En Cerro Gordo, la extracción de piedra para el Libramiento Oriente avanza mientras una disputa por el cambio de destino de tierras ejidales coloca al Registro Agrario Nacional (RAN) en el centro del conflicto. Los habitantes también alertan sobre piezas arqueológicas halladas en la zona
Texto: Camilo Ocampo
Fotos: Cortesía
CIUDAD DE MÉXICO. – Desde 1987, los habitantes de Cerro Gordo saben reconocer el sonido de la dinamita. Aquel año, las explosiones utilizadas para extraer material del cerro cimbraron la comunidad y dejaron cuarteaduras en las viviendas. Casi cuatro décadas después, el estruendo volvió.
El pasado 22 de julio, nuevas detonaciones para extraer piedra volvieron a sacudir Cerro Gordo, en el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí. Las casas que permanecen marcadas desde entonces volvieron a resentir las explosiones. También cayeron rocas, y el temor regresó al pueblo.
Pero esta vez hay algo distinto: la piedra que se extrae del cerro tiene un destino ligado a una obra carretera de gran escala. El material será utilizado para los trabajos del Libramiento Oriente de San Luis Potosí.
Y detrás de las detonaciones hay otra disputa, menos visible que las grietas en las paredes: la situación jurídica de las tierras donde se pretende explotar el banco de material.

En entrevista para Pie de Página, Carlos Covarrubias, representante de Guardianes de la Sierra de San Miguelito —organización que acompaña el proceso de defensa de la comunidad—, señala que el conflicto tiene un punto clave en el Registro Agrario Nacional (RAN).
La historia se remonta a diciembre de 2018. Ese año, una asamblea ejidal aprobó un cambio de destino de una superficie para crear una ampliación urbana y una parcela a la que se otorgaría el dominio pleno. El problema, explica Covarrubias, es que el acta de aquella asamblea no aparece inscrita en el RAN. La diferencia puede parecer administrativa, pero para la defensa del territorio es fundamental.
El Registro Agrario Nacional es la institución encargada de llevar el control y registro de la propiedad social en México, es decir, de las tierras ejidales y comunales. Entre sus funciones está inscribir actos y documentos relacionados con la tenencia y organización de estos núcleos agrarios. Por ello, que un cambio de destino de tierras no aparezca registrado puede ser un elemento relevante para determinar cuál es, formalmente, la situación jurídica de una superficie ejidal.
De acuerdo con Covarrubias, mientras el cambio de destino no esté inscrito, la superficie conserva su condición anterior como tierra de uso común. Es decir, la asamblea pudo haber aprobado el cambio, pero este no habría quedado formalmente asentado en el registro agrario.
«Nos dimos cuenta de que el acta no está inscrita en el RAN», señala.
El artículo 150 de la Ley Agraria determina que, cuando los actos que regula la ley deban inscribirse en el RAN y no se haga, solo surtirán efectos entre los otorgantes (los ejidatarios que participaron), pero no podrán producir perjuicio a terceras personas. Por lo tanto, para que los acuerdos tengan plena validez jurídica frente a cualquier autoridad o persona externa al ejido, es obligatoria su inscripción.
La situación cobra relevancia porque sobre esa superficie ya existen permisos para extraer material.
La empresa Hoganza, S.A. de C.V., obtuvo de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental IA-MIA-042/2026 para el proyecto «Regularización del Banco de Material (Tipo Riolita) en el Ejido Cerro Gordo».
Para explotar el banco también se requiere el uso de explosivos. La Secretaría de la Defensa Nacional autorizó su utilización mediante el oficio S-4/Explosivos/1377/3439, fechado el 18 de junio, para el banco de agregados pétreos denominado Cerro Gordo. De acuerdo con la documentación comunitaria, el material será utilizado en los cortes carreteros ubicados entre los kilómetros 50+000 y 51+650 del Libramiento Oriente.
La piedra que se arranca del cerro, entonces, forma parte de una obra que rebasa los límites de la comunidad.

La documentación señala que las tierras de Cerro Gordo están incluidas en la octava modificación del Libramiento Oriente, que contempla el tramo La Pitahaya-Libramiento Oriente de San Luis Potosí, de 60.9 kilómetros, además de un ramal hacia Villa de Reyes.
En torno a este proyecto también aparece Grupo Meta, señalado como propietario de una concesión relacionada con el Libramiento Oriente, así como Vicente Rangel Mancilla, identificado como su propietario.
Para Covarrubias, el problema del RAN resulta especialmente relevante porque, mientras el acta de 2018 permanece sin inscripción, existirían intereses económicos que buscan que finalmente sea registrada.
La pregunta que plantea la defensa del territorio es qué ocurrió primero: si se consolidó jurídicamente el cambio de destino de la tierra o si comenzaron a tramitarse autorizaciones para intervenirla.
«Van a ir inscribiendo esta semana», señala Covarrubias al referirse al movimiento que, según explica, se estaría realizando ante el RAN.
De confirmarse que el acta permaneció fuera del registro durante todos estos años, el caso abre un cuestionamiento sobre la situación jurídica de la superficie donde se autorizó el banco de material. Covarrubias sostiene que incluso los permisos otorgados por las autoridades ambientales y para el uso de explosivos tendrían que revisarse a partir de esa situación.
La comunidad también ha denunciado la remoción de vegetación alrededor de la zona de explotación. Mientras avanzaban los trabajos, los habitantes comenzaron a organizarse, establecieron vigilancia y formaron un comité para defender el territorio.
Pero conforme revisaban lo que había alrededor del banco de material, apareció otra preocupación: debajo y sobre el cerro podría existir una historia mucho más antigua que la carretera.
Los pobladores han mostrado vasijas, fragmentos cerámicos, puntas de flecha y otros objetos encontrados en la zona. Entre ellos destaca una vasija con decoración en bandas rojas y negras que presenta semejanzas preliminares con materiales arqueológicos registrados en Villa de Reyes. La similitud, sin embargo, todavía no permite establecer su antigüedad o procedencia, y requiere la revisión de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
La posibilidad no es menor. Cerro Gordo se encuentra en una zona de transición entre la Mesa del Centro y la Sierra Madre Oriental. Sus cañadas y pasos naturales pudieron facilitar el tránsito entre el Valle de San Francisco, Villa de Reyes, Río Verde y otras regiones del oriente de San Luis Potosí. Los investigadores plantean que pudo formar parte de un corredor interregional, aunque esa hipótesis todavía debe ser comprobada mediante investigación arqueológica.
Por ello, se ha solicitado al INAH una inspección antes de que la extracción transforme de manera irreversible el terreno. El objetivo es determinar si los materiales corresponden a un sitio arqueológico y establecer qué relación pudieron tener con las redes de circulación del pasado.
En Cerro Gordo se cruzan así tres tiempos. Está el pasado que permanece en las grietas de las casas desde 1987. Está el presente, marcado por las detonaciones del 22 de julio y la extracción de piedra para una carretera. Y está un pasado mucho más antiguo, todavía bajo investigación, que podría encontrarse entre las piedras que hoy se dinamitan.
Sobre todo ello pesa una pregunta administrativa que puede tener consecuencias territoriales: qué ocurrió con el cambio de destino aprobado en 2018 y por qué, de acuerdo con los denunciantes, el acta todavía no aparece en el Registro Agrario Nacional.
Mientras la dinamita vuelve a abrir el cerro para sacar material y alimentar una obra carretera, la comunidad intenta detener el proceso por distintas vías. Para sus habitantes, no solo está en juego una montaña: también la tierra ejidal, las viviendas que llevan décadas con las mismas grietas y un territorio que podría guardar parte de la historia de quienes lo habitaron mucho antes de que llegaran las carreteras.
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