Colectivos y organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta para la la creación de una Comisión de la Verdad y la Memoria para aclarar miles de asesinatos y desapariciones en los últimos dos sexenios

La Plataforma contra la impunidad y la corrupción, que reúne a varios colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos del país, propuso la creación de una Comisión de la Verdad y Memoria para atender la violencia generada en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Dicha Comisión tendría como objetivo visibilizar a las víctimas e identificar a los perpetradores de graves violaciones a derechos humanos y, en su caso, de crímenes de les

a humanidad, así como dar cuenta de patrones, métodos y causas de la violencia. Su trabajo se basaría en los ejes de verdad, justicia penal contra perpetradores, reparación integral y reformas estructurales que garanticen no repetición.

Y su conformación sería aprobada por una mayoría legislativa como organismo autónomo, financiado con recursos del erario público y con el apoyo técnico de organismos internacionales.

“La búsqueda de verdad debe estar liderada por víctimas, sociedad civil y organismos internacionales. El estado no debe investigarse a sí mismo. Las comisiones deben ser autónomas. Se deben construir por mandato legislativo y el estado dar los recursos”, dijo Guillermo Trejo, integrante de la Plataforma.

En la presentación del documento Guillermo Trejo enfatizó en la importancia de que la justicia transicional que se está apostando en la nueva administración, sea a través de una Comisión de la Verdad y no la amnistía, por las siguientes razones:

• Las amnistías forman parte ambigua de esta justicia transición, la ONU no reconoce la amnistía, pues se otorga para evitar la persecución judicial de quien violó derechos humanos.
• En la justicia transicional si se altera el orden de los factores, se altera el producto. Por ello se debe iniciar con procesos de búsqueda de verdad, la verdad es el punto de partida, sin verdad la justicia penal es superficial y la reparación es limitada; sin verdad las reformas son insuficientes; y sin verdad las amnistías pueden ser garantes de impunidad.
• Las amnistías están basadas en perpetradores, las comisiones de verdad en las víctimas.

El método de trabajo que propone la plataforma es que la Comisión sea regida por la centralidad de las víctimas, que haya múltiples acompañamientos que no sean sólo colectivos de derechos humanos sino del estado mexicano, órganos internacionales.

Trejo recordó que en los últimos 50 años en América Latina se han creado mecanismos transicionales (Guatemala, Chile, Argentina, Colombia y Perú, por ejemplo) y todos ellos han sido mecanismos de rendición de cuentas. En Guatemala y Perú el trabajo de la Comisión implicó el levantamiento de 16 mil y 17 mil testimonios respectivamente.

Rocío Culebro, integrante de la Plataforma, mencionó que la propuesta de amnistía del presidente virtualmente ganador, Andrés Manuel López Obrador, merece discutir ampliamente para saber de qué están hablando cuando hablan de amnistía y a qué resultados concretos puede llegar.

La propuesta, que está siendo sometida a discusión con organizaciones civiles y colectivos de víctimas, plantea como primer saque que tenga una temporalidad de tres años, que cuente con un grupo central del doce especialistas y un grupo ampliado de quinientos investigadores, que sea descentralizada y tenga soporte internacional.

Esta comisión tendría que explicar patrones del horror y analizaría los crímenes cometidos en dos tipos de violencia: la generada por el conflicto entre estado y crimen organizado y la generada en la disputa de grupos de crimen organizado.

Trejo aclaró que la propuesta de revisar los dos sexenios de Calderón y Peña Nieto es porque se debe trabajar con una temporalidad, pero no se da por hecho que la violencia termine. Incluso, dijo, López Obrador llegará a la presidencia en el momento más violento de las últimas décadas.

Para que esta propuesta de Comisión de la Verdad funcione, se advirtió en la presentación, se necesita de un mecanismo internacional de combate a impunidad, una fiscalía autónoma e iniciativa de alcance nacional, una ley que despenalice el colmo de marihuana y una ley de seguridad que no sea la ya aprobada ley de seguridad que fortalece la participación de las fuerzas armadas.

La propuesta pretende atender a los más de 250 mil asesinatos, más de 30 mil desaparecidos, 300 mil desplazados, mil fosas clandestinas.

“Hoy podemos afirmar con energía que instituciones de este país están rebasadas, cortadas, colapsadas y que derechos de víctimas están pisoteados, negados, ignorados”, dijo Trejo.

“El crimen organizado pasó de ser tráfico de drogas a extracción de vida humana y recursos naturales. Este cambio en los mercados criminales ha supuesto el desarrollo de una nueva gobernanza criminal, esto plantea retos para la búsqueda de verdad. Por eso deberá haber esquemas de protección muy estrictos”, agregó.

Maria Ema Mora Liberato, de Acapulco, Guerrero, que tiene a un familiar desaparecido, dijo que las familias siempre han dicho que quieren encontrar a sus familiares, que no quieren justicia porque creen que cuando se sepa la verdad, la justicia vendrá por añadidura.

“Quisiéramos que en los primeros tres años del próximo gobierno pudiéramos empezar a ver respuestas. Tenemos que unirnos todos”, agregó.

María Luisa Castellanos, de Fundec NL, dijo que “durante más de diez años se ha escuchado sólo la historia del gobierno, lo que el gobierno ha querido decir de las y los desaparecidos, ‘las mujeres se fueron con un hombre, los muchachos andaban en actividad irregular’. Y la sociedad se cree esta historia. Pero es momento de cambiarlo, de dar nuestra versión de la historia. Cuál es la verdad y la realidad a la que nos hemos enfrentado”.

Agregó que la Comisión debe trabajar en esto deben ser personas comprometidas y sensible porque “la vida todos los días sangra”. También pidió protección para las familias que dan su testimonio, “nos estamos poniendo en riesgo cuando hablamos y aunque nos genere dolor y temor hablar, es necesario que lo hagamos, las futuras generaciones tienen todo el derecho de saber qué fue lo que sucedió”.

Lucía Díaz, del colectivo Solecito, de Veracruz, dijo que debe comenzar un nuevo momento para México, “yo no diría romper el silencio (nombre de la propuesta de Comisión de la Verdad), porque el silencio está roto en México desde hace décadas de desapariciones. Yo diría más bien que se debe tratar de romper la indiferencia”.

“No hay que temerle a la amnistía, hoy tenemos una amnistía por la impunidad y la corrupción. Qué madre quiere ir a una fosa, abrir la fosa y encontrar huesos de alguien que inhumanamente fue entrado ahí a sus 14 años. Qué madre quiere exponerse a este horror, lo hemos tenido que hacer porque nos han dejado otro rincón a dónde meternos”, dijo en su intervención.

Jan Jarab, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, presente para respaldar la propuesta, dijo que reconocía los anuncios hechos por el nuevo gobierno de emprender un proceso de justicia transicional, que será el tema más urgente y desafiante.

Desde la ONU, agregó, se saluda la intención de superar la lógica punitiva en la estrategia de seguridad, pues es preciso superar el flagelo de impunidad que alimenta el apoyo de la sociedad a políticas punitivas.

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