De los 126 menores desaparecidos entre enero del 2017 y mayo del 2019 en Guerrero, 86 niñas y niños siguen perdidos, sólo 40 han sido recuperados. La alerta Amber, el protocolo para su búsqueda en la entidad con más personas desaparecidas en México, tiene una efectividad del 30 por ciento

Texto: Marlén Castro / Amapola periodismo

Fotos: Jesús Eduardo Guerrero

CHILPANCINGO, GUERRERO.- Traía el cabello revuelto, la ropa sucia y los tenis manchados.

Subió a la unidad de transporte público. No pagó. No platicó con nadie. Sólo entró y se sentó. Eran cerca de las cuatro de la tarde del lunes 6 de mayo.

Parecía atornillada a la banca y la mirada fija en un punto ciego.

Llegaron a la colonia, el último sitio de la ruta, pero ella seguía pegada al asiento.

Los pasajeros le dijeron que ya habían llegado. Las voces la devolvieron a este mundo. No respondió el aviso. Sólo se bajó y se encaminó a su casa, de la que había estado ausente los últimos siete días.

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En Guerrero desaparecen a la gente, sobre todo a las niñas.

Aquí, las alertas Amber, para niños y niñas, y Alba, para mujeres mayores de 18 años, se activan cada 48 horas en promedio. Los hombres mayores de 18 años que desaparecen no entran en este conteo. Para ellos no hay protocolos de búsqueda.

La primera vez que se puso en marcha la alerta Amber en Guerrero fue el 23 de enero del 2017 por la desaparición de Santiago de la Cruz Ramírez, de 17 años, de Acapulco, quien hasta la fecha no ha aparecido.

De los 126 menores desaparecidos entre enero del 2017 y mayo del 2019, 86 niñas y niños siguen perdidos, sólo 40 han sido recuperados, lo que establece que la alerta Amber tiene una efectividad del 30 por ciento, así se desprende de la página oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La mayoría de las niñas y niños perdidos, de acuerdo con las veces que se ha activado la alerta Amber, son de Chilpancingo, 47, de Acapulco, 31, Zihuatanejo 8, Iguala 7; el resto ha ocurrido en otros municipios, como Tixtla, Chilapa y Tecpan.

Chilpancingo es un hoyo negro para las niñas. Acapulco no se queda atrás. Algo pasa en la capital que las menores se pierden en lugares públicos. De la escuela a sus casas se esfuman. De calles muy transitadas como la Zapata, el principal andador peatonal de la ciudad, se evaporan.

Es cierto que varias de las alertas Amber activadas son casos de menores que huyen de sus casas por problemas con sus progenitores como Christian Yamil Molina Godinez, de 13 años, por quien se activó el protocolo el 12 de mayo del 2018 y regresó 15 días después.

De acuerdo con el papá y la mamá de Christian, la FGE no llevó cabo ninguna investigación, nunca fue ningún policía ministerial a hacerles preguntas a ellos, a sus vecinos o a maestros y compañeros de su escuela. A la fecha, la FGE no ha desactivado la alerta pues desconoce que el menor regresó a su domicilio.

Pero hay casos de menores de quien sus familiares no han vuelto a saber nada.

Todo apunta a que las y los menores que no aparecen, en su mayoría, han sido víctima de trata, como el caso de Karla de los Ángeles Villalobos Gómez, de 17 años, desaparecida el 30 de abril del 2017, en Acapulco. La madre de Karla supo que su hija era víctima de una red de prostitución en la que están inmiscuidos policías municipales del puerto, de acuerdo con su denuncia en la Ciudad de México hecha a un medio de comunicación.

El caso de Karla fue retomado por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niños en América Latina y El Caribe (CATWLAC) la que consiguió que la Interpol emitiera la alerta roja, un aviso internacional sobre personas pero no es una orden de detención. De esta forma Karla fue recuperada. La FGE tampoco ha desactivado esta alerta.

Otros menores desaparecidos han sido víctimas de las organizaciones criminales. Adrián Ayala Abarca, de 17 años, es uno de ellos. El menor desapareció en Acapulco el 9 de abril del 2019. Su cadáver desmembrado apareció días después en una bolsa negra. La FGE también mantiene la alerta. La institución se calla cuando hallan asesinado a un desaparecido con alerta.

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Alrededor de las once de la noche del martes 30 de abril del 2019, la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la FGE, activó la alerta Amber por la desaparición de Danna Ofelia Ramos González, de 16 años.

Gabriela González, mamá de Danna, la buscó desde las tres de la tarde, cuando llegó del trabajo y se enteró que no había regresado de la clase de baloncesto a la que asiste de siete a nueve de la mañana, a la Preparatoria número 9, de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro).

Con el caso de Danna, la Fiscalía Especializada activó por trigésima novena vez la alerta Amber en lo que va del 2019.

Con Danna, la alerta Amber había sido activada 106 veces, de acuerdo con los registros históricos en la página oficial de la FGE, aunque estos no coinciden con reportes de la misma dependencia.

Gabriela González estaba desesperada desde que comenzó a marcar a Danna y su número mandaba a buzón. En los primeros cuatro meses del año, ya habían ocurrido 59 probables desapariciones, de 39 menores de edad y de 20 mujeres de 18 años en adelante, casos en los que se activa la alerta Alba.

Las redes sociales difunden a cada rato información sobre una nueva persona desaparecida y pocas veces reportan si han sido localizadas. Gabriela se presentó a la Prepa 9 a ver si Danna había ido a clases en el turno vespertino, en el que está inscrita. Estuvo en la puerta del salón a ver si llegaba. Platicó con los compañeros de su hija. Llegaron también los familiares de José Manuel Marcial Gómez, de 15 años, estudiante de la misma escuela del turno matutino quien tampoco había regresado a su casa ese día.

A las nueve de la noche, cuando se terminaron las clases en el aula de Danna, Gabriela acudió a la FGE a denunciar la desaparición de su hija. Fue la alerta número 39 del año. Se activó de manera inmediata, como marca el protocolo. Pero no siempre es así, no todas las personas a las que se les pierde un familiar tienen posibilidades de ser escuchadas, sobre todo si llegan solas.

En el caso de Gabriela fue distinto. La abuela de Danna es una activista de derechos humanos. Pidió apoyo a organizaciones. De inmediato, el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello acompañaron a la madre y a la abuela.

Al día siguiente, la FGE activó también la alerta número 40 del año por la desaparición de José Manuel.

En la Prepa 9, maestros y estudiantes consideraron que Danna y José Manuel no estaban desaparecidos, que habían huido juntos.

El protocolo de la alerta Amber, aprobado en el Congreso local en 2015 pero puesto en marcha hasta enero del 2017, establece que éste se activará sin dilación alguna, “previa evaluación de las circunstancias de las que se trate”, y que se priorizará la búsqueda inmediata en áreas donde sea más probable encontrar al desaparecido.

La búsqueda inmediata de la que habla el protocolo parece que es una cuestión subjetiva como la evaluación previa de las circunstancias de cada caso. Las primeras indagatorias que realizó la Fiscalía Especializada en el caso de Danna las llevó a cabo hasta el viernes 3 de mayo. El jueves 2 de mayo los familiares y las organizaciones que las acompañaban anunciaron que harían una marcha para exigir la búsqueda, porque el 1 de mayo como era un día de asueto la Fiscalía Especializada no realizó ninguna actividad para dar con la menor. La madre, la abuela y otros familiares tapizaron las calles céntricas de la ciudad y alrededor de la Prepa 9 con el anuncio de la alerta por la desaparición de Danna y preguntaban a la gente si la habían visto.

Gabriela colocaba una fotografía en un poste del andador Zapata cuando un policía municipal la abordó para tener más información.

«Me di cuenta que la Fiscalía no manda la alerta a todas las policías, como dice. Ese policía me preguntó sobre Danna porque no sabía nada. Dijo que no estaban enterados y tomó una foto con su celular. Mandó un mensaje a un grupo de Whatsapp que tienen los policías para que estuvieran pendientes».

El jueves iban a hacer la marcha pero la Fiscalía Especializada le dijo que tenían datos de ubicación del celular de Danna y le pidieron que fuera a las oficinas. La marcha se suspendió. El viernes pasó lo mismo. El sábado de nueva cuenta le llamaron por la tarde para que estuviera en la Fiscalía, pero sus familiares ya no la dejaron ir y la marcha se llevó a cabo.

«Me hablaban para que no hiciéramos la marcha», acusa.

La Fiscalía no pegó en ningún lado la alerta por la desaparición de Danna, sólo difundió en los medios, aseguran los familiares. Todas las fotos en las unidades del transporte público, en la terminal y en los sitios concurridos las pegaron la mamá, el papá y la abuela.

El sábado, después de la marcha, en la que participaron otros familiares de desaparecidos y organizaciones afines, avisaron a Gabriela que el lunes a las dos y media de la tarde la iba a recibir el fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila.

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En Guerrero, 500 personas desaparecieron en tres años y medio dice el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), razón por la cual este barril sin fondo encabeza la lista de las entidades del país con el mayor número de desaparecidos.

Ésta es la entidad en la que una sola noche desaparecieron 43 estudiantes. Varios aún eran menores. Cinco años después aún no se sabe nada de ellos.

También es aquí donde ocurrió la primera desaparición forzada en México. Se trata de Epifanio Avilés Rojas, desaparecido el 19 de mayo de 1969, en Las Cruces, en Acapulco. A partir de su caso, las organizaciones conmemoran los 50 años de la desaparición forzada en México.

De enero del 2014 a julio del 2018, se reportaron 2 mil 795 víctimas de desaparición y mil 394 de desaparición forzada en todo el país. El Renavi hizo una distinción en el tema de desaparición. Llama víctimas de desaparición a las personas que se cree fueron sustraídas por particulares, como organizaciones criminales. Aquellas personas en las que se cree participaron funcionarios públicos, como policías por ejemplo, son víctimas de desaparición forzada. ¿Cómo nombrar el caso de Karla de los Ángeles Villalobos Gómez? La mamá de la menor denunció que su hija fue víctima de una organización criminal, en la que hay policías municipales de Acapulco involucrados.

Con 500 casos, Guerrero encabeza la lista de víctimas de desaparición. En segundo lugar, Veracruz con 278; tercero Sinaloa con 130; cuarto Tamaulipas con 107 y quinto Zacatecas con 61.

Históricamente en estas tierras se llevó a cabo la primera desaparición forzada y ahora se va a la cabeza de las víctimas de desaparición.

Lo siguiente es parte de la explicación.

El informe Justicia fallida en el estado de Guerrero, de la organización Open Society Foundations, con sede en Nueva York, publicado en 2015, indica que en 200 de 239 casos de desaparición documentados por organizaciones civiles existen indicios de involucramiento de funcionarios públicos estatales y que en 38 casos hubo participación de policías ministeriales de la Fiscalía.

En el estado con más número de desaparecidos en todos el país, las alertas Ambar y Alba son protocolos que se activan de forma inmediata o con mucha dilación, según los contactos que tengan las familias de la víctima y la presión que ejerzan. En algunos casos las desapariciones sólo quedan en las prealertas ¿Has visto a…?

Gema Antúnez, del Centro de Atención a Víctimas de la Violencia Minerva Bello, que apenas se creó en agosto del 2018, indica que sólo en estos ocho meses, han acompañado 208 casos.

“Aquí en Guerrero la Fiscalía ignora a las familias que denuncian a un desaparecido. Sólo hace caso si vienen muchas personas acompañándolas para hacer presión. Si vienen solas nunca les hacen caso”, denunció.

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El registro de las veces que se ha activado la alerta Amber en Guerrero es inexacto. La página oficial establece que del 23 de enero del 2017, con la desaparición de Santiago de la Cruz Ramírez, de 17 años, al 31 de mayo del 2019, con el caso de Jorge Antonio Godínez Mendiola, de 13 años, desaparecido en Atoyac, la alerta se ha activado 126 veces, de las que, sólo 40 niños y niñas han sido recuperados, pues es el número de veces que aparece sobre los carteles la palabra localizado.

Pero el registro en la página oficial tiene serias fallas. Hay dos direcciones electrónicas para acceder al registro. Una de ellos es un enlace roto. Y el efectivo aparece sólo si se tiene la url correcta. No es fácil acceder al registro. Al hacerlo saltan las inconsistencias. Algunas desapariciones de niñas o niños no tienen número de carpeta. Es decir, oficialmente no van a aparecer en la estadística de la alerta. Y algunos son números duplicados.

Con fecha 20 de marzo de 2019 se hicieron sendas solicitudes de información a la Fiscalía General del Estado y al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública sobre el número de veces que se han activado las alertas Amber y Alba en el estado de Guerrero, y cuántos desaparecidos fueron localizados.

Ninguna de las dos instancias respondió la solicitud de información y se iniciaron recursos de inconformidad que están en trámite por la violación al derecho de acceso a la información.

También se solicitó la información de forma tradicional ante el área de Comunicación Social de la dependencia y el vocero Randy Suástegui indicó que era información que no tenían elaborada.

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El lunes 6 de mayo, a las dos y media de la tarde, los familiares de Danna, asesores y activistas de derechos humanos llegaron a la oficina de Santos Barrila.

Gabriela González es una señora joven, delgada, bonita, de poco más de 30 años. Seis días sin noticias de su hija habían hecho estragos. Ya tenía ojeras grandes, mirada triste, el cuerpo enflaquecido y los nervios destrozados.

El fiscal salió a recibirlos molesto media hora después de la cita por la presencia de reporteros. Advirtió que sólo entrarían familiares y organizaciones asesoras.

—Los medios no ayudan mucho en estos casos. Si quieren cooperar que publiquen la alerta, —pidió.

Entraron a la reunión unas ocho personas a las que no dejaron pasar con celulares. —Por seguridad, —les indicaron.

Mientras se desarrollaba la reunión, Danna estaba llegando a la colonia, con la misma ropa que traía el día que desapareció. La abuela marcó varias veces a Gabriela, al papá y a todos los familiares que estaban en la reunión, para avisar que Danna había llegado a casa por su propio pie. Pero nadie tenía el celular consigo.

Quienes la vieron cuando abordó el transporte público a su colonia dijeron que Danna iba sucia, como si en todos estos días no se hubiera bañado y se podía ver su cabello con lodo.

Danna se ha negado a decir dónde estuvo. No habla con nadie. No ha querido regresar a la preparatoria. Gabriela pidió respetar a la familia sobre la decisión de guardar silencio acerca de las condiciones en las que llegó la menor.

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Un pasillo oscuro, aun cuando sea a mitad del día, lleva a la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el edificio viejo de la ex Procuraduría General del Estado.

La puerta de esa oficina casi siempre está cerrada, la luz apagada y el pasillo en tinieblas.

La pared principal de acceso a esta oficina tiene un mural de unos dos metros de ancho por un metro y medio de largo en el que están pegados carteles con fotografías y datos de las personas desaparecidas. Tiene 24 carteles pegados; 24 desaparecidos. Ninguno de estos papeles de personas desaparecidas dice localizado.

Ahí en esa oficina atiende Eloína Sánchez Zamora, la fiscal especializada en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas. Sánchez Zamora recibe las denuncias de los familiares de personas extraviadas y decide activar la alerta Amber, para menores de 18 años, junto con la coordinadora Ingrid Yeni Eunice González Reyes. Para las mujeres mayores a 18 años se activa la alerta Alba. Para los hombres de mayoría de edad desaparecidos no se tienen protocolos de actuación.

Encontrar a la fiscal en materia de desaparición forzada para que concediera una entrevista sobre los protocolos para la búsqueda de personas fue muy complicado. Para entrevistarla hay un protocolo. Se solicita al vocero de la Fiscalía, Randy Suástegui Cebrero, quien hace la petición al área, y esa área al fiscal general.

La petición fue hecha desde el 16 de marzo pasado.

«Va a ser muy difícil porque como fiscal en la materia tiene que atender todos los casos. Se va a Acapulco y a todas las demás regiones», dijo.

Se le habló durante varios días para saber si iba a ser posible.

«Disculpa la tardanza pero continuamos en la gestión, en cuanto se pueda, yo te hablo».

También se solicitó acceso a la coordinadora estatal de la Alerta Amber, Eunice González.

Hasta la fecha, no se ha podido platicar con ninguna de las dos.

Este reportaje fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie

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