Mientras la Suprema Corte debate la constitucionalidad de la nueva Ley de Ciencia, comunidades como la de Alto Atoyac defienden el único instrumento legal que les ha permitido financiar investigaciones para demostrar el envenenamiento industrial de sus territorios. Para ellas, el fallo definirá si la ciencia vuelve a ser un negocio privado o se consolida como un derecho del pueblo

Texto: Jazmín Sandoval

Foto: Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.— México podría atravesar un cambio profundo, retrocediendo en la forma de entender el conocimiento científico años atrás, cuando el presupuesto público fue utilizado para beneficiar intereses privados. La actual Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación busca devolver al Estado la rectoría sobre los recursos. Para muchos, esto representa una oportunidad real y clara de que la ciencia sirva al pueblo y no a lo privado.

El modelo anterior permitió por muchos años que el dinero de los impuestos ciudadanos se desviara hacia proyectos con fines puramente comerciales. La doctora Elena Álvarez-Buylla, exdirectora de la ahora Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) —antes conocida como Conacyt—, realizó un marco normativo que materializa de forma íntegra el derecho humano a la ciencia y el acceso a los beneficios de esta ciencia y la tecnología, reconocido en el artículo tercero constitucional. Lo que ella hizo fue un rediseño no solamente administrativo, sino más bien una transformación estructural que supera un sistema previamente fragmentado y débilmente coordinado, y que incluso —se denunció en su momento— aprobó proyectos en beneficio no del interés público ni de la ciudadanía, sino de intereses privados.

Alejandra Méndez Serrano, colaboradora del Centro Fray Julián Garcés, responsable de la dimensión del cuidado integral de la creación de la Diócesis de Tlaxcala y también coordinadora de la región centro de la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (RENACER), menciona lo siguiente: «Recuerdo que en su momento se denunció a un grupo de investigadores e investigadoras cuyo proyecto consistía en mejorar el color de un automóvil, cuando el automóvil es para una empresa, un ente privado que no es de interés público; pero además, el conocimiento que se generaba con recursos públicos no quedaba a disposición de la ciudadanía, sino que la patente o el conocimiento de la patente se quedaba en las corporaciones».

Justicia social y salud en los territorios afectados

Un ejemplo es la comunidad de Alto Atoyac, donde Alejandra Méndez vive. El avance de una industrialización desmedida ha transformado el territorio en un escenario de emergencia social y sanitaria. Lo que Alejandra Méndez y la comunidad denuncian como un envenenamiento del entorno afecta no solo los campos de cultivo y el aire, sino la vida misma de sus habitantes, con más de veinte mil unidades económicas operando en la zona.

Casos de cáncer, leucemia, insuficiencia renal, malformaciones congénitas y abortos espontáneos han provocado muertes, y la comunidad necesitaba demostrar el impacto de los desechos industriales en sus cuerpos.

Ante este panorama, la actual Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación surgió como un instrumento de defensa para las comunidades, rompiendo con la lógica neoliberal que históricamente subordinó la investigación a los intereses privados.

Esta legislación redefine el conocimiento como un bien público, permitiendo que grupos de investigación y universidades se articulen directamente con la comunidad, que desde 2013 han trabajado de la mano, pero cuyo presupuesto era demasiado limitado.

Gracias al cambio de la ley en 2023, se han logrado financiar y ejecutar ocho proyectos de investigación en la cuenca que anteriormente carecían de presupuesto, poniendo el rigor científico al servicio de quienes más lo necesitan.

La importancia de esta herramienta legal radica en que proporciona la evidencia científica necesaria para sustentar políticas públicas basadas en la realidad del territorio. Contar con datos duros sobre las sustancias tóxicas y sus repercusiones en la salud humana y el hábitat permite que la ciudadanía cuente con mayores fundamentos para exigir reparaciones y medidas de protección efectivas. De este modo, la ciencia y la tecnología dejan de ser ámbitos lejanos o corporativos para transformarse en pilares de la lucha social.

El retorno de la ciencia al servicio del pueblo

«Creo que es un momento histórico, es un momento fuerte, es un momento que debemos defender, que debemos aferrarnos a decir que este paso dado tiene que sostenerse y ganar ahora es muy importante», señala Alejandra.

Uno de los pilares fundamentales de la actual visión de la ley es la transparencia absoluta y el acceso universal a los hallazgos de cada investigación. Bajo este esquema, se establece que cualquier proyecto financiado con recursos del Estado debe ser de carácter público, rompiendo con la vieja práctica de ocultar resultados tras muros de confidencialidad o acuerdos corporativos. El objetivo es claro: el conocimiento no puede ser un privilegio de unos cuantos, sino una herramienta de consulta abierta que le pertenece a toda la ciudadanía por igual.

Esta apertura representa una cuestión de justicia elemental para las comunidades y pueblos que habitan los territorios estudiados. Durante años, se ha permitido un modelo de «extractivismo académico» en el que se obtenía información de las regiones sin devolverles los diagnósticos, dejando a la población a oscuras sobre los riesgos o beneficios reales en su propio entorno. Hoy se reconoce que estas comunidades tienen el derecho inalienable de conocer con precisión técnica y fundamento científico qué es lo que está ocurriendo con su tierra, su agua y su aire.

Al garantizar que los resultados no se queden atrapados en entidades privadas, se evita que la ciencia pagada por el pueblo se convierta en una ventaja comercial exclusiva para las grandes corporaciones. El conocimiento científico deja de ser una mercancía guardada en archivos privados para transformarse en un bien común que nutre el debate público y fortalece la toma de decisiones colectivas. De esta forma, se asegura que el impacto de la investigación sirva directamente para proteger la vida y la salud de la población, y no solo para incrementar las ganancias del sector privado.

Reconocimiento de saberes ancestrales

Otro pilar fundamental de esta ley es el reconocimiento del conocimiento ancestral de los pueblos que han gestionado sus territorios por milenios. Se busca crear una sinergia entre el conocimiento de las comunidades y el de las universidades para que el Estado diseñe políticas basadas en la realidad de quienes habitan la tierra. Con esta se pone fin al «extractivismo académico», donde investigadores externos extraían información de los pueblos sin darles crédito ni devolverles resultados, una práctica que muchas veces terminaba beneficiando a la iniciativa privada para seguir afectando a las mismas comunidades que generaron el saber original.

Aunado a esto, Alejandro Rosillo Martínez, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctor en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel III, explica lo siguiente desde una perspectiva jurídica: el centro del debate va a que se hace una supuesta vulneración a derechos fundamentales.

El argumento principal en contra de la ley actual es que rompe el principio de igualdad y no discriminación al excluir a investigadores e investigadoras por el hecho de trabajar o estudiar en universidades e instituciones privadas, y que también hay una diferencia en el acceso a financiamientos de los proyectos de investigación, donde tienen prioridad las universidades públicas, al igual que las becas de posgrado y los programas de universidades, sin excluir a las privadas.

Otro argumento es que se violenta el derecho humano a la libertad de investigación. Se señala que la ley establece una agenda de temas prioritarios que va a determinar el Estado, lo que vulnera la libertad de cátedra y la libertad de investigación. Al permitir que el Estado decida qué temas son importantes y cuáles no, se condiciona el pensamiento crítico.

El debate central que la Suprema Corte deberá resolver es si la actual ley es constitucional o si, por el contrario, establece una distinción ilegal. Hasta ahora, los proyectos de resolución sugieren una postura que favorece al Estado: se argumenta que priorizar el financiamiento hacia el sector público no es un acto de discriminación, sino una medida con un fin adecuado. Bajo esta lógica, el Estado tendría la misión legítima de fortalecer primero sus propias instituciones y el ámbito de la investigación pública antes de extender los recursos hacia otros sectores.

Una de las precisiones legales más importantes en este análisis es que la ley no castiga directamente a los investigadores como individuos. Según el criterio que se ha asomado en las discusiones judiciales, la diferenciación se aplica a las personas morales, es decir, a las universidades e instituciones como entidades, y no a las personas físicas. Esto significa que el marco legal no está diseñado para excluir al académico por su trayectoria personal, sino para establecer reglas distintas basadas en la naturaleza pública o privada de la organización para la que trabaja.

Esta distinción abre una ventana estratégica para el gremio académico. Al no ser una restricción personal, los investigadores de universidades privadas podrían encontrar rutas legales para acceder a los beneficios y financiamientos públicos mediante convenios o colaboraciones temporales con instituciones del Estado. De esta manera, el cumplimiento del requisito de ley se trasladaría a la forma de colaboración, permitiendo que el conocimiento y el talento no queden totalmente bloqueados por el muro administrativo que separa lo público de lo privado.

Un futuro con soberanía científica

Ante la inminente resolución de la Suprema Corte, la exigencia desde los territorios es clara. Alejandra Méndez hace un llamado para que los magistrados y magistradas emitan una decisión movida por la garantía de derechos para la población y no por intereses corporativos. No se puede dar un paso atrás en la recuperación del presupuesto científico para el bien común. Es imperativo que la justicia asegure que cada peso invertido en ciencia se traduzca en políticas públicas enfocadas en la vida y la dignidad, especialmente para quienes habitan zonas de emergencia sanitaria que el modelo anterior simplemente ignoró.

También hace un llamado como sociedad. El primer paso para proteger este avance es el acceso a la información real. Ante las olas de desinformación y las fake news promovidas por sectores privados que ven afectados sus privilegios, el pueblo tiene la tarea de comparar lo que pasaba antes con lo que ocurre ahora. Informarse sobre dónde se están aterrizando los presupuestos y cómo se distribuyen hoy los apoyos es la mejor defensa contra los intentos de regresar al pasado, cuando la ciencia era solo un negocio.

«Como sociedad podemos informarnos primero de lo que está pasando…, quienes estamos en las comunidades, difundir; quienes están en los medios, hacer periodismo real; quienes están en la academia, defender los proyectos de investigación que están sirviendo para los pueblos, para la gente vulnerable afectada. Entonces yo creo que desde donde estemos podemos hacer mucho».

La lucha por la ley de la ciencia es una lucha por la soberanía y la protección de los más necesitados, desde las comunidades hasta los salones de clase en las escuelas. El compromiso debe ser sostener esta ley que reconoce los saberes ancestrales y pone fin al extractivismo académico. No se debe permitir ese retroceso. La ciencia en México debe ser, de una vez por todas, una herramienta de justicia y un patrimonio de todo el pueblo.