Está en manos del Senado la reforma al Poder Judicial, un cambio de fondo al sistema de justicia del país que López Obrador se empeña en ejecutar antes de dejar el poder, y que podría marcar el destino del sexenio de su sucesora, Claudia Sheinbaum.

Por Ernesto Núñez Albarrán / X: @chamanesco

En la agonía de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador ha creado, al fin e inesperadamente, una némesis que podría mandarlo a la jubilación con una derrota política, quizás la única pero más significativa de su sexenio.

Una oposición moralmente derrotada, desprestigiada, carente de buenas ideas y de liderazgos presentables, extraviada, frívola, desarticulada y alejada de las mayorías, encontró en la resistencia a la reforma al Poder Judicial -al fin- un tema con el cual confrontar efectivamente al lopezobradorismo.

A 20 días de acabar su sexenio, López Obrador ha encontrado la horma de su zapato: un tema que espanta -y moviliza- a los grandes capitales, a los inversionistas, a las calificadoras, a los socios comerciales de Norteamérica, a la Iglesia, a los académicos, a un sector de los estudiantes, a los trabajadores de uno de los tres Poderes de la Unión, y que incluso se ha vuelto incómodo para algunos de los integrantes y operadores del próximo gobierno.

Y es que la oposición a la reforma constitucional que modificaría para siempre el funcionamiento del Poder Judicial ya no es un tema que sólo mortifica a Norma Piña o a la “marea rosa”; a Claudio X González o a los muchos opositores caricaturizados por el presidente. Hoy, se trata de un catalizador que ha unificado a la oposición y le ha dado un motivo para ser legisladores a los 43 senadores electos por el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano.

Esos tres bloques, que la semana pasada salieron a manifestar públicamente su rechazo a la reforma de López Obrador, se han empoderado y, a su vez, comprometido frente a la República. De ellas y ellos depende que no pase una reforma ideada en la cabeza de López Obrador, impulsada por los más radicales del movimiento morenista, y abrazada -pocos saben si con gusto o con cierta dosis de resignación- por la presidenta electa y su equipo.

Es paradójico, pero de los votos que emitan esta semana los 22 senadores del PAN, los 15 del PRI, los 5 de MC y el “sin partido” Manlio Fabio Beltrones, depende no sólo el futuro de la oposición, sino también el de Claudia Sheinbaum.

Si se mantienen leales a lo que anunciaron y votan en contra, habrán salvado el honor de sus partidos y se habrán convertido en una oposición real y digna de ser tomada en cuenta en los próximos años.

Pero no sólo eso: el rechazo de 43 senadores a la reforma constitucional en materia judicial la daría a Claudia Sheinbaum una salida política para zafarse de la presión de López Obrador y el núcleo radical de Morena.

Curiosamente, esa pequeña gran derrota de López Obrador, en la agonía de su sexenio, le daría a Sheinbaum la llave para liberarse de personajes que pretenden maniatarla durante todo su sexenio: Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena; Adán Augusto López, coordinador de los senadores, y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, tres de quienes le disputaron la candidatura presidencial. Además del ex ministro Arturo Zaldívar, quien funge como correa de transmisión entre los designios del presidente saliente y los posicionamientos de la presidenta electa.

De qué está hecho el Senado

La posibilidad de crear un bloque de contención en el Senado a las reformas del llamado “plan C” del presidente López Obrador depende de personajes que podrían encontrar en esta batalla una manera de salvar cara y desmarcarse de su propio desprestigio.

Del lado del PAN, la bancada está encabezada por el dirigente Marko Cortés, y formalmente coordinada por Guadalupe Murguía, electa por Querétaro. 

Entre el resto de senadores y senadoras que conforman el folclórico mosaico destacan Ricardo Anaya, ex candidato presidencial; Lilly Téllez, ex aspirante presidencial; Enrique Vargas, líder de facto del panismo del Estado de México; los ex gobernadores Mauricio Vila, de Yucatán; Miguel Márquez, de Guanajuato, y Francisco Ramírez Acuña, de Jalisco, y los ex alcaldes Juan Antonio Martín del Campo, de Aguascalientes, y Miguel Ángel Yunes Márquez, de Veracruz.

Este último, hijo del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, ha sido especialmente presionado en las últimas horas para emitir su voto, pues su padre, su hermano y él mismo enfrentan acusaciones de corrupción por las que podrían enfrentar procesos penales.

‘Alito’ y sus 15

En el PRI hay otro líder -Alejandro Moreno-, que encontró en esta coyuntura una manera de desviar la atención de los conflictos al interior de su partido y apaciguar las críticas y señalamientos que pesan sobre él por su paso por la gubernatura de Campeche.

“Alito” no será coordinador, pero acomodó ahí a uno de sus fieles. El guerrerense Manuel Añorve. 

También entre ellos habrá otros ex gobernadores: Miguel Riquelme, de Coahuila, quien convalece de un infarto y podría ser sustituido por su suplente en la sesión del martes; Rolando Zapata, de Yucatán, y Manlio Fabio Beltrones, de Sonora.

Este último ha sido desconocido por la dirigencia encabezada por “Alito”, pero ha dicho varias veces que votará en contra de la reforma.

Completan la bancada tricolor la secretaria general del partido, Carolina Viggiano; las ex candidatas Cristina Díaz, de Nuevo León; Anabel Ávalos, de Tlaxcala y Claudia Anaya, de Zacatecas. Y media docena de personas cercanos a la cúpula tricolor.

A los 15, el dirigente nacional del tricolor los presentó la semana pasada para hacer un compromiso público de no votar con Morena y aliados esta reforma, e incluso se presentó la solicitud de licencia y la convocatoria a sus suplentes, en caso de que uno se enferme o atemorice.

La minibancada naranja

A pesar de que son sólo cinco, Movimiento Ciudadano juega el rol de fiel de la balanza: el jalisciense Clemente Castañeda encabeza un grupo donde hay dos ex lideresas nacionales del PRD: Alejandra Barrales y Amalia Gracía.

Además, dos hombres tienen votos decisivos: Luis Donaldo Colosio Riojas, de Nuevo León, y Daniel Barreda, de Campeche, ambos electos por el principio de Primera Minoría en sus estados.   

La bancada naranja fue la última en mostrar sus cinco votos en contra de la reforma judicial, pues las presiones sobre el senador de Campeche eran -y probablemente son- muchas y muy variadas.

Si Barrera, y todos los demás, resisten, la segunda semana de septiembre será histórica: 43 senadores y senadoras habrán frenado una reforma con la que López Obrador luce obsesionado y encaprichado.

De hacerlo, habrán frenado la reforma judicial y la habrán sacado de la agenda de fin de sexenio, esa camisa de fuerza que López Obrador confeccionó para atar a los suyos a su proyecto. Si se frena esa reforma, probablemente vivamos una transición sin tantos contratiempos; se le da un respiro al país y, también, a la presidenta electa.