No hay indicios de que el dinero presuntamente desviado por Rosario Robles haya ido a parar a las campañas del PRI en 2018. Mientras ella pernocta en Santa Martha Acatitla, una pregunta se hace cada vez más pertinente: ¿dónde quedaron esos más de 5 mil millones de pesos?

Twitter: @chamanesco

Desde que fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México (1999-2000) y dirigente nacional del PRD (2002-2003), a Rosario Robles Berlanga se le ha relacionado con uno de los temas más sensibles de la política mexicana: el financiamiento ilegal de campañas políticas.

Cuando en agosto de 2003 un grupo de perredistas forzaron su salida del CEN del PRD, una de las acusaciones que se le hicieron fue por los turbios manejos de las prerrogativas del partido y una deuda extraordinaria con las televisoras.

Después, cuando estallaron los videoescándalos (en febrero-marzo de 2004), Robles fue exhibida como la cómplice de Carlos Ahumada, el empresario corruptor de perredistas cercanos al entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.

Ahumada, según lo que se alcanzó a saber de aquella trama política y sentimental, habría entregado millones de pesos en efectivo a operadores perredistas para financiar las campañas del partido del sol azteca. Y Robles, en presunta colaboración con personajes como Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos, habría pedido al empresario que todo aquello fuera grabado para orquestar un golpe político al jefe de Gobierno.

En aquel caso, una pregunta quedó sin respuesta: ¿qué fue del dinero que Ahumada entregó a personajes como René Bejarano, Carlos Imaz y Gustavo Ponce?

Quince años después de esos hechos, y mientras Rosario Robles pernocta en Santa Martha Acatitla imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, la pregunta vuelve a ser pertinente: ¿qué fue del dinero?, ¿a dónde fueron a parar los más de 5 mil millones de pesos que fueron desviados de la Sedesol y la Sedatu cuando ella encabezaba dichas dependencias?

La respuesta común ha sido que ese dinero, o al menos una buena parte de él, fue a dar a las campañas del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, hasta donde se ha hecho público, no existen denuncias o procesos en materia electoral vinculados a los casos por los que Robles está siendo juzgada.

Tampoco se han exhibido indicios claros de que ese dinero haya servido para financiar a candidatos priistas. No lo ha hecho la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, la oposición, la Fiscalía de Delitos Electorales, ni los medios de comunicación.

Las investigaciones periodísticas construidas a partir de los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación –destacadamente el reportaje conocido como La Estafa Maestra– permitieron saber que más de 7 mil millones de pesos de esas secretarías fueron entregados a universidades públicas que, a su vez, contrataron servicios que nunca se otorgaron con empresas fantasma.

Según el citado reportaje, las universidades se quedaron con parte de esos recursos (al menos mil millones de pesos en 2013 y 2014), la mayor parte iba a dar a las empresas fantasma y el dinero, en resumen, “podría haber terminado en el bolsillo de los funcionaros”. Nada menos, pero nada más

¿Fue Rosario Robles la pieza clave para aceitar con dinero público la maquinaria electoral priista durante el sexenio de Enrique Peña Nieto? Ésa es la gran pregunta… aún sin respuesta.

Desde los primeros meses del sexenio peñista, PAN y PRD colocaron a Robles en la mira de sus sospechas y señalamientos. En 2013, fue denunciada por encabezar una red de funcionarios públicos de Sedesol que, en colusión con autoridades del gobierno de Veracruz, operaban en favor del PRI en el estado que, para ese entonces, aún era gobernado por Javier Duarte.

Frente a la demanda de que Robles dejara el cargo, el presidente Enrique Peña Nieto soltó una de las frases que marcarían su sexenio.

“Rosario, no te preocupes”, le dijo el 22 de abril de 2013 con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como testigo, durante la presentación de la Cruzada Contra el Hambre, programa insignia del sexenio que, hoy, es una de las puntas de la complicada madeja de corrupción que el nuevo gobierno está tratando de desenredar.

En 2015, año de las elecciones federales intermedias, Robles volvió a ser denunciada por el PAN como presunta operadora de la compra del voto utilizando programas sociales.

Y, en las elecciones de 2016 y 2017 -cuando Robles ya había pasado de Desarrollo Social a Sedatu- la funcionaria siguió siendo señalada, tanto por el PAN como por Morena, como la administradora de la «caja chica» del gobierno peñista. 

Para entonces, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ya habían publicado La Estafa Maestra, y sus autoras y autores se habían hecho acreedores a varios premios internacionales de periodismo por sus investigaciones.

En la recta final del sexenio, y con un gran desprestigio nacional e internacional a cuestas, Rosario debió comenzar a preocuparse.

Primero, fue descartada de las listas priistas de candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados, por orden expresa del candidato presidencial José Antonio Meade, quien también habría vetado al polémico secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

Después, se vio obligada a firmar un compromiso público antes de las elecciones de 2018, garantizando que no permitiría que el dinero de los programas sociales se desviara con fines electorales durante las campañas presidenciales.

Y, finalmente, meses antes de dejar el poder, Robles compareció ante el Congreso en la glosa del último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto y, en una largo intercambio de preguntas, señalamientos, réplicas y contrarréplicas, fue condenada públicamente por un jurado de diputados que la presentaron ante la opinión pública como chivo expiatorio del Peñismo, el sexenio de la corrupción.

Quizás Rosario Robles pensó que, como le había dicho su jefe en 2013, bastaba con «aguantar» la crítica, para gozar después de total impunidad.

No fue así.

Hoy, la ex secretaria está en el Penal de Santa Martha viviendo su proceso en prisión preventiva. Y la Fiscalía General de la República ha calculado el posible desfalco en las secretarías que encabezó en 5 mil 73 millones de pesos, una cifra cercana a los 5 mil 239 millones de pesos que el próximo año serán ejercidos por los siete partidos políticos con registro nacional para cubrir sus gastos.

Una cifra difícil de ocultar, cuyo destino debería ser aclarado ante la nación.

Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación encargado de las investigaciones en las que se basaron las indagatorias periodísticas, ha dicho que no basta con el encarcelamiento de Robles. Para cerrar el famoso caso de «La Estafa Maestra» –ha dicho Portal– es preciso llegar a conocer el destino de los miles de millones de pesos presuntamente desviados.

Pero la ruta del dinero no necesariamente conduce a las campañas priistas. En 2018, contrario a lo que se esperaba después del sucio proceso de 2017 en el Estado de México, no hubo denuncias importantes por compra del voto o uso de programas sociales en favor del PRI.

En los diagnósticos de su derrota, los dirigentes priistas han señalado que su candidato presidencial fue «abandonado» por las estructuras priistas tradicionales y que la eficiente «maquinaria territorial» del PRI simplemente no fue aceitada y, por lo tanto, no operó.

Organizaciones civiles como el Frente Contra la Pobreza habían advertido, en enero de 2018, sobre el uso de programas para sacar a votar a los más pobres en favor del PRI –tal como fue documentado en la campaña de Alfredo del Mazo un año antes–. Pero se quedaron esperando las denuncias.

Ni la sociedad civil ni la autoridad electoral registraron los operativos gubernamentales para beneficiar a Meade. Y a la Fiscalía de Delitos Electorales llegaron unas cuantas denuncias por compra y coacción del voto.

El dinero de La Estafa Maestra no fue a dar ahí.

Y, entonces, la pregunta del millón, o de los 5 mil millones de pesos, sigue siendo una: ¿a dónde fueron a parar los recursos triangulados mediante universidades estatales y empresas fantasma?

En el polémico juicio a Rosario Robles deberían surgir los elementos suficientes para responder esa cuestión. Pero la respuesta también pasa, quizás, por hacerle la pregunta al ex presidente Peña Nieto: ¿sabe él algo para poder esclarecer el destino de ese dinero?

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