La última semana de 2017 dejó una huella oscura en la capital de Guerrero: 7 jóvenes fueron desaparecidos después de ser detenidos por policías municipales; dos de ellos aparecieron muertos, tres lograron escapar de un cautiverio ilegal, y de los otros dos no se sabe nada. El 4 de enero, los gobiernos estatal y federal tomaron el control de la seguridad y mandaron a su casa a un centenar de agentes. Sin embargo, el ciclo de impunidad parece repetirse

Texto: Margena de la O.

Fotos: Cortesía

CHILPANCINGO, GUERRERO.- Efraín Patrón Ramos salió de la casa a buscar algo de cenar. Eran casi las dos de la mañana del 29 de diciembre de 2017. Dos horas después, policías municipales lo detuvieron cerca de la alameda, en el centro de la ciudad. Desde entonces, no se sabe nada de él.

Efraín es un joven de 24 años, estudiante de Enfermería en el Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y empleado en la Secretaría de Salud; también es uno de la lista de siete jóvenes que en la última semana de 2017, se reportaron como desaparecidos después de ser detenidos por policías. Dos de ellos fueron asesinados, otros tres fueron golpeados y retenidos  siete días, y los otros siguen desaparecidos.

La presión social provocó que, por segunda vez, toda la policía municipal fuera retirada de sus funciones, y desde el 4 de enero, las policías federal y estatal tienen el control de la capital del estado. Pero solo uno, de los 110 agentes investigados, está sujeto a proceso por su posible relación con dos de las desapariciones.

En el caso de Efraín, sus familiares indagaron por cuenta propia sobre la ruta que recorrió el joven esa madrugada que salió de casa. Lo que hasta ahora tienen claro es que alrededor de las cuatro de la mañana, Efraín conducía su carro, un Peugeot verde modelo 2004, mientras hablaba por celular con una mujer, a la que le dijo que estaba cruzando por la alameda. La conversación se detuvo intempestivamente, sin que colgaran el teléfono. Él comentó que unos policías lo habían parado y ella alcanzó a escuchar que le pidieron el tarjetón del auto. La llamada se cortó.

A partir de ese momento, el teléfono de Efraín envió directo a buzón. “Desde entonces nosotros no sabemos de mi hermano”, dijo Natividad Patrón Ramos, quien narró los detalles que le dio la mujer.

En casa del joven, sus familiares se dieron cuenta hasta la mañana siguiente que no había vuelto y que ya no entraban las llamadas a su teléfono. Sospecharon que algo le había ocurrido, porque Efraín sabía que saldrían de viaje temprano para celebrar el fin de año. Comenzaron a contactar a sus amigos, hasta que ubicaron a la joven que habló con él durante la madrugada.

“Lo empezamos a vocear como a eso de las cuatro de la tarde, cuando estábamos muy desesperados de que no lo localizamos… yo subí, como a eso de las ocho, una publicación en la página de Solo Chilpo, con las características de mi hermano y su coche”, relató Natividad.

A los 10 minutos de subir la información a las redes sociales, alguien la contactó para darle información: en la calle Margarita Damián Vargas, de la colonia Los Ángeles, estaba estacionado un coche Peugeot con las mismas características que el de su hermano. Era el carro de Efraín, alineado a un costado de la cancha de la colonia, con los vidrios arriba y un orden impecable adentro del vehículo.

La familia supo que esa misma mañana, un par de horas después de la última comunicación de Efraín, unos vecinos vieron a policías municipales estacionarlo.

Otro indicio que halló la familia, a través de un servidor público, es que en las cámaras del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) quedó grabada la detención de Efraín por policías municipales cerca de la alameda. Esta información sigue sin ser confirmada por las autoridades.

Pero aún cuando los indicios apuntan a que la el joven fue detenido por municipales, no hay registro de su ingreso en la cárcel municipal.

Policía acuartelada

La familia Patrón Ramos afirma que las autoridades han bloqueado cualquier información sobre el caso. Incluso, el lunes 8 de enero, el fiscal Xavier Olea Peláez plantó a los familiares que pidieron reunirse con él para saber la ruta de las investigaciones.

La única información pública por el gobierno estatal sobre el tema es que la Policía Municipal de Chilpancingo salió de funciones y es investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE) por la desaparición de algunos jóvenes. Desde la tarde del 4 de enero, los gobiernos estatal y federal asumieron el control de la seguridad.

Esta es la segunda vez, en tres años, que las autoridades estales y federales acuartelan y sacan de funciones a los policías municipales para investigarlos. En marzo de 2014, en los tiempos del alcalde Mario Moreno Arcos, anunciaron que evaluarían los niveles de control y confianza de unos 165 agentes municipales y la Policía Federal asumió la responsabilidad de la seguridad.

Sólo unos 115 policías volvieron a sus funciones. Al resto, aunque no pasaron los exámenes de confianza, les asignaron otras tareas, como cuidar el Zócalo de la ciudad sin armas. La administración municipal se justificó diciendo que no pudo despedirlos por falta de recursos para su liquidación.

De acuerdo al vocero del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, la actual investigación, por la desaparición de los siete jóvenes, incluye a 110 elementos, entre policías municipales, personal administrativo de barandillas y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Esteban Espinosa Montoya.

El secretario -que en declaraciones a reporteros dijo que los policías de Chilpancingo eran confiables- llegó al cargo con el visto bueno del gobernador Héctor Astudillo Flores. De hecho, Espinosa Montoya había sido parte de la seguridad personal de Astudillo durante la campaña electoral por la gubernatura. En la investigación a la Policía Municipal quedó expuesto que él tampoco acreditó los exámenes de control y confianza.

El alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena, quien mantiene una diferencia política con Astudillo, publicó en su página de Facebook que él recibió una recomendación para nombrar a Espinosa Montoya como secretario de Seguridad Pública; también reveló que el gobierno del estado se encargó de hacer los trámites ante la Secretaría de Gobernación, y entonces conoció de los resultados: “Los resultados se los informaron al gobierno el estado que a su vez le informa a la autoridad municipal. Como marca la ley solicité su cambio ante la instancia jerárquica superior. Esa autoridad quedó de resolverlo”, se lee en la publicación del ex alcalde.

Los siete desaparecidos

El último día de 2017, Jorge Arturo Vázquez Campos -dueño de una barbería del centro de la ciudad- y Marco Eduardo Catalán Cabrera -chef empleado en Cuernavaca, Morelos-, estuvieron en las instalaciones de la Feria de Chilpancingo desde la madrugada hasta la pelea con un tal Milton.

Por el disturbio, los tres fueron a parar a barandillas, pero Milton fue liberado porque uno de los policías que resguardó la detención lo conocía. La detención de Arturo y Marco quedó asentada a las 7:30 de la mañana.

Según los testimonies que han salido durante las audiencias públicas del juicio, Milton dijo que iría por dinero para pagar la fianza de los dos detenidos, a quienes no se supo conociera. Regresó y pagó la fianza: 525 pesos por cada uno, según los recibos con folios 080050 y 080051. Un policía se cercioró que, a las 9:20 horas,  los dos jóvenes salieron hasta la puerta del cuartel, donde los esperaba Milton y dos más en un Tsuru color blanco.

El policía y un hombre con una arma AR-15 que llegó con Milton forzaron a Arturo y Marco a subier al vehículo. El comandante en turno, de nombre y el jefe de barandillas, escucharon decir algo a uno de los hombres que se llevaban a los dos jóvenes que estuvieron detenidos: «¡Se los llevó la chingada, hijos de la verga! ¡Pinches putos! Los vamos a matar».

Ambos fueron llevados rumbo hacia el viejo libramiento a Tixtla. Tres días después, sus cadáveres, envueltos en bolsas de plástico, fueron hallados en un lugar conocido como Tierras Prietas, una zona solitaria hacia el norte de la ciudad.

Esta cronología de los hechos fue leída el sábado 6 y el viernes 12 de enero pasados, durante las audiencias públicas del juicio, en el que un juez vinculó a proceso a un policía municipal llamado Nicolás por el delito de homicidio calificado los dos jóvenes.

Durante la última audiencia, el policía procesado pidió una pausa después de llorar en al menos dos momentos, por un dolor de cabeza. Hasta ahora no se sabe de más policías implicados, aun cuando en la narración de los hechos hay más nombres de agentes que atestiguaron lo que ocurría. El vocero de Seguridad Pública aseguró que las investigaciones continúan, “y se va a llegar hasta donde topen”.

El 3 de enero pasado, atrás de una tienda de autoservicios ubicada a un costado del Palacio de Gobierno, fueron ubicados tres jóvenes semidesnudos, atados de las manos y golpeados. Los jóvenes habían sido reportados como desparecidos desde el 27 de diciembre, pero lograron esquivar la suerte de Arturo y Marco.

La versión que reunieron los familiares es que fueron detenidos por policías municipales de Chilpancingo, quienes los entregaron a un grupo de la Policía Ministerial de Acapulco, que los retuvo por siete días. Durante el cautiverio, uno de los tres muchachos consiguió comunicarse con su novia y decirle dónde estaban y quiénes los tenían. Esto permitió a sus parientes exigir a las autoridades, con certeza, que se los regresaran.

Al día siguiente, los tres fueron liberados y abandonados cerca de la tienda, aunque dos de los jóvenes quedaron detenidos por el delito de robo.

Quien cierra la lista de los siete desparecidos en la última semaña del año es Abel Aguilar García, un joven de 18 años y estudia la preparatoria 9 de la Universidad Autónoma de Guerrero, es originario de Cochoapa El Grande, municipio más pobre de la región Montaña.

La mañana del 23 de diciembre, una joven con quien comparte la casa de estudiantes en el barrio de San Mateo lo escuchó prepararse para salir a trabajar a una frutería ubicada al oriente de la ciudad. Eran las 7 de la mañana cuando salió, pero nunca llegó a su destino; a su patrón le envió un mensaje a su celular, registrado a las 10:59 horas, de que no iría porque tenía un dolor de cabeza. Sus familiares supieron que en el camino fue detenido por policías.

Todo esto consiguió saberlo su hermano Daniel, quien junto a sus padres se ha unido a la familia de Efraín para exigir que aparecieran.

La participación de los policías municipales en las desapariciones de personas en Chilpancingo no son recientes, al menos eso dictan los registros de María Guadalupe Rodríguez Narciso, del Colectivo de padres y familiares de desaparecidos, secuestrados y asesinados en el estado de Guerrero y el país. Según la organización, de los 100 casos documentados desde 2016, en 20 existen denuncias de intervención de las corporaciones.

Una versión de este texto fue publicada antes en La Silla Rota. Se reproduce con autorización de la autora

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Guerrero, los otros desaparecidos
Policías municipales, la carne de cañón de la guerra contra el narco
Después de los 43

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