Cuando familiares de desaparecidos y autoridades comenzaron a exhumar las fosas comunes atribuidas a la Fiscalía estatal en los panteones de Coahuila, se percataron que en algunas de ellas había más cuerpos que los registrados. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién los busca? Esta es la segunda parte del reportaje sobre el Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense.

Texto: Daniela Rea

Fotos : Armando Ríos

En la puesta en marcha del Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense de cuerpos no identificados hasta 2017, se encontró que el número de cuerpos registrados en las averiguaciones previas y los panteones no cuadraba; lo mismo ocurría con las fosas comunes. La Mesa de Coordinación Forense, el espacio que integra a autoridades, familias y organizaciones de derechos humanos y donde se decide la ejecución del Plan, decidió hacer prospecciones para tener otro número más certero sobre las fosas y los cuerpos sepultados.  

Esta prospección se hizo con la colaboración de familiares y autoridades. Las familias midieron el panteón, contaron tumbas, registraron. La experiencia fue tan fuerte que algunas decidieron no volver a las prospecciones o exhumaciones, pero reafirmaron la importancia de su trabajo en colaboración con las autoridades.

Hasta el cierre del 2019, de acuerdo con solicitudes de información a la Fiscalía estatal, se habían hecho prospecciones en los dos panteones de Torreón y en uno de Piedras Negras. En Torreón I se encontraron 121 fosas sin que se hayan contabilizado los cuerpos; en Torreón II, fueron 73 fosas, también sin contabilizar los cuerpos. En Piedras Negras se encontraron 59 fosas con 62 cuerpos.

Sin embargo, en una solicitud de información realizada para este reportaje el municipio de Piedras Negras respondió que en el cementerio había 984 cuerpos sin identificar sepultados en igual número de fosas comunes. La disparidad de la información es muy grande y sigue sumando confusión a las cifras. 

Fernando González, coordinador del Plan, la explica así: “Las 59 fosas con 62 cuerpos que contabilizamos en la Fiscalía se refieren a fosas y cuerpos relacionados con investigaciones de la Fiscalía, es decir, pertenecen a un expediente o averiguación o acta circunstanciada. Son cuerpos relacionados con la investigación de la comisión de un ilícito, verificado en una prospección y la documentación que lo liga”.

Los 984 registrados por el municipio, agrega,  son cuerpos que no tienen un debido registro, que la administración del panteón al llevarlos a sepultar no les puso nombre, o cuerpos de personas que no fueron registradas ante el registro civil, como el caso de menores de edad que murieron antes de tener nombre. Así hace la distinción entre cuerpos desconocidos, aquellos que el panteón no tiene registro adecuado; cuerpos no identificados, aquellos que están relacionados a investigaciones judiciales.

“Del trabajo en campo aprendimos que la prospección tampoco nos da los números exactos, nos da visión de la problemática. La certeza nos la dará la exhumación completa”, agrega el funcionario.

El coordinador del Plan da un ejemplo para abonar a la complejidad: en Piedras Negras realizaron una exhumación y el panteonero les señaló una fosa donde había un cuerpo NN entregado por la Fiscalía. “Cuando exhumamos vimos un cuerpo en ataúd, vestido con traje y sin la cicatriz de la necropsia. Es decir, se trataba del cuerpo de un particular, de una persona sepultada por sus familiares”. Como ya se había abierto la fosa la Fiscalía siguió con el protocolo: exhumó, tomó muestras, identificó y devolvió a la familia, que debió sepultar de nuevo a su familiar por error de las autoridades. La Fiscalía se tuvo que hacer cargo de los nuevos gastos del entierro. 

El hecho de que existan más –o a veces menos– cuerpos en las fosas comunes respecto a los registrados en las AP o en las bitácoras de los panteones detona un pregunta importante: ¿cómo es que los cuerpos llegaron ahí?

El fiscal de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera, lo explica en “los altos niveles de violencia” que vivió Coahuila la década pasada. “Eso ocasionó que en los panteones municipales no se llevara a cabo un registro. De acuerdo a la versión de algunos panteoneros, llegaba gente de la delincuencia organizada y en las fosas que se encontraban abiertas dejaban los cuerpos. Había un clima de miedo y nadie decía nada”.

–¿Por qué un delincuente iría a un cementerio a tirar cuerpos?

–Es lo que nos hemos preguntado, porque vemos que en enfrentamientos recogen cuerpos y se los llevan, pero no sabemos a dónde. Yo creo que esa explicación no es muy lógica, pero no suena otra de porque llegaron los cuerpos ahí, porque no la hay. 

–En Tetelcingo, Morelos, lo que se descubrió fue la responsabilidad de las autoridades, que sepultaban sin registrar.

–No puedo decir si hay responsabilidad municipal, porque hay que hacer una investigación respecto a cómo llegaron esos cuerpos ahí o falta de registros veraces en cada panteón.

Fernando González, coordinador del Plan, piensa otra cosa. “No creemos que sean inhumados por el narco porque esos cuerpos los hemos encontrado en bolsa [de protocolo]. Y la fosa es identificada porque el panteonero te dice: aquí está. Si fuera una fosa no relacionada con la investigación, los cuerpos no estarían en bolsa y los panteoneros no la tendrían registrada como fosa que llevó la fiscalía”.

González explica que en los casos en que encontraron más cuerpos de los registrados se abrió carpeta de investigación por la posible realización de una inhumación ilegal. “De esa investigación se podría saber si fue inhumación ilegal o sólo no se registró”, dice. “Nosotros abrimos la carpeta por aquellas fosas que nosotros no lo teníamos en el listado de expedientes, pero que el panteonero nos dice fueron enviados por la Fiscalía”. Esto abre un pendiente más a partir de las exhumaciones: investigar cómo es que los cuerpos no registrados llegaron ahí y quiénes son los responsables. 

Hortensia Rivas, la madre de Piedras Negras que busca a su hijo desaparecido, relata que en las investigaciones que familiares han hecho, los mismos panteoneros les contaron que la delincuencia organizada entraba en la madrugada y los obligaban a enterrar los cuerpos. Raúl Reyes, integrante de Fundec, cree que las autoridades están involucradas “que las mismas autoridades hacen eso para no dejar evidencia, entonces esa puede ser una hipótesis no lo sabemos. Los malos dejan los cuerpos ahí y las autoridades los entierran”.

Silvia Ortiz, de Grupo Vida, suma otro problema más: el envío de cuerpos NN a las facultades de medicina para prácticas estudiantiles. Envíos que se hicieron sin registro, sin notificación. “Nosotras lo denunciamos en los periódicos, a la fecha no saben cuántos cuerpos fueron enviados a las facultades porque la Fiscalía dice uno, Medicina dice otro y los panteoneros dicen otra….”.

Otro ajuste que se hizo a partir de la ejecución del Plan fue comenzar con exhumaciones masivas.  Esto es: no ir cuerpo por cuerpo según las AP, como fue el plan inicial, sino exhumar todo el panteón y procesar esos cuerpos. (Es el proceso que decidieron seguir en Tamaulipas, exhumar todos los cuerpos del panteón y colocarlos en el panteón forense en Miguel Alemán, hecho exclusivamente para esto). 

Parece lógico, para saber qué hay debajo de la tierra, hay que desenterrarlo. Pero luego vino otro inconveniente en Coahuila: ¿por cuál panteón comenzar? ¿cómo se decide eso? Todos los colectivos tienen prioridad de exhumar los panteones de su región. ¿Dónde se almacenan esos cuerpos? ¿se exhuman para volverlos a inhumar en una fosa común? ¿Hay capacidad para procesarlos? 

Los funcionarios José Ángel Herrera, Fernando González y la activista Blanca Martínez coincidieron que el riesgo de las exhumaciones masivas es la capacidad para almacenar los cuerpos y procesarlos, pues éste trabajo lleva entre 3 y 5 días por cada cuerpo. 

Aún así se arrancó la primera exhumación masiva en el Panteón Municipal La Paz de Saltillo, el 18 de noviembre de 2019, según registró el reportero Armando Ríos del diario Vanguardia.

“Dicha fosa fue abierta luego de ocho años de insistencia por parte de una de las madres que integran los colectivos de búsqueda de desaparecidos de Coahuila, quien tenía desde diciembre del 2011 datos de que su hijo podría ser una de las personas que fueron sepultadas en el lugar, cuestión que fue denunciada ante el Ministerio Público Federal”, escribió el reportero.

En el proceso estuvo presente la Brigada de la Esperanza, conformada por los siete colectivos de familiares de personas desaparecidas en el Estado – y entre ellas, la familia de la persona que denunció el hallazgo de su hijo en dicho lugar-. La exhumación masiva concluyó dos semanas después y se exhumaron 47 cuerpos, diez más de los que estaban registrados en esa fosa.

“Fue muy importante el empuje de las familias para esta exhumación masiva, porque teníamos datos para una probable identificación: el testimonio de una mamá cuyo hijo fue asesinado hace ocho años y la entonces PGR (ahora FGR) le mostró que estaba sepultado en este panteón, aunque no hay registro exacto del lugar. Se tuvo que hacer exhumación masiva para avanzar en esa identificación”, dice Blanca Martínez.

“Este es un ajuste que tuvimos que hacer al Plan original. Y a partir de esta exhumación masiva vimos que fue acertado. Lo que seguirá es trabajar a partir de las AP y su comparativo con la base de datos Post Mortem (para lograr cruces) y paralelamente las exhumaciones masivas. Vámonos parejo. Estamos aprendiendo y ajustando”, agrega Martínez.

Si bien el Plan estipula que los cuerpos exhumados y analizados no deben ser inhumados de nuevo en panteones, en el caso de la exhumación masiva los cuerpos con tejido blando se inhumaron de vuelta en el panteón de Saltillo en fosas individuales y las osamentas se almacenaron en el Semefo, mientras está listo el Centro para el resguardo. 

“Para hacer esta exhumación se tomaron consideraciones, como el que tendríamos espacio para almacenar los cuerpos en un lugar que donó el panteón de Saltillo”, explica Fernando González.

Exhumación inicial

Hortensia, Yolanda y Cristian llegaron con otros 11 compañeros de distintos colectivos a la exhumación del 2 y 3 de octubre del 2019 en Piedras Negras. Todos los familiares recibieron una tarjeta informativa básica de lo que se realizaría, la exhumación de cuatro cuerpos.

Hortensia en su libreta registró el proceso:

7:15 Inician la exhumación.

8:50 Acordonaron las zonas a exhumar.

9:30 Se toman las fotos en lo general y particular del lugar, se ponen los trajes tidex.

9:51 Informa la médico forense que empezarán a excavar los panteoneros.

“Somos observadoras, no participamos en la exhumación, documentamos la exhumación y hacemos notar ante la Mesa de Coordinación Forense todo lo que hacen, errores y eso”, explicó Hortensia sobre su trabajo.

“No es fácil estar ahí con el calorón, con los mosquitos. Cuando sale los cuerpos expiden olor. Es un olor muy penetrante. Estás en el campo, hay mosquitos”, dijo Cristian.

En esta búsqueda de inicios de octubre se tenía planeado exhumar cuatro cuerpos, dos cada día, pero al final fueron cinco cuerpos porque en la fosa uno exhumada el 2 de octubre apareció un cuerpo extra que no estaba registrado. Estaba en una bolsa de plástico, abajo del féretro de madera.

Ese día cuando estaban las exhumaciones el ambiente comenzó a llenarse de un olor a descomposición, lo que hizo evidente que ese cuerpo era reciente. “Era un cuerpo reciente, de inicios de 2019. Nuestra pregunta es ¿por qué exhumamos de este año? ¿No se supone que el Plan de Exhumaciones es para puros cuerpos que fueron enterrados antes del 2017, sin registro, sin pruebas?”, preguntó Cristian.

Si bien el Plan no delimita años específicos, la Mesa de Coordinación Forense -que es el espacio donde familias, organizaciones y autoridades proponen y deciden la ejecución del Plan- definió que el Plan se concentraría en los cuerpos inhumados antes del 2017, pues se supondría que a partir de existir esta reglamentación, las autoridades harían bien su trabajo en el registro, análisis e inhumación de cuerpos NN. Es decir, que los cuerpos sepultados después de iniciado el Plan se harían con toda la documentación, análisis forense y serían exhumados hasta que se entregaran a sus familiares.

“Es hora de que aún no se cumple como se debería de llevar, todas las personas que se inhumen sin ser identificadas se iba a hacer examen de ADN, se iba a inhumar en fosas separadas pero eso es un relajo. Hay muchas irregularidades aún. Por eso como familias impulsamos que se cumplan todos los protocolos”, reclamó Hortensia. “Es muy doloroso que esté pasando esto. Que una persona ni siquiera descansa su cuerpo en paz, lo traemos para arriba y para abajo: inhumas, exhumas, inhumas, exhumas, inhumas, exhumas, cuerpos sin identificar”, agregó. 

Blanca Martínez explica que sí, es cierto que a la fecha, dos años después de implementarse el Plan, sigue habiendo ministerios públicos que no realizan las diligencias ministeriales y el debido registro del cuerpo.  “A pesar de que existe el Plan desde hace dos años siguen los problemas de cuerpos inhumados sin registro por parte de los ministerios públicos. Sí es cierto que hay errores en el trabajo ministerial y forense, porque no se les hicieron análisis a los cuerpos o no se registraron bien antes de inhumarlo”.

Reconoce también que la existencia del Plan no resolverá en automático la identificación de los cuerpos recién fallecidos. “El que tengamos un Plan no quiere decir que de inmediato se identifiquen los cuerpos de personas recién fallecidas. Eso no se puede garantizar. Lo que sí tenemos que cuidar es el trabajo ministerial, pues es probable que sigamos teniendo personas recién muertas que no sepamos quiénes son”.

En el caso de este cuerpo del 2019 exhumado en Piedras Negras, se trató de un cuerpo que, según la autoridad, “estaba en posibilidad de ser identificado y entregado”. A la fecha está en espera de ser analizado.

Después de siete horas y media de trabajo, la exhumación del 2 de octubre en Piedras Negras terminó. Las familias salieron del espacio destinado a la “observación”, a unos 20 metros de la fosa, se acercaron al espacio de la fosa, hicieron un círculo, cerraron sus ojos y realizaron una oración.  Ellos están ahí para revisar el trabajo hecho por la autoridad y también para acompañar a quienes han sido recuperados de esa oscuridad.

“Es importante lo que hacemos, que estemos aquí porque así una familia va a tener la posibilidad de ver a su amado volver a casa”, dijo Yolanda al terminar la exhumación.

El trabajo aquí revisado se concentra en las fosas comunes de los panteones municipales del estado. Aquí no se analizó el trabajo de exhumación e identificación de los cuerpos o restos humanos encontrados en fosas clandestinas o campos de exterminio, que también se incluyen en el Plan.

Un trabajo para los desaparecidos.-

La experiencia adquirida por las familias, colectivos y autoridades con la puesta en marcha del Plan Estatal de Exhumaciones en Coahuila puede ayudar a generar procedimientos, metodología, componentes de política pública ahora que se eche a andar el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, dice Blanca Martínez, directora del Fray Juan de Larios que acompaña a las familias de desaparecidos.

El trabajo ha sido largo, de al menos siete años que comenzaron las conversaciones entre familias, activistas y gobierno para crear leyes y materializarlas en este Plan. 

“Hemos sabido de muchas historias dolorosas, que han entregado polvo, piedras, huesos de animales en lugar de los cuerpos de sus familiares desaparecidos. Ya no estamos cegadas, hemos aprendido mucho, a pesar del dolor”, dice Lourdes Herrera, de Fundec, mamá de Brandon Esteban y esposa de Esteban Acosta, desaparecidos en agosto del 2009 en Coahuila. “Cuando nos pasó la tragedia andas en lo individual y muchas puertas se cierran, pero nos encontramos y hemos tenido muchos logros, trabajo digno que nos ayuda y ayuda a otras personas de desaparecidos”.

“A los cuerpos los recogían sin ningún protocolo, seguimiento, nada. Por eso digo que va a ser un trabajo titánico y tenemos que seguir afinando lo que hemos empezado a construir para que podamos identificarlos a todos y regresarlos a casa”, dice María Helena Salazar, mamá de Hugo, integrante de Fundec. “No queremos más familias en agonía, no queremos dejar este círculo abierto a nuestros otros hijos. Le apostamos, a pesar de que vemos este panorama, que los vamos a devolver a casa”.