El CJNG, la organización de narcotráfico más violenta del país, mantiene una abierta confrontación con el gobierno de López Obrador. una guerra que atrapa a cientos de miles de personas de quienes poco se habla

Twitter: @anajarnajar

El presidente Andrés Manuel López Obrador sonrió, el gesto que acostumbra antes de soltar alguna frase provocadora.

“Seguramente les dolió” dijo en la conferencia de prensa matutina del viernes 2 de julio.

“Van a tener que ponerse vitacilina, del tiempo que llevamos no se han creado nuevos cárteles” de narcotráfico.

El comentario fue para responder a una nota del diario Reforma titulada “Ve AMLO sólo 3 cárteles… pero existen 20 más”.

El texto pretendió desmentir una parte del informe presidencial del día anterior, para recordar el tercer aniversario de la victoria electoral del 1 de julio de 2018.

López Obrador dijo que en lo que va de su administración no han nacido nuevos carteles de tráfico de drogas, y que todos los actualmente operativos son herencia de los creados en gobiernos pasados.

Reforma buscaba evidenciar al presidente y por eso el titular de su nota central. 

Pero quien mintió fue el periódico: los analistas consultados para su nota reconocen que no han surgido nuevos carteles sino “muchas” organizaciones delictivas.

Hay diferencias: cartel es un grupo con alta capacidad de fuego, presencia territorial importante y, sobre todo, con la posibilidad de exportar droga a otros países.

Es el caso del Cartel de Sinaloa actualmente, o en su momento grupos como Los Zetas, Juárez, del Golfo o el que se considera como el más violento del país, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En los últimos años existe la tendencia de los medios por llamar “cartel” a casi cualquier grupo delictivo, como sucede con los que operan en Tláhuac o Tepito.

Son peligrosos y violentos, pero están lejos de la capacidad operativa de organizaciones como Sinaloa o el CJNG. En realidad, sólo son bandas.

En tal escenario el texto publicado por Reforma contradice al encabezado que le asignaron. 

Tal vez fue un error de edición, o quizá nada más se buscaba sembrar la idea de que hay una veintena de carteles como una forma de contribuir a la narrativa del caos que mantiene la mayoría de los medios tradicionales de la capital mexicana.

Más allá de interpretaciones lo cierto es que con ese ejercicio se omiten temas importantes en materia de violencia e inseguridad.

Uno de ellos es la guerra abierta que mantiene el CJNG contra el gobierno de López Obrador.

Una confrontación que empezó desde las primeras semanas de 2019, cuando empezó una cruzada nacional para combatir el robo de gasolina y diésel.

La medida provocó desabasto en 8 de los 32 estados del país, pero que dio pie a la primera campaña de odio, mentiras y manipulación en los medios tradicionales.

(Antes hubo otra de la misma magnitud, cuando se decidió cancelar la construcción del nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco, pero entonces AMLO todavía no asumía formalmente el gobierno).

El Cartel, fundado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, es una de las mayores organizaciones de robo de combustible en el país.

Por esos días mantenía una cruenta disputa contra la banda conocida como Cartel de Santa Rosa de Lima, que controlaba los ductos que cruzan el centro del país.

A las operaciones contra el delito, conocido como huachicol, el CJNG respondió primero con amenazas escritas en mantas. Pero luego pasó a mayores.

En mayo de ese año, por ejemplo, organizó un desfile con decenas de sicarios armados que recorrieron las calles de Zamora, Michoacán.

El recorrido terminó con un ataque a las instalaciones de la policía municipal.

Luego se difundieron videos en internet para mostrar vehículos blindados, y en octubre hubo una emboscada contra policías estatales en Aguililla.

Trece agentes murieron. Fue la masacre de policías más importante de los últimos años, pero marcó el inicio de una escalada de agresiones contra el gobierno de López Obrador.

Uno de ellos fue el atentado contra el secretario de Seguridad de Ciudad de México, Omar García Harfuch en junio de 2020.

Este año el Cartel ha sido señalado como uno de los grupos detrás de las amenazas y ataques a políticos durante la reciente campaña electoral.

Y desde hace varias semanas mantienen en estado de sitio a Aguililla, el pueblo donde nació El Mencho. 

Con frecuencia el grupo corta con zanjas las carreteras hacia la zona, para mantenerla aislada de sus adversarios y militares.

A principios de julio se difundieron imágenes de sicarios de la organización, quienes posaron sin pudor para las cámaras durante un desfile en las calles de la comunidad.

Los sicarios, esta vez, no ocultaron su rostro, algo que difícilmente puede interpretarse como un descuido.

La lectura, pues, es clara: el CJNG pretende enviar el mensaje de que no tiene miedo, que está dispuesto a profundizar el reto y confrontación que mantiene contra el actual gobierno federal desde su inicio.

Y en tal escenario las consecuencias pueden ser graves, sobre todo porque las autoridades mantienen una agresiva y silenciosa campaña contra la organización:

Cientos de sus miembros han sido detenidos, y miles de cuentas bancarias fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Es una de las razones del atentado contra García Harfuch. Y también explica el creciente nivel de violencia y exhibición pública del CJNG.

En medio de la batalla existen decenas de comunidades y regiones enteras donde opera el grupo. Cientos de miles de personas son, virtualmente, sus rehenes.

Es un conflicto del que poco se habla o cuando ocurre aparece contaminado con el debate político. Quizá porque las zonas más afectadas, Jalisco y Michoacán, son gobernadas por opositores al proyecto de la 4T.

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, se ha concentrado en ganar la atención de medios y periodistas con su puesta en escena afuera de Palacio Nacional, por ejemplo.

El mandatario permaneció horas sentado en un banquillo a la espera de una audiencia con el presidente López Obrador.

Y Enrique Alfaro, de Jalisco, mantiene un inusual silencio, muy distinto a su histrionismo de meses anteriores cuando inclusive fue comparado con Mariano Otero por el historiador Enrique Krauze.

Es el dueño de la editorial que ha recibido varios contratos del gobierno jalisciense, por cierto.

Al final del día, el debate político seguirá en aumento, lo mismo que la abierta confrontación del CJNG contra el gobierno federal.

Ya se conocen algunos saldos de la batalla. Quién sabe si, en el empeño de construirse un país inexistente, a los medios, políticos, intelectuales y empresarios que atizan campañas de odio, les importen.