El gobierno capitalino presenta la consulta del PGD como un ejercicio histórico de participación ciudadana; sin embargo, diversas organizaciones y comunidades han denunciado que el proceso no fue libre, previo ni informado, señalando irregularidades que ponen en duda su legitimidad y que, lejos de fortalecerlo, han dejado cuestionamientos que empañan su desarrollo.

Texto: Camilo Ocampo

Fotografías: Andrea Amaya

CIUDAD DE MÉXICO. – «¿Cómo es la ciudad con la que sueñas?». La pregunta se repite una y otra vez en el marco del Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México, un proyecto que pretende definir el rumbo de la capital durante los próximos veinte años. En él se plantea delinear políticas públicas, obras y estrategias para atender problemas históricos como la movilidad, el acceso a la vivienda, el deterioro ambiental, la desigualdad social y el uso del suelo. Sin embargo, detrás de esta narrativa aspiracional persisten dudas sobre la solidez del proceso.

Durante seis meses, el gobierno capitalino organizó consultas y foros ciudadanos para socializar los avances —aún incompletos— del PGD. Según el secretario de Planeación, Pablo Yanes, este ejercicio dejó como resultado 12 mil 822 propuestas ciudadanas y 172 actas de acuerdos con pueblos y comunidades. Las cifras han sido presentadas como evidencia de una participación amplia y de un ejercicio democrático sin precedentes.

No obstante, más allá de los números, diversas organizaciones han cuestionado tanto el alcance como la forma en que se llevaron a cabo estas consultas. Señalan que múltiples sectores quedaron excluidos, mientras que varias redes comunitarias denuncian que sus voces no fueron realmente consideradas.

Aunque Patricia Ramírez Kuri, titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, destacó la diversidad de mecanismos utilizados —foros, asambleas y plataformas digitales—, persiste la incertidumbre sobre el destino de las propuestas recabadas. La narrativa oficial de participación contrasta con la percepción de opacidad: el plan sigue siendo poco claro para buena parte de la ciudadanía. Esto abre un cuestionamiento central: ¿se trató de un ejercicio verdaderamente vinculante o de una consulta con límites previamente definidos?

¿Legitimación o construcción?

Lejos de consolidarse como un proceso colectivo para imaginar el futuro de la ciudad, el PGD parece haber operado más como un mecanismo de legitimación que como un espacio real de construcción conjunta.

A ello se suman riesgos de fondo. La planeación a largo plazo, si no se construye con transparencia e inclusión efectiva, puede convertirse en una herramienta para favorecer intereses particulares por encima del bien común.

En contraste con la versión oficial, el Frente en Defensa de los Pueblos y Barrios del Anáhuac ha sido especialmente crítico. Su representante, Alejandro Velázquez, sostiene que el proceso estuvo lejos de ser participativo: hubo fallas en la convocatoria, escasa difusión en comunidades y reuniones realizadas sin información previa suficiente para quienes asistieron.

Desde esta perspectiva, el Frente también ha cuestionado la validez de las cifras oficiales, en particular las actas de acuerdos con pueblos y comunidades, al señalar que varias no reflejan procesos comunitarios reales o no fueron consultadas adecuadamente con las asambleas tradicionales.

Asimismo, advierten que en distintos casos las consultas registraron baja asistencia o carecieron de representación legítima, lo que debilita cualquier pretensión de carácter vinculante.

Otro señalamiento clave es el incumplimiento de principios básicos de consulta previa, libre e informada, especialmente tratándose de pueblos originarios cuyos territorios podrían verse directamente afectados. Entre las preocupaciones destacan los posibles impactos en el uso de suelo, el acceso al agua y la conservación de áreas naturales, temas que, aseguran, no han sido discutidos con la profundidad ni la transparencia necesarias.

Ante este panorama, el Frente no solo ha calificado el proceso como una simulación, sino que ha advertido que podría recurrir a acciones legales y movilizaciones sociales para impugnarlo. A su juicio, el PGD corre el riesgo de consolidar decisiones previamente tomadas, dejando en segundo plano a las comunidades que históricamente han habitado y defendido estos territorios.

El PGD: entre la opacidad y el reordenamiento

El documento que debería detallar los alcances reales del Plan General de Desarrollo aún no se ha presentado. Hasta ahora, la información disponible proviene de cuadernillos y materiales informativos difundidos por el propio gobierno, lo que limita una evaluación integral del proyecto.

En estos materiales se señala que el PGD apuesta por la redensificación urbana, el acceso a la vivienda y una reorganización de los mecanismos de toma de decisiones. Sin embargo, la falta de un documento oficial impide conocer con precisión cómo se implementarán estas medidas.

Aunque Pablo Yanes ha indicado que el plan será presentado ante el Congreso de la Ciudad de México antes de que finalice el año, la ausencia de plazos claros y de información completa refuerza la percepción de opacidad. Posteriormente, se prevé la presentación del Plan de Ordenamiento Territorial, donde se definirán aspectos clave como el uso de suelo y el papel de las desarrolladoras inmobiliarias.

Entre los puntos más preocupantes se encuentra la propuesta de crear «casas de gobierno», organismos con facultades para contratar y ejecutar obras en paralelo a las alcaldías sin pasar por procesos de elección popular. Esta medida podría debilitar los mecanismos de representación existentes, como los COPACOS, al sustituirlos por asambleas vecinales encabezadas por estas nuevas instancias.

A esto se suma un vacío significativo: en las 505 páginas del primer documento no se detalla información sobre presupuestos ni su distribución, lo que pone en duda la viabilidad de los objetivos planteados.

También existe el riesgo de que ciertas zonas enfrenten procesos de desplazamiento, encarecimiento o transformación acelerada, afectando directamente a comunidades históricas. Sin garantías claras de protección, estos cambios podrían profundizar desigualdades en lugar de reducirlas.

Pensar la ciudad del futuro no solo implica imaginarla, sino cuestionar quién decide y bajo qué condiciones. El verdadero reto del Plan General de Desarrollo no está en su discurso, sino en su capacidad de traducirse en un proceso transparente, incluyente y justo. De lo contrario, más que una herramienta de transformación, podría convertirse en un instrumento que consolide las desigualdades que dice querer resolver.