A media hora de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, donde estudiaban los 43 normalistas desaparecidos por la policía municipal de Iguala en septiembre de 2014, se tejió una tragedia parecida que ha pasado desapercibida para la prensa nacional. Tres años después, las familias avanzan en sus investigaciones a pesar del abandono de las autoridades

Texto y fotos: José Ignacio De Alba

CHILAPA, GUERRERO.- Estos desaparecidos no eran estudiantes. Se esfumaron cuando un grupo civil armado sitió la cabecera municipal durante cinco días y se llevó a una treintena de hombres en las narices de militares, policías federales, estatales y municipales. Eso ocurrió en mayo del 2015, ocho meses después de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y en este pueblo, que está a media hora de la normal rural.

Pero estos desparecidos no le importan a nadie. Sus familias, provenientes de una de las zonas más pobres del país, los buscan, casi, en solitario.

Después de casi tres años, el Colectivo Siempre Vivos, que se formó después de la toma del pueblo, los familiares volvieron a obtener una pista de lo que pasó con ellos gracias a la declaración de Julio César Vargas Valladares, un presunto sicario de la banda de Los Ardillos, cuyo testimonio está asentado en la causa 206/2015 de la SEIDO, donde se investiga la desaparición y asesinato de los hermanos Hugo y Alejandrino Díaz Navarro, su primo Vicente Apreza y los ingenieros Mario Montiel Ferrer y Jesús Romero.

Los cinco fueron interceptados el 26 de diciembre de 2014 cerca de Chilapa y sus cuerpos calcinados fueron localizados días después en un crucero del municipio de Zitlala.

Vargas Valladares habría participado varios crímenes cometidos por Los Ardillos, entre ellos los de los desaparecidos de mayo de 2015. En su declaración, el hombre reveló detalles del grupo criminal y dijo que a los 30 “les hicieron lo mismo que a los 43”. .

En su relato describe que fueron desmembrados hasta que murieron, mientras los pedazos de cuerpos eran incinerados y luego arrojados al Río Azul, en el municipio de Quechultenango. Los gritos de las víctimas, dijo, no se escucharon por el borboteo del rio. También relató que todo fue por órdenes de Celso Ortega Jiménez, líder del grupo Los Ardillos y hermano del ex diputado local y presidente del Congreso de Guerrero (de 2012 a 2015), Bernardo Ortega Jiménez, a quien la familia Díaz Navarro ha señalado desde el inicio como cabeza política y protector del grupo criminal.

“Los culpables tienen nombre, tienen apellidos, tienen rostros. Son personas, vamos, que son ahora fáciles de identificar. Ya nada más falta que las autoridades hagan su trabajo de investigación y que hagan valer ya el estado de derecho”, dijo José Díaz Navarro el lunes 27, al presentar un informe de trabajo del colectivo.

El testigo también declaró que le tocó presenciar, en otra ocasión, que el diputado Bernardo Ortega entregó a su hermano Celso una caja de cartón “del aceite 1,2,3” llena con billetes de 500 pesos, como agradecimiento por apoyarlo en las campañas políticas.

Ubicada en la parte baja de La Montaña de Guerrero, Chilapa es la salida obligada de la droga que se produce en esta región.

La tragedia del pueblo comenzó a gestarse en 2014, con el enfrentamiento entre dos grupos criminales ligados a grupos políticos: Los Rojos (identificados con el PRI) y Los Ardillos (relacionados con el PRD).

Pero tras las elecciones de 2015, los Ardillos tomaron el control y ahora es tal su poder que hasta la venta de pollo en muchas comunidades está  en su control.

Sólo este año ha registrado 242 homicidios, incluido el de la niña de 13 años que fue desaparecida el 12 de noviembre.

Aunque hubo un tiempo en el que Chilapa pareció importarle a las autoridades federales y a la comunidad internacional, el abandono es evidente.

El Colectivo Siempre Vivos ha realizado búsquedas de fosas clandestinas por su cuenta. José Díaz Navarro, quien dejó de dar clases para buscar a sus hermanos, ahora está desplazado por amenazas de muerte.

Bernardo Carreto uno de los miembros del colectivo que buscaba a tres de sus hijos, fue acribillado el 22 de diciembre de 2015. Otros miembros de la organización han sido amenazados y se han tenido que desplazar a otras localidades. Varias mujeres del grupo no llegaron a la presentación del informe “porque no tenían dinero para el pasaje”.

“Aparte de ser víctimas tenemos que andar como limosneros para que se nos pueda brindar el derecho que tenemos para recibir atención”, dijo el profesor, que para ir a poner las cruces en el lugar donde encontraron los cuerpos de sus hermanos tuvo que ir escoltado por 15 policías federales.

Ahora, tras la revelación del testimonio del sicario. Los familiares pidieron a las autoridades que hagan las diligencias en el lugar para confirmar si pudo haber indicios que o confirmen lo declarado por el testigo.

En un salón improvisado, con un proyector prestado y buscando una pluma de último momento José Díaz Navarro hizo la presentación de las nuevas pistas que deja la declaración del sicario sobre el destino de los desaparecidos de mayo, frente a un público de mujeres que apenas habla español. El hombre resumió la tragedia de este pueblo en una frase: “ojalá esta información la hubiera dado alguna autoridad”.

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Guerrero, Los otros desaparecidos

Buscadores. José Díaz Navarro

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