Han pasado siete días de ataques constantes, sin que el gobierno logre intervenir para detener la confrontación que se libra al interior del grupo armado de Santa Martha, Chenalhó, por la posesión de 49.5 hectáreas de tierra. “Si no tuviera tierra seríamos como limosneros”, dicen quienes, ahora en desventaja, han tenido que abandonar la localidad y dejar tras de si a los muertos que va dejando este conflicto.

Texto: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo

Fotos: Ángeles Mariscal e Isain Mandujano

CHIAPAS. – En octubre de 2020 los habitantes de Santa Martha, Chenalhó, ubicado en la zona indígena de los Altos de Chiapas, lograron que gobierno reconociera como suyas 22 hectáreas que disputaban con sus vecinos del municipio de Chalchihuitán; el 27 de noviembre de 2020 hicieron lo mismo y obtuvieron 27.5 hectáreas del municipio de Aldama. Lograron para sí 49.5 nuevas hectáreas de tierra.

En ambos casos la disputa por esas tierras fue por la vía de las armas, disparos continuos, constantes y con armamento de alto poder, contra sus vecinos de Chalchihuitán y de Aldama.

Ahora, confiesa un funcionario de gobierno, “la serpiente se muerde la cola”, porque contrario a los augurios oficiales, la entrega de tierras no ha traído la paz a Santa Martha, ubicada en la zona indígena de los Altos; ahora la disputa se da entre al interior del grupo armado por las diferencias en la distribución de las tierras obtenidas.

Esto ha desplazado a más de 200 personas de la misma Santa Martha, el hecho más reciente se desarrolla desde el 29 de septiembre pasado, y ha dejado a un número indeterminado de personas asesinadas y viviendas quemadas, sin que hasta el momento ninguna autoridad de gobierno haya entrado a la zona de conflicto.

Defensores de la tierra

Juan Ruiz Ruiz se asume como un “defensor de la tierra”. Explica que a él le tocó pelear por la posesión de las 27.5 hectáreas que antes eran de Aldama, cuyos pobladores han sufrido embestidas un día tras otro, hasta que cedieron a la entrega.

Juan dice que los “defensores de la tierra pagamos lo justo”, una especie de cuotas que les pedían las autoridades de Santa Martha para hacerse insumos a fin de cumplir su propósito.

Una vez que iban ganando terreno, empezaron a sembrar, lo que hizo que las autoridades de Santa Martha les reconocieran el derecho a tener la posesión. Pero a mediados de este año, “el Comisariado y su gente nos empezaron a extorsionar, nos empezaron a poner multas, hasta que nos dijeron que esas tierras no iban a ser nuestras, que se tenían que repartir”.

Lo mismo sucedió con quienes tenían en posesión las 22 hectáreas de Chalchihuitán. Ellos se inconformaron, y ahí vino la división en Santa Martha. El 25 de junio, los inconformes con esta nueva repartición de tierra fueron expulsados de Santa Martha. Salieron los hombres pero sus familias quedaron en el lugar.

El 29 de septiembre, integrantes del grupo expulsado intentaron recoger la cosecha de las tierras, y eso detonó de nuevo la disputa, con un saldo hasta ahora de casas quemadas, personas asesinadas, disparos durante siete días seguidos, y el desplazamiento de las familias completas de quienes habían ya sido expulsados.

Desarme total

Agustín Pérez es otro de los “defensores de la tierra” desplazados de Santa Martha. Cuenta que el día 29 de septiembre el grupo al que llaman “del Comisariado”, persiguió a varias personas y asesinó a un anciano también llamado Juan Ruiz, a la esposa y a los hijos de este.

También a su padre, quien murió en su casa. Luego prendieron fuego a la vivienda con el cuerpo de su padre en el interior. Dice que en las horas siguientes vio a seis personas morir en manos de este grupo, que él resistió durante tres días los ataques armados, hasta que finalmente huyó por las montañas y llegó a la comunidad de Polhó, donde ahora se concentran más de 200 desplazados.

“Nosotros luchamos por esa tierra, nosotros llevamos los gastos que había que dar”, lamenta.

Manuel Gómez Velasco también habla de las cuotas que tenían que dar para tener con qué “pelear la tierra”. “Pero a pesar de que la ganamos, vinieron multas y multas contra nosotros”.

Manuel reconoce que a ellos, “el grupo del Comisariado nos acusan “de ser los violentos, de ser los malos, pero no lo somos”.

En entrevista, Manuel dice que ellos estaban dispuestos a firmar un pacto de civilidad con este grupo, pero este no pudo concretarse. Ahora, a nombre de las personas desplazadas, pide “un desarme total en Santa Martha” y la vigilancia permanente de cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional.

“Hemos pedido sobrevuelos, pero vemos que no hay autoridad. Este día aún hay muchos niños y mujeres escondidos en el monte, con miedo de ser asesinados, sin que ninguna autoridad intervenga. Queremos que vea bien el gobierno quién es el que tiene armas. Lo que pedimos ahora es el desarme total”, explica.

Un nuevo Acteal

José Vázquez es sobreviviente de la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, por un grupo armado que también se conformó en Chenalhó durante esa época. Ahora él, quien se asume como defensor de derechos humanos y auxilia a los desplazados de Santa Martha, dice que lo que se está dando es “un nuevo Acteal”.

“¿Cuántos muertos quiere el gobierno que se den? ¿Quién va a detener esta violencia? Necesitamos que haya derecho a la vida, pero están los muertos, están los desplazados, están las mujeres y los niños que están saliendo por el monte para llegar a este lugar”, dice, mientras señala la explanada de lo que es el banco de arena de la comunidad Majomut, donde instalaron un campamento provisional para las personas que han logrado salir de Santa Martha.

Juan refiere que han pasado siete días desde las recientes confrontaciones. “Ahorita no hay control, sigue la violencia, tiroteo, quema de casas, y la versión que hay en Santa Martha es que quieren exterminar a los desplazados, por lo que hay temor en el campamento”.

Desde el 29 de septiembre a la fecha, han ido llegando al campamento quienes logran salir de Santa Martha, sobre todo niños, niñas y mujeres, algunas embarazadas, como Amalia Pérez Gómez, quien tiene ocho meses en gestación, y tuvo que salir caminando entre las montañas.

Ninguna ayuda humanitaria por parte del gobierno de Chiapas o federal ha llegado a este lugar. Como las personas desplazadas salieron solo cargando una bolsa o costal con pocas pertenencias, apenas han logrado obtener una lona y algunas cobijas donde pasar la noche.

En una fogata improvisada, las mujeres preparan algunas tortillas, ese será su único alimento del día. Un joven hace el censo de desplazados, ayer eran 159, pero hoy llegaron tres nuevas familias; otras más se han refugiado en los municipios cercanos.

Las condiciones de este campamento, la impunidad con la que se ha estado ejerciendo la violencia armada, y el abandono gubernamental -insiste Juan- le recuerda los hechos previos a la masacre de Acteal.

A unos 20 kilómetros del lugar, en la cabecera municipal de Chenalhó, autoridades de los tres niveles de gobierno se reunieron con las autoridades de Santa Martha; estas últimas aceptaron que cuerpos de seguridad encabezados por la Guardia Nacional (GN) hagan un rondín mañana, pero solo en la zona centro de Santa Martha, no van a dejar que entren a las 21 pequeñas comunidades que la conforman, y que es donde se está dando el conflicto.

*Este texto fue realizado por CHIAPAS PARALELO, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer el original.