Kenia Hernández lleva presa desde octubre de 2020. En entrevista desde la cárcel, asegura que el Estado Mexicano está aplicando un castigo ejemplar para disuadir a otros manifestantes como ella, de tomar casetas de autopistas para dar un paso libre. 

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Graciela López /CUARTOSCURO.COM

CIUDAD DE MÉXICO.- El abogado Antonio Lara adelanta una  hipótesis jurídica mientras espera enlazar telefónicamente a su clienta Kenia Inés Hernández Montalván, quien ha recibido sentencia condenatoria las horas previas. Kenia es una mujer indígena originaria de Guerrero; y su caso es usado para dar un castigo ejemplar a quienes, como ella, usen la liberación de carreteras de cuota como protesta. 

El 6 de junio de 2020, Kenia, junto con otras personas realizó un bloqueo pacífico en la caseta de cobro de la carretera Toluca-Valle de Bravo, conocida como La Hortaliza (en el Estado de México). Este es un tipo de protesta que el colectivo ha desarrollado, según dicen, para visibilizar a los presos políticos y otras causas. En aquel momento la detuvieron y acusaron de robo a mano armada. Sin embargo, pocos días después alcanzó la libertad. Pese a esto, el  18 de octubre de aquel año, alrededor de las ocho de la noche, policías ministeriales mexiquenses la detuvieron en Amozoc, Puebla. Presentaron una orden de aprehensión fechada el 3 de agosto de 2020, por el mismo caso de la caseta de cobro. 

Kenia actualmente forma parte del Colectivo Zapata Vive, agrupación nacida en 2018 que promueve proyectos productivos como el manejo comunitario del agua y apoya refugios para mujeres indígenas víctimas de violencia en la Costa Chica guerrerense.

Una mujer «peligrosa»

A veces es difícil que entre la llamada al penal, explica el abogado, que después de 40 minutos, logra el enlace con Kenia. 

“Ejercíamos nuestra libertad de movilización y de tránsito», dice Kenia. Su voz sale del altavoz de un celular y pasa a través de la videollamada con su abogado. «Los mismos cajeros dicen claramente que lo hacíamos de manera pacífica y que solo pedíamos cooperaciones. ¿En qué momento atacamos? Los testigos dicen que dimos pase libre. Al contrario, el juez dijo que yo estaba afectando el servicio de cobro, y porque ataqué el cobro es que me vinculan a proceso”.

Al inicio Kenia fue detenida por afectar las vías de comunicación. Sin embargo, ese era un delito que no ameritaba la prisión, por lo que la Fiscalía del Estado de México la acusó de robo. 

«Me vinculan a proceso por una falacia. Dicen que en una manifestación le robé a una persona, 500 pesos y un celular», cuenta por teléfono. 

Tras su arresto, Kenia ha sido reubicada de prisión en dos ocasiones. Primero ingresó al penal estatal de Chiconautla, en el Estado de México. Ahí permaneció por cinco días y después fue trasladada a la prisión federal de Cuautlán, en Morelos. Ahí permanece en el pabellón de alta seguridad, aislada del grueso de la población. Tanto ella como su abogado, lo consideran una medida exagerada, parte de la hipótesis del castigo ejemplar. 

“Su peligrosidad es porque protesta mucho y eso pone en riesgo a los demás”, dice con ironía su abogado. 

A pesar de que la misma Kenia presentó opciones reparativas, como pagar las afectaciones que hubiera causado al liberar el paso en las casetas de cuota, estas han sido ignoradas. Su única opción para salir libre, dice, es un juicio abreviado en el que debe aceptar su culpabilidad. 

“Desde el primero de abril yo propuse la reparación del daño; no el procedimiento abreviado, porque eso era aceptar que cometí un delito que en esa fecha no existía. Fue hasta el 2021 cuando se tipificó como delito la liberación de casetas”. La voz de Kenia suena lejana porque la señal del teléfono es pobre.

“Nosotros decimos sí, está bien, aceptamos que en esta protesta se hizo una afectación económica. Díganos cuánto fue y vemos cómo hacemos para reunirlo”, dice.

Kenia asegura que Caminos y Puentes Federales se niega a recibir 229 mil pesos, que ofrece como reparación del daño. 

Capufe, con indicaciones de no aceptar reparación del daño

“Es lo que ofrecemos desde el viernes, pero no han aceptado, sin dar ningún argumento o ninguna explicación. Los representantes de la Capufe tienen indicaciones de no aceptarlo. Sabemos que hay otras formas para la suspensión del proceso, entonces es claro que hay una consigna para que Kenia siga estando en prisión por atreverse a crear procesos comunitarios en las comunidades indígenas”, explica a su vez el abogado Lara. 

Durante los 16 meses que Kenia ha permanecido presa ha sido víctima de tortura psicológica, sostiene la defensa. Por ejemplo, durante los primeros cuatro meses no le permitieron ver a sus hijas, y hasta hoy no ha podido ver a su abogado de manera personal. Incluso, ella misma dice que le han presionado para aceptar el juicio abreviado, amenazando con que nunca volverá a ver a sus hijas. 

Esta no es la única consideración que ha solicitado. Al inicio de su proceso pidió a los jueces que su proceso fuera llevado a cabo bajo una perspectiva de género. La respuesta del juez fue implacable. 

“Mi abogado pide que se me juzgue con perspectiva de género y el juez responde diciendo que eso aplica a mujeres sumisas y no para Kenia Hernández, en otras palabras tengo que estar presa por no ser sumisa”, cuenta. 

La activista señala que Caminos y Puentes Federales tuvo acceso a la información del Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos, que la apoyó para extraerla de Guerrero, donde denunció amenazas del gobierno y de grupos armados.

“Las palabras textuales que le dije al mecanismo fue que estoy recibiendo estas amenazas y por eso salgo. Ahora resulta que esa información llega a manos de Capufe, que es la parte contraria en mi proceso, y lo exhibe en el juicio, en octubre de 2020”, expone. 

A pesar de que las acusaciones en contra de Kenia Hernández vienen de parte de Caminos y Puentes Federales, las autopistas que ha afectado Kenia pertenecen a la Asociación de Autopistas Concesionadas de México, organización encabezada por la empresa española OHL, vinculada al grupo priista de Atlacomulco, al que pertenece el ex presidente Enrique Peña. Ellos, de acuerdo con el abogado defensor, en algún momento se convencieron de que ella era la reina de la toma de casetas, y por eso debían reprimirla. 

La única opción de libertad que le queda es el juicio abreviado. Sin embargo, para ella, eso significaría dejar un antecedente penal en su contra y aceptar que la defensa de derechos humanos es un delito

“No voy a declararme culpable, eso no lo iba a aceptar, porque eso sería aceptar que luchar es un delito, y yo no cometí ningún delito, yo solo luché junto con mis compañeros por la libertad”. señala.