Paulette Slava fue al Cinemex ubicado dentro de la Plaza Reforma 222, uno de los puntos de reunión donde, paradójicamente, cada año inicia la marcha por los derechos LGBTTTIQ+ en la Ciudad de México. Cuando se propuso ir al sanitario, trabajadores la corrieron. ¿Cuál es la historia de la empresa que presume promover derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición humana y su dignidad?

Texto: Ricardo Balderas editado por Elena Arengo / PODER

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- El enemigo no es cualquiera. Y con esa seguridad, la de alguien que sabe que va a ganar, a Paulette Slava Cárdenas Vergara, activista por los derechos de la comunidad trans (transgénero, travesti y transexual) y mujer de género, le intentaron arrebatar el derecho a la identidad, retándola: “Pues ve y denuncia”, le decía el encargado, quien decidió, a nombre de la empresa, que su existencia contravenía a las normas del centro comercial. Y la corrió.

Paulette se decidió a presentar las denuncias correspondientes y llevar su caso hasta las últimas consecuencias. Así fue como logró que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) emitiera un comunicado en contra de la empresa Cinemex el 27 de abril del 2022 por las evidentes violaciones a la ley cometidas por sus empleados.

En este documento foliado con el número 4309420, se relata como la activista exige que las autoridades tomen cartas en el asunto.

El documento del Copred está dirigido a Operadora de Cinemas S.A. de C.V. conjuntamente con sus sociedades controladoras, subsidiarias, filiales y sociedades bajo control de Grupo Cinemex. En él explican cómo fue que diversos trabajadores de la empresa sacaron de manera agresiva a Paulette argumentando que “era un caballero” y que ese “no era su baño”.

Además de la denuncia, Paulette comenta en entrevista que, a pesar de sentirse humillada, decidió dejar el mismo registro de queja en la unidad de seguridad de la plaza.

El hecho no concluyó ahí. Luego del conflicto, la cuenta oficial de Cinemex publicó una notificación en donde, según la entrevistada, se realizan actos difamatorios acusando a Paulette de exhibirse desnuda en dicho baño. Consecuentemente, la diputada del partido conservador, Acción Nacional (PAN), América Rangel, republicó esa misma información sin dar oportunidad a la afectada a su derecho de réplica o presentar las pruebas que desmintieran las acusaciones.

¿Quién es Cinemex? ¿Y qué millonarios están detrás?

El corporativo Grupo Cinemex forma parte de las empresas sociedad de la firma Grupo México. Se trata de la empresa del millonario German Larrea Mota Velazco, quién actualmente aparece como Consejero y Presidente Ejecutivo en el más reciente informe anual de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a su vez, accionista de otras 88 empresas en todo el país. Y aunque su actividad principal es la minería, también lo es la firma propietaria de Cinemex.

Este no es el primer caso de violación a los derechos humanos por el que se le señala a Grupo México. El 6 de agosto de 2014, México sufrió un desastre ambiental por un derrame minero propiedad de esta empresa. Los estudios arrojaron que existían fallas en las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, perteneciente a la empresa Grupo México, en Cananea, Sonora, dedicada a la extracción de cobre y molibdeno, y ocasionó el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado (CuSO4) en el Arroyo Tinajas, fluyendo desde los ríos Bacanuchi y Sonora hasta la presa Molinito, que surte de agua a la ciudad de Hermosillo. Hasta el momento, las comunidades afectadas continúan exigiendo la reparación del daño.

Derrame del Río Sonora: cinco años de horror

En el mismo modo de operar, la empresa de los Larrea desacató órdenes del Gobierno Federal para gestionar medidas de salud durante la pandemia por covid-19. Desiderio Villegas, extrabajador minero y líder campesino, cuenta que los primos Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, y José Antonio Rivero Larrea, tienen malas practicas muy similares. Minera Autlán, de Rivero Larrea, vierte químicos en un arroyo del Río Claro, en Hidalgo, que nace en la laguna de Atezca y pasa por Tlaxinca, Ixcatlán y Cuxhuacán, de Molango; y en Tamala, San Simón y Acuimantla, de Tepehuacán. Esta misma empresa es señalada por ejecutar lo que los comuneros denominan “ingeniería de conflicto”.

En 2007, Grupo México anunció una gran inversión –a través de Southern Copper Corporation, su subsidiaria– para extraer cobre de Tía María, una de las zonas agrícolas más importantes de Arequipa, Perú. Agricultores rechazaron el proyecto e iniciaron una huelga indefinida. En un periodo de 8 años hubo choques violentos, 4 personas fallecidas y más de 20 heridos de bala.

Finalmente, en 2006, 65 trabajadores quedaron atrapados en Pasta de Conchos por una explosión debida a la acumulación de gas metano. La mina, operada por Grupo México, tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. La empresa suspendió el rescate un año después y los cuerpos continúan sepultados.

La paradoja de quienes quieren vender a cualquier costo

En el sitio oficial de la cadena de cines (y filial de la empresa minera) asegura en su política de trabajo, que el respeto es uno de los ejes de dicha corporación:

“Damos a las personas un trato digno, cordial y tolerante. Reconocemos en todo momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición humana y su dignidad. Nos comunicamos con claridad y con fundamentos, siempre en un tono de respeto hacia los demás. Nos expresamos positivamente de las personas, evitando cualquier tipo de comentarios ofensivos o despectivos, sin distingo alguno por sus características individuales o nivel jerárquico”.

Evidentemente, este no fue el caso con Paulette. Y aunque dichos términos no tienen carácter vinculante, es decir que no existe una normativa con condiciones claras para las personas trabajadoras que incumplan este modelo, en México la discriminación, por cuestión de identidad de género, sí es un delito.

Según lo estipulado en el Código Penal Federal, título tercero, donde se hace mención a los delitos contra la dignidad de las personas se estipula que dicho acto (la discriminación) contempla una sanción de “uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana”.

De este modo, Paullete insiste en entrevista que agotará todas las insituciones posibles con el fin de hacer cumplir la ley.