Un capítulo poco conocido de la dictadura argentina fue el papel que jugó la empresa de automóviles Ford en la represión contra sus propios trabajadores. Hace un par de años la compañía fue condenada por su colaboración en crímenes de lesa humanidad

Por José Ignacio De Alba / x: @ignaciodealba

Cuando la junta militar tomó el poder del gobierno, Argentina se convirtió en un país en estado de sitio. Para el ciudadano común, una de los acontecimientos más temibles era ser detenidos por los Ford Falcón, con los que operaba el Grupo de Tareas.

En el vehículo circulaban hombres armados, sin insignias, el propio auto no portaba matrícula. Muchos de los que fueron subidos a estas patrullas encubiertas desaparecieron. 

Este vehículo fue el preferido de las fuerzas de seguridad para operar. Hoy en día, quien camina en la calle y se encuentra con alguno de estos autos, ahora vendidos en calidad de chatarra, no puede más que inmutarse. El estigma sobre estos coches trae en el transunte el recuerdo de los días negros de la dictadura. 

Pero la marca de autos no solo proveyó al gobierno de equipo. La multinacional fue cómplice de la tiranía. Altos funcionarios de la Ford colaboraron en la represión contra 24 trabajadores, quienes fueron detenidos en sus propios centros de trabajo y fueron torturados en las instalaciones de la empresa. 

El Tribunal Oral Federal N° 1 determinó que los trabajadores, algunos de ellos delegados greminales, fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas y fueron llevados a un quincho que normalmente era utilizado para eventos recreativos de Ford. Ahí, los detenidos fueron encapuchados, interrogados y torturados. 

Después, los trabajadores fueron llevados a distintas comisarías (sin órden judicial), ahí permanecieron un promedio de cuarenta días, donde siguieron siendo objeto de torturas y maltratos. Incluso, algunos de ellos fueron víctimas de falsos fusilamientos; una forma de tortura donde se les hacía creer que serían ejecutados. 

Los trabajadores fueron trasladados a distintas unidades penitenciarias, cuando pasaron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Cuatro de las personas detenidas eran mujeres, una de ellas estaba embarazada. 

Mientras los trabajadores estaban desaparecidos, Ford mandó telegramas a sus familias, para amenazar a las víctimas por no presentarse en el centro de trabajo y luego, se les notificó que los trabajadores fueron despedidos por inasistencia. Aún cuando fueron detenidos en las propias instalaciones de la multinacional. 

Las prácticas empresariales de Ford, se convirtieron en caso de estudio. Los directivos de la compañía participaron de forma activa en las detenciones de sus propios trabajadores. Incluso, el predio de la compañía fue utilizado como centro de detención.

El órden de colaboración fue muy estrecho, como lo demuestran los testimonios en el Caso Ford. Elisa Charlin, esposa de uno de los detenidos, testimonió que un jefe militar le mostró una lista con los nombre de los obreros secuestrados en una hoja que llevaba impresa el membrete de Ford.

La “Causa Ford” se abrió en 2002, pero fue hasta el 2018 que las víctimas lograron que se condenara a algunos de los responsables. 

Un militar, Santiago Omar Riveiros, y dos altos funcionarios de la empresa, Héctor Sibilla y Pedro Muller, fueron condenados a 15, 12 y 10 años de prisión respectivamente. 

Durante el juicio el presidente de la compañía, Nicolás Enrique Courard y el gerente de relaciones laborales, Guillermo Galarraga fueron investigados. Pero ambos murieron antes de que se dictara sentencia. 

Aunque el fallo en contra de los acusados supuso un hito histórico, porque por primera vez se comprobó la participación de altos funcionarios de una empresa multinacional en delitos de lesa humanidad. Increíblemente la noticia tuvo poca repercusión. 

En Argentina aún se estudia la responsabilidad que tuvo el sector empresarial en las violaciones a derechos humanos cometidos durante la dictadura. Se sabe que la articulación entre las Fuerzas Armadas y el poder económico combinaron esfuerzos en contra de sectores organizados de la población.