La falta de fiscalización al FANVI de Chihuahua ha resultado una oportunidad de negocio para los proveedores y políticos que la mayoría de las veces logran contratos de adjudicación directa, entre irregularidades que involucran a integrantes del Comité Calificador del Fideicomiso y de la Fiscalía. (Segunda de dos partes)

Abraham Rubio / Especial para La Verdad

Ilustración: Marla Rascón

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.- El presupuesto destinado al Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (FANVI) ha sido consistente en sus 10 años de existencia al destinar entre 20 y 25 millones de pesos, pero esto no ha asegurado un buen funcionamiento del fideicomiso. De hecho, lo que predomina en su operación son los procedimientos de contratación opacos, proveedores no idóneos y anomalías en las entregas de los bienes contratados.

La falta de fiscalización del programa ha implicado un negocio para los proveedores y políticos que, dependiendo de cada administración, fijan al proveedor que concentra entre el 30 y el 60 por ciento de todo el presupuesto anual, la mayoría de las veces mediante adjudicaciones directas de políticos y empresarios.

“Parece que todo esto (el procedimiento de licitación) se manejó por revanchismo directamente hacia la empresa que yo represento”. Esa fue la denuncia hecha en febrero de 2017 por Parrish Cárdenas Mata, representante legal de la empresa Prometeo Proyectos Ejecutivos, S.A. De C.V., hacia el gobierno de Javier Corral Jurado porque presuntamente trató de bloquear su participación en una licitación.

La empresa especializada en la venta de despensas se retiró y no volvió a participar en ningún otro proceso, sin embargo, para aquel entonces, ya había recibido 894.5 millones de pesos por adjudicaciones directas o licitaciones por invitación durante la administración del exgobernador César Duarte Jáquez, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

Prometeo Proyectos Ejecutivos, S.A. De C.V es la proveedora que más dinero recibió en la historia del FANVI: en cuatro años obtuvo un total de 43 millones 287 mil 798 pesos en contratos por adjudicación directa de despensas y uniformes –a pesar de no estar especializada en dicho giro–.

La empresa constituida en 2012 está vinculada a uno de los empresarios predilectos del sexenio duartista, Jaime Galván Guerrero, con quien tenía una estrecha relación el entonces gobernador: el ex mandatario estatal reconoció públicamente su cercanía debido a que usó durante la campaña aviones pertenecientes al empresario; Galván Guerrero es señalado por haber organizado fiestas privadas tanto al gobernador como a la primera dama y presidenta del Comité Técnico del FANVI, Bertha Gómez Fong, en las que se invitó a los cantantes Juan Gabriel y Luis Miguel; y, aunado a esto, la esposa del empresario Jaime Galván, Elia Patricia Berges

Chávez, invirtió 52 millones de pesos en la Unión de Crédito Progreso (Banco Progreso).

Además de Prometeo Proyectos Ejecutivos, el FANVI tuvo otro proveedor preeminente en el sexenio duartista: Grupo Comercial Bujaidar, S.A. De C.V., que acumuló 22 millones 351 mil 317 pesos en contratos –por licitación pública, restringida y adjudicación directa– para proveer calzado escolar.

La empresa radicada en el municipio de Hidalgo del Parral, de donde es originario Duarte Jáquez, tiene como socio a Maximinio Bujaidar García, quien expresó en algunas ocasiones su cercanía con el PRI y César Duarte: en 2007, ofreció en su casa una comida para celebrar al exgobernador José Reyes Baeza (2004-2010); y, en septiembre de 2009, respaldó junto con otros empresarios chihuahuenses el desempeño de Duarte Jáquez como senador de la República.

Ambas empresas acapararon el 60 por ciento del presupuesto ejercido hasta la alternancia del Poder Ejecutivo.

Un mes después de la denuncia de Cárdenas Mata, en marzo de 2017, la Fiscalía General del Estado detuvo a tres exfuncionarios y colaboradores cercanos al exgobernador César Duarte Jáquez; la acción generó una reacción en cadena que llevó a que más de 70 empresarios y exfuncionarios duartistas se ampararan, entre ellos Parrish Cárdenas y Jaime Galván Guerrero (condenado en 2013 por un fraude de aproximadamente 825 mil dólares al Export-Import de los Estados Unidos).

Prometeo Proyectos Ejecutivos dejó los negocios en Chihuahua, cambió de imagen y se fue a ofrecer despensas a otros estados gobernados por el PRI. En septiembre, una investigación apoyada por Quinto Elemento Lab reveló que el gobierno de Oaxaca, a cargo del priista Alejandro Murat, dio contratos y adjudicaciones por 2.1 miles de millones de pesos entre 2017 y 2019, dos veces más que los contratos obtenidos con Duarte Jáquez.

La llegada de Javier Corral Jurado al Poder Ejecutivo implicó la partida de los proveedores cercanos a César Duarte del FANVI, pero también fue la llegada de proveedores ligados al PAN que, mediante varias empresas, acapararon el presupuesto mediante adjudicaciones directas.

Tres empresas relacionadas entre sí recibieron entre 2017 y 2018 adjudicaciones directas por la adquisición de lentes, chamarras y calzado escolar: “Industry Conect S.A de C.V.”, “Grupo Isberu S.A. de C.V.” y “Grupo Ruland S.A. de C. V.”.

De acuerdo con el Registro Público del Comercio, Grupo Isberu S.A. de C.V. y Grupo Ruland S.A. de C. V. fueron constituidas con una semana de diferencia en octubre de 2015 por el mismo accionista, Jorge Antonio Villalobos Luévano. La primera sociedad la formó con David Terrazas Porras y la segunda con Óscar Carrasco Padilla, accionista de “Industry Conect S.A de C.V.”.

Las empresas han integrado a distintas personas en la sociedad desde su conformación, pero las preeminentes son Jesús Humberto Holguín Soto, accionista de Grupo ISBERU y representante legal de Industry Conect; Elizabeth Landell Elenes, accionista mayoritaria, representante legal y administradora única de Grupo Isberu, así como representante legal y administradora única de Grupo Ruland; y Alejandro Ruvalcaba Licón –esposo de Landell Elenes–, quien cuenta con facultades administrativas dentro de Grupo Isberu y comparte acciones con Carrasco Padilla en la empresa BA EPOCA AGIL S.A. de C.V.

De todas estas figuras, Ruvalcaba Licón es el que aparece ligado al poder y al Partido Acción Nacional (PAN) debido a que fue presidente municipal suplente de ciudad Delicias en el periodo 2010-2013 y presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en 2015.

En lo que va de la administración del panista Javier Corral Jurado, a dichas empresas se les otorgaron varios contratos por adjudicación directa: Industry Conect S.A de C.V. obtuvo un millón 45 mil 972 pesos por la venta de chamarras; Grupo Isberu recibió en un año un contrato por un millón 48 mil 419 pesos para proveer chamarras y otro de 7 millones 549 mil 91 pesos por calzado; y Grupo Ruland obtuvo un contrato de 4 millones 792 mil 911 pesos por calzado y otro de un millón 57 mil 919 pesos por lentes ópticos.

Esas cinco empresas con relaciones con la clase política panista y priista aparecen entre 10 principales proveedores del FANVI.

La opacidad y los vicios

Pese a la presencia de anomalías del programa, la fiscalización del FANVI ha sido limitada. Fue hasta el 2019 que el Congreso del Estado pidió a la Auditoría Superior del Estado (ASE) un informe técnico para fiscalizar la gestión financiera del programa durante el 2018. El órgano autónomo realizó 28 observaciones relacionadas con procedimientos de adjudicación directa injustificados, incumplimiento en las entregas por parte de los proveedores, contratación de empresas que no cumplen con el giro comercial, sobreprecios y detección de cotizaciones apócrifas.

El proveedor Ricardo Humberto Márquez Jasso obtuvo un contrato por adjudicación directa (FGE/FANVI-08/2017) por un millón 73 mil pesos para proveer exámenes de agudeza visual y lentes a los beneficiarios del FANVI.  Márquez Jasso aseguró haber entregado mil 200 pares de lentes, cerca de 900 pesos cada unidad, pero la ASE solo pudo comprobar la entrega de 177, es decir, cada par costó 6 mil pesos. Aunado a ello, el proveedor no cuenta con el giro comercial en optometría, puesto que está registrado en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado en actividades como maquinaria y equipo industrial, telecomunicaciones y equipo de seguridad.

Márquez Jasso no solo recibió dicho contrato. La Auditoría registró que la empresa Bari Negocios, S. de R.L. MI. –que obtuvo un contrato un millón 062 mil 560 pesos por adjudicación directa (FGE/FANVI-10/2017) para la proveeduría de exámenes y lentes– le transfirió a dicho proveedor 485 mil 479 pesos para que realizara la actividad. De hecho, esta empresa, no cuenta tampoco con el giro comercial en optometría: se dedica a la proveeduría de mobiliario y equipo de oficina, equipo deportivo, equipo de rescate, seguridad pública, blindaje, sirenas, torretas, antimotines, vestuario y equipo policial.

La empresa Grupo Ruland es otra de las que aparece con un giro comercial que no corresponde a lo registrados en el Padrón de Proveedores. Ésta está especializada en el área de medicina, laboratorio, diagnóstico y servicio forense, pero acreditó la capacidad profesional de optometría. De hecho, los servicios por los cuales fue contratada tuvieron que ser tercerizados, de acuerdo con la representante legal Elizabeth Landell Elenes.

La ASE también el incumplimiento de la otra empresa administrada y representada por Landell Elenes, Grupo Isberu, S.A. de C.V., puesto que existe un faltante de 208 chamarras y 3 mil 682 pares de zapatos que debieron haber entregado y de los cuales no se tiene evidencia de que se hayan recibido en algún municipio.

En el caso de los procedimientos indebidos de adjudicación directa están los contratos que se dieron a la Toka Internacional, SAPI de C.V. (por 9 millones 498 mil 446 pesos) y Grupo Isberu, S.A. de C.V. (por 7 millones 549 mil 091 pesos): la FGE, ente público contratante, aseguró que la realización de la licitación pública ponía en completa vulnerabilidad a los beneficiarios, pero esto fue desmentido debido a que no era necesario que el proveedor obtuviera los datos personales para celebrar el contrato.

La auditoría encontró anomalías con la adquisición de chamarras invernales luego de que se fraccionan 5 millones 77 mil 449 pesos en cinco contratos con diferentes proveedores, que además no debían ser adjudicados directamente. Pero no solo eso estuvo mal, las empresas que obtuvieron los contratos –Grupo Dapuri de México, S.A. de C.V., Proyectos y Servicios Helex, S.A. de C.V., Grupo Desarrollador Empresarial Viscorp, S.A. de C.V., Industry Conect, S.A. de C.V. y Grupo Isberu S.A. de C.V.– incumplieron en la fecha de entrega de los bienes y ente contratante no les sancionó.

Las irregularidades no solo caen en los proveedores: se señala al Comité Calificador del Fideicomiso y al Departamento de Servicios y Adquisiciones de la FGE de haber llevado a cabo cotizaciones apócrifas para la adjudicación directa de exámenes de agudeza visual. La ASE corroboró que estas son falsas al no contar con un domicilio real y ser desconocidas por las empresas que presuntamente las emitieron, Ópticas 20/20 y Ópticas LUXOR.

La auditoría fue presentada a principios del año a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, pero fue hasta septiembre que se analizó. Ante la cantidad de quejas, se solicitó hablar con el fiscal César Augusto Peniche Espejel, quien además preside el Comité Técnico del FANVI, pero hasta la publicación de este trabajo no hubo respuesta por parte de la FGE.

En tanto, la Comisión de Fiscalización ya pidió a la Auditoría Superior del Estado que presente las denuncias penales contra los proveedores señalados. 

Este trabajo fue realizado por LA VERDAD que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie