Dice la Real Academia de la Lengua Española que una chapuza es un “trabajo mal hecho y sin esmero”, “una estafa”. Eso fue lo que hizo la mayoría oficialista en la última semana del periodo ordinario de sesiones del Congreso

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La noche del viernes, mientras Rosalía deleitaba a 160 mil personas en el Zócalo capitalino, 66 senadoras y senadores de Morena, PVEM, PT y PES, salían de Palacio Nacional con una clara instrucción: dejar paralizado al Inai y sacar
adelante las últimas reformas legales de la “cuarta transformación” antes del cierre del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXV Legislatura.

A esas horas, la oposición seguía de guardia en la tribuna del recinto oficial del Senado de la República, en Paseo de la Reforma; mientras el grupo parlamentario del oficialismo se retrataba en una escalinata de Palacio Nacional con el
presidente Andrés Manuel López Obrador, y los aspirantes a sucederlo: Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, quien demostraba con esa foto que su palabra ya no vale nada frente a los partidos de oposición.

El grupo oficialista, comandado por el presidente del Senado, Alejandro Armenta, había logrado, horas antes, aprobar un acuerdo en medio de empujones, gritos, sirenas y manotazos, para trasladar la sesión a la vieja casona de la calle
Xicoténcatl, antigua sede del Senado, y burlar así la toma de tribuna protagonizada por la oposición.

Mientras el grupo recibía las últimas instrucciones en Palacio Nacional, la senadora panista Xóchitl Gálvez se adelantó a Xicoténcatl, y desafió al oficialismo encadenándose en un escaño de la Mesa Directiva del antiguo recinto. Pero
Armenta y los suyos también estaban preparados para eso, y terminaron instalando el Senado en el patio del antiguo recinto, con mesas y sillas portátiles.

Antes de reiniciar los “trabajos legislativos”, el presidente de la Mesa Directiva notificó a la asamblea la solicitud de licencia por tiempo indefinido de la senadora de Morena Claudia Balderas, por lo que se citaba a su suplente, Carola Viveros Cházaro.

La senadora Balderas, famosa por no pagar la renta de un departamento que habitaba en la colonia Del Valle, estaba de comisión en Bélgica, en una reunión interparlamentaria, y como no alcanzaba a llegar para que la coalición oficialista pudiera formar el quórum requerido para sesionar sin la oposición presente, mejor se le sugirió separarse temporalmente del Congreso.

Pero no fue la única “trampita” del oficialismo ocurrida durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Después de dar posesión a la suplente de Balderas, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, notificó al pleno sobre un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para modificar la integración de la Comisión de Ciencia y
Tecnología, sumando a Eduardo Cervantes Rojas y Marybel Villegas.

La Comisión está presidida por el priista Jorge Carlos Ramírez Marín y, originalmente estaba integrada por diez senadores, con sólo cuatro de Morena. La llegada de dos senadores más permitió a la Comisión sesionar sin su presidente y con mayoría oficialista, para poder aprobar la minuta que les envió la Cámara de Diputados con la nueva Ley de Ciencia y Tecnología.

Así, mientras en el patio de Xicoténcatl comenzaban a desahogarse 20 dictámenes, la Comisión de Ciencia y Tecnología aprobaba al vapor la polémica “Ley Álvarez-Buylla”, que ya de por sí había causado reclamos de la comunidad científica por su aprobación previa en la Cámara de Diputados, en “fast track” y sin la última ronda de foros de Parlamento Abierto a la que se habían comprometido los legisladores.

La expedición de esta ley fue la última de las votaciones de la larga sesión, reanudada a las 22:13 horas del viernes y concluida a las 3 de la mañana del sábado.

Según publica este domingo la reportera Claudia Salazar, de Reforma, a esas horas era notorio que ya no estaban presentes el número suficiente de senadores para hacer quórum; al menos no en todas las votaciones.

Esto era imposible de verificarse por la falta de un tablero electrónico de votación, como el que existe en la sede oficial del Senado. Así, la publicidad de las votaciones -a la que están obligadas las Cámaras por reglamento y por un elemental principio de transparencia- se hizo mediante la voz de la secretaria de la Mesa Directiva, la morenista Verónica Camino Farjat.

Según narra la reportera de Reforma, en la votación de la Ley de Ciencia y Tecnología, Camino Farjat leyó 58 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, para un total de 66 senadores presentes. Pero en realidad votaron 46 a favor, 7
abstenciones y 11 en contra, para un total de 64 votos, por lo que no había quórum para que dicha votación fuera válida.

Un tuit emitido por la cuenta oficial del Senado a las 3:21 horas del 29 de abril arroja otros números: 48 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones, lo que sumaría el total de 66 legisladores de Morena, PVEM, PT y PES que hicieron
posible que se aprobara el paquete de reformas impulsado por el oficialismo.

A esas horas de la madrugada del sábado, la “labor” estaba concluida: se discutieron y aprobaron 20 dictámenes al vapor, entre los cuales había reformas constitucionales como la de 3 de 3 contra la violencia de género -aprobada por unanimidad- y la que reduce la edad mínima para ser legislador y secretario de Estado, que dividió al oficialismo: 45 senadores votaron a favor, 9 en contra y 12 en abstención.

Si el miércoles de la semana pasada, la Cámara de Diputados amaneció sesionando durante casi 30 horas para aprobar reformas a una veintena de leyes secundarias, expedir una y derogar otra, dispensando trámites para no discutir nada en Comisiones y haciendo uso de la aplanadora de la mayoría, el sábado el Senado despertó confirmando esas reformas.

Contrario a lo que había prometido el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, la “Cámara revisora” no revisó nada y, en apenas cinco horas procesó las reformas que dan más facultades al Ejecutivo y a las Fuerzas Armadas, en una confusa sesión donde se mezclaban senadores, asesores y auxiliares legislativos.

Se confirmó la desaparición del Insabi y de la Financiera rural; se aprobaron las leyes que otorgan al Ejército el control del espacio aéreo y del Tren Maya.

Reformaron la Ley Minera, la Ley del ISSSTE, la del Mercado de Valores, la Ley de Fondos de Inversión, la Ley de Aeropuertos, la de Aviación Civil (para crear la “aerolínea del Bienestar”), la Ley General de Bienes Nacionales, la de la
Administración Pública Federal, la Ley Federal de Derechos, la de Turismo, la del Servicio Ferroviario, la de Entidades Paraestatales, el Código Penal Federal, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la de Aguas Nacionales, la Ley General de Salud, la de Control de Precursores Químicos, la Ley Federal del Trabajo, la de Cambio Climático, la de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Hubo tiempo, voluntad, votos y prisa para sacar adelante todo eso, pero no para nombrar a un comisionado del Inai, cuya suerte fue decidida por López Obrador en la mañanera de ese mismo viernes, cuando ordenó a sus senadores “no titubear y desaparecer a ese instituto”.

Si bien no lo desaparecieron, aunque Alejandro Armenta presentó una iniciativa en ese sentido, sí dejaron paralizado a su pleno, que no podrá tener quórum para sesionar y decidir los recursos que presenta la ciudadanía cuando una autoridad le niega una información que debería ser pública.

* * *

Todo lo ocurrido en estas horas intensas está siendo revisado con lupa por los partidos de oposición, que en los próximos días interpondrán recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando que se invaliden las reformas por los evidentes vicios de procedimiento legislativo con el que fueron procesadas
y aprobadas.

Dice la Real Academia de la Lengua Española que una chapuza es un “trabajo mal hecho y sin esmero”, “una estafa”. Eso fue lo que hizo la mayoría oficialista en la última semana del periodo ordinario de sesiones del segundo año de la
Legislatura. Probablemente, las últimas reformas importantes que apruebe el Congreso en esta Legislatura, porque en septiembre ya estaremos en pleno proceso electoral.