— y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Con nuestros familiares desaparecieron también los rastros de los perpetradores, y eso es justo lo que tiene que retomar la comisión”, advierte Alicia de los Ríos, quién participa en el proceso de creación y conformación de la Comisión como representante de la Asamblea de colectivos y familiares de personas detenidas-desaparecidas y sobrevivientes de la contrainsurgencia.

Durante un conversatorio sobre la Comisión de la Verdad, realizado el pasado 22 de octubre, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, aseguró que “toda investigación que se desarrolle, en la medida que vaya arrojando resultados y se acrediten responsabilidades de instituciones o de personas en la violacion de los derechos humanos, irá a procesos de judicialización”. 

Y advirtió: “hay una instrucción puntual, directa y concreta del presidente de la República a las fuerzas armadas del país de aportar toda la información que esté en sus manos y dar todas las condiciones para que se lleven a cabo las investigaciones de la Comisión. No es un planteamiento que esté sujeto a su decisión, es una instrucción presidencial que debe cumplir el Ejército y la Marina”.

No obstante, el decreto no menciona a las instituciones involucradas en las graves violaciones de derechos humanos, como la Sedena, y no está clara la forma en qué las obligará a abrir sus archivos e instalaciones ni es vinculante jurídicamente.

4. El desafío de no replicar errores del pasado

Este no es el primer intento por esclarecer lo sucedido durante el periodo de la contrainsurgencia en México. En 1990, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) creó el Programa Especial de Presuntos Desaparecidos que, 11 años después, derivó en la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). Con 600 averiguaciones previas relacionadas con desapariciones y solo 14  judicializadas, gracias al acceso a los archivos de la DFS y la DGIPS, en 2006 fue disuelta.

Al término de su gestión, la FEMOSPP elaboró un informe que nunca se publicó oficialmente, aunque algunas de sus versiones fueron filtradas a la prensa. 

Para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Comisión de la Verdad no puede permitirse repetir el fracaso de la FEMOSPP: “Si bien este decreto establece una vía para esclarecer los hechos, impulsar la justicia y reparar a las víctimas de atrocidades masivas cometidas en México durante un período de terrorismo de Estado, no deben replicarse los errores cometidos por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). La FEMOSPP, creada en 2002, carecía de independencia, personal y presupuesto suficientes; no contó con la cooperación de las Fuerzas Armadas Mexicanas, y finalmente se extinguió en 2007 sin lograr éxitos considerables y sin enjuiciar a los responsables”, señaló en una columna para Animal Político publicada el 1 de noviembre. 

“Aquí no vamos a esconder ningún informe como sucedió con la FEMOSPP, no vamos a cumplir con un expediente para salir al paso. Venimos en serio a buscar la verdad de los hechos y buscar justicia”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos durante el conversatorio del pasado 22 de octubre.

El esfuerzo más reciente para esclarecer las consecuencias de la guerra sucia en Guerrero se dio en 2012, cuando el congreso del estado creó la Comisión de la Verdad (Comverdad). En su informe final, los integrantes de la comisión concluyen que en muchas comunidades del estado se vivió una “suspensión de las garantías individuales y un verdadero estado de sitio”.

5. Voces escépticas

Las voces críticas a la comisión han señalado distintos aspectos que podrían llevar a su fracaso como el haberla creado por decreto y no por Ley, el que solo tenga un periodo de trabajo de dos años y medio, así como la falta de autonomía desde su conformación, ya  qué estará integrada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, así como de los responsables del Archivo General de la Nación, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

“El primer problema es que se crea a través de un decreto y no de una ley, y esto no es menor, es relevante porque sigue siendo un órgano que pertenece a una política gubernamental y no una política del estado que fuera más allá del periodo del presidente López Obrador”, señaló el investigador Luis Daniel Vázquez Valencia. 

Aunque la comisión también la conformarán el representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña y el grupo de las cinco personas expertas; la integración de autoridades podría sugerir una imparcialidad, ya que de los siete votos en la comisión, solo uno será independiente. 

“Así, en lugar de ser un órgano preponderantemente ciudadano, la comisión se asemejará a una institución del gobierno, que será juez y parte a la hora de investigar y enjuiciar los crímenes del propio Estado”, señaló la CMDPDH en la columna publicada en Animal Político.  

El profesor-investigador de la Flacso-México también mencionó este punto: “si el grueso de la gente que integra el órgano son servidores públicos, se limita la posibilidad de confianza en el órgano”.

Otro aspecto cuestionado es la fecha de culminación de los trabajos establecida al 30 de septiembre de 2024, lo que sugiere que el informe estaría marcado por el proceso electoral que se tendrá ese año y deja en duda el seguimiento transexenal.

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*Analy Nuño es periodista mexicana freelance. Se ha especializado en derechos humanos, grupos indígenas, defensa del territorio y víctimas de la violencia. 

 www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).