Con 135 eventos de agresión, 2025 fue el segundo año más violento para los defensores ambientales en una década. El reciente asesinato de Roberto Chávez en Villa Madero evidencia que la protección del agua y los bosques sigue siendo una sentencia de riesgo en México

Texto: Jade Guerrero

Foto: José Miguel Sánchez / Archivo Amapola Periodismo

CIUDAD DE MÉXICO. — El asesinato del defensor ambiental Roberto Chávez en Villa Madero, Michoacán, ocurrido apenas este 12 de abril —quien cuidaba de los bosques y mantos acuíferos de su comunidad— no es un caso aislado, ya que pone de relieve la urgencia del informe presentado el 16 de abril por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). La pérdida de Chávez se suma a una realidad de violencia sistemática documentada sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México.

De acuerdo con los hallazgos del organismo, el año 2025 se consolidó como el segundo periodo con más eventos de agresión en la última década, al registrar un total de 135 eventos de agresión que derivaron en 314 agresiones específicas.

La criminalización como arma de Estado

Uno de los puntos más críticos del informe es el uso del aparato judicial para silenciar la protesta. En 2025, la criminalización afectó a 107 personas (33.1 % de las víctimas totales), convirtiéndose en una herramienta preferente para obstaculizar la defensa ambiental. Este fenómeno se manifiesta en casos recientes y alarmantes: Hortensia Telesforo Jiménez, víctima de agresiones por parte de operadores políticos en San Gregorio Atlapulco y de procedimientos amañados para criminalizar su defensa del pueblo y el territorio; Renato Romero y Pascual Bermúdez, quienes en Puebla enfrentan juicios fabricados por defender el agua y el territorio de los pueblos cholultecas; y las comunidades mayas en Yucatán, bajo amenaza y criminalización por su oposición a desarrollos inmobiliarios y lotes de inversión que vulneran su entorno.

Paradójicamente, el Estado mexicano —obligado por el Acuerdo de Escazú a garantizar un entorno seguro— figura como el principal agresor, al participar en el 56.2 % de los eventos de agresión identificados. Asimismo, el documento señala un incremento crítico en la criminalización, con 107 personas víctimas de procesos judiciales injustificados por su labor de defensa. También se registraron tres desapariciones calificadas como «genéricas» debido a la falta de información sobre los perpetradores.

Uno de los datos más contundentes del informe es la participación de quienes deberían garantizar la seguridad en este ciclo de violencia. Por decimosegundo año consecutivo, las autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) fueron identificadas como el principal agente agresor, al participar en el 56.2 % de los eventos (76 casos documentados). Otros agresores identificados incluyen a empresas privadas, vinculadas al 9.6 % de los eventos, y a la delincuencia organizada, responsable del 8.8 % de las agresiones documentadas.

Sectores y entidades bajo asedio

La defensa del agua se convirtió en el ámbito más peligroso durante 2025, al concentrar 59 eventos de agresión.

El informe desglosa los sectores económicos con mayores índices de conflicto: el sector hídrico encabeza la lista con 29 eventos, seguido por la biodiversidad con 22, las vías de comunicación con 18 y el sector energético con 16 eventos. Geográficamente, la violencia se concentró principalmente en la Ciudad de México, Puebla y Oaxaca. No obstante, el informe califica a Jalisco como uno de los estados más letales, al registrar tres de los diez homicidios y una desaparición en el año.

El informe destaca un incremento alarmante del 61.8 % en las agresiones contra mujeres defensoras. Estas activistas enfrentan ataques cargados de sesgos de género, como la difamación personal y amenazas a su núcleo familiar. Asimismo, la violencia se ensaña con las comunidades indígenas, particularmente las nahuas, zapotecas y mazatecas, quienes ven en el monstruo del capitalismo extractivista una amenaza directa a su supervivencia.

Ante este escenario, el informe concluye con una exigencia clara a las autoridades: garantizar un entorno seguro y cumplir con el Acuerdo de Escazú. La persistencia de la impunidad y la falta de mecanismos de protección eficaces siguen dejando a defensores, como el recién asesinado Roberto Chávez, en una situación de vulnerabilidad extrema frente a intereses extractivistas y criminales.

Casos como el atentado contra Eric Saracho Aguilar en Nayarit o las agresiones contra Carlos Beas subrayan que la labor de defensa ambiental en México es una apuesta de vida o muerte. Mientras los medios masivos suelen ignorar estas luchas hasta que ocurre una tragedia, el informe de CEMDA 2025 y las voces desde el territorio exigen una transición real: del compromiso diplomático en papel a la protección efectiva en el campo. No se trata de una lucha por recursos, sino de una resistencia por la vida misma frente a intereses corporativos y criminales que el Estado, por acción u omisión, permite avanzar.