Pijy fue víctima de violación y suplantación de identidad. La Defensoría de Oaxaca denuncia posible corrupción en la Fiscalía y el Poder Judicial y emite una recomendación por violaciones a los derechos humanos de la víctima

Texto: Laura Buconi

Fotos: Cortesía Joaquín Galván

CIUDAD DE MÉXICO. – El 20 de junio la FGE de Oaxaca publicó un video en sus redes sociales que recita “El abuso sexual no se calla, se denuncia!”, en el que invita a niñes y adolescentes a no minimizar estas agresiones y a acudir a la institución para denunciar. Sin embargo, la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca denuncia “omisiones acreditadas” por parte del mismo personal de la Fiscalía en la recomendación 12/2025 del 12 de junio sobre el caso de Pijy.

La historia

Pijy (‘flor’ en lengua ayuujk, nombre que utiliza para resguardar su identidad) fue víctima de violación en 2013, cuando tenía 15 años de edad. El agresor era un hombre de su comunidad conocido por su poder económico y por sus vínculos con Morena. La adolescente presentó su denuncia ante la fiscalía de Oaxaca, que en su momento liberó una orden de aprehensión en contra del imputado, Plácido N. 

Ante la falta de justicia hacia su agresor, Pijy tuvo que salir de su comunidad, San Juan Mazatlán Mixe. En 2022 Pijy fue contactada por la fiscalía de Oaxaca, para informarle que las autoridades recibieron  una carta de desistimiento por su parte. Al acudir al juzgado de control, con gran sorpresa fue informada de que los documentos legales aseguraban que ella había desistido de la denuncia y de la orden de aprehensión, porque se había casado con el agresor y habían tenido hijos. 

Esto naturalmente no era cierto, y Pijy solicitó la asesoría de los defensores Sandra Domínguez y Joaquín Galván, quienes empezaron a acompañar el caso a partir de  octubre de 2022. 

“Solicitamos la credencial de elector de la persona que había desistido de la denuncia y de la orden de aprehensión en contra del agresor, y nos dimos cuenta de que no se trataba de Pijy, sino de otra mujer, quien se identificó por parte de la víctima como la actual pareja del agresor”, relata Joaquín Galván en entrevista a Pie de Página.

“En ese momento comienzó un nuevo infierno para Pijy porque además de tener que retomar un proceso por violación, ahora tenía que iniciar otro proceso legal por suplantación de identidad. Mi compañera Sandra y yo presentamos también denuncias por corrupción en el caso de que resultaran responsables el juez que participó en la audiencia y el agente de ministerio público, y una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos de Ciudad de Oaxaca ”, explica Joaquín. 

Los costos de la denuncia

Todo esto ha tenido un costo sumamente elevado para la víctima, tanto económica como emocionalmente, y como sucede en muchos casos similares las investigaciones se detienen por tiempos largos. A principios de 2024 Domínguez y Galván se acercaron al actual fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, y le pidieron dar prioridad al seguimiento del caso. Dos años después, el 30 de octubre de 2024, se ejecutó una nueva orden de aprehensión contra el agresor y su actual pareja, por el delito de suplantación, falsedad de declaraciones judiciales y uso de documentos falsos. Lo encarclaron. En ese entonces, Plácido N. incluso fungía como  presidente municipal de San Juan Mazatlán Mixe.

Galván afirma que desde 2013, el año de los hechos, era conocido por su fuerte poder económico y por vínculos políticos con Morena. La víctima ha sido acosada y ha recibido intimidaciones por parte de Plácido N. durante las audiencias. Durante las diligencias llevadas a cabo desde 2022, Galván relata que “el sujeto mandaba gente a seguir tanto a la víctima como a la abogada, que en ese tiempo era Sandra Domínguez. Mandaba mensajes a las hermanas de la víctima amenazándolas, ordenando que Pijy se callara, y ofreciendo dinero por su silencio. Fueron distintas formas de acoso y de presión hacia la víctima.” 

Actualmente el agresor está detenido por los cargos mencionados, pero la víctima sigue sufriendo revictimización e intimidaciones. “Una fiscalía debe investigar, perseguir delitos y aplicar la ley. Sin embargo, lo que yo he recibido ha sido revictimización por parte de los ministerios públicos, Pedro Fierros Zárate, el juez Omar Morales Simón al principio, y ahora Neljer Matus García. Comentarios insensibles, desprecio hacia mi denuncia y actitudes que solo reflejan su incomodidad por haberlos expuesto, siendo ellos los únicos responsables de mis inconformidades”, declara la víctima en un comunicado.                                                                       

“Desde que mi caso salió a la luz, mi agresor y su familia no han hecho más que intentar deslegitimarme, inventando mentiras, difundiendo rumores falsos, tratando de comprar mi silencio e intimidarme. No tengo ningún interés económico, político ni personal, como se me ha acusado. Lo único que me mueve es lo que me corresponde por derecho: la justicia”, afirma Pijy en un comunicado difundido este junio de 2025. 

Las demandas                   

“El caso de Pijy es grave en todos los sentidos, lo que sucedió fue absurdo a la vista de la lógica elemental de los protocolos básicos que se tienen que efectuar en los procesos penales”, afirma Joaquín Galván.

Se solicita a las diputadas tanto locales como federales que trabajen en iniciativas que ayuden a que casos como el de Pijy se vuelvan a repetir. “Si esto sucedió es porque hay vacíos legales dentro de la el Código Penal o dentro de la Ley de Procedimientos Penales, generalizados a nivel nacional, no ponen protocolos estrictos para poder garantizar que una la víctima, efectivamente, sea la víctima dentro de un proceso penal. Se hace un llamado para un trabajo legislativo con base en este caso grave”, explica Galván.

En segundo lugar, la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca hace un llamado a la fiscalía, “que si bien hizo un trabajo bastante fructífero respecto a la investigación para prevenir violaciones de derechos humanos, creemos que no ha alcanzado al juez de control, Omar Morales Simón, por la posible participación en materia de corrupción para que se generara la suplantación de identidad. Fue absurda en todos los sentidos y creemos que se explica por una omisión o una negligencia o una abierta complicidad del Poder Judicial”, evidencia Galván.

Cabe señalar que el mismo juez, Omar Morales Simón, fue señalado por la periodista Soledad Jarquín a Pie de Página por tomar decisiones irregulares respecto a varios imputados del caso de feminicidio de su hija María del Sol.

Se exige que la fiscalía realice los procesos necesarios para definir la responsabilidad del ministerio público que participó dentro de la audiencia de suplantación, y que se amplíe la investigación al actual Ministerio Público de Matías Romero, Néstor Matus, por recientes actos de revictimización hacia Pijy. “Se burló incluso de su caso no hace más de un mes: se sigue efectuando violencia institucional contra la víctima”, afirma Galván.

La recomendación 12/2025 de la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca pide reparación integral del daño causado a la víctima, tanto económica como en términos de atención psicológica.

Además incita al personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a colaborar ampliamente con la autoridad investigadora, en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que la Defensoría presentó en contra del juez de control al momento de los hechos,  Omar Morales Simón, y del ministerio público Pedro Fierro Zárate.

«Yo seguiré exigiendo»

En la actualidad, la fiscalía de Oaxaca afirma que lleva a cabo una investigación interna para determinar la culpabilidad del Ministerio Público quien permitió la suplantación de identidad, Pedro Fierro Zárate, pero no confirman procedimientos hacia el actual Ministerio Público Neljer Matus García, quien fue señalado por revictimización hacia Pijy.                                                                  

“Nada me gustaría más que dejar esto atrás, retomar mi vida y dedicarme únicamente a lo que me gusta. Pero mientras la justicia no llegue, mientras sus comentarios machistas sigan minimizando mi caso, mientras me digan que hay asuntos ‘más importantes’, mientras me enfrenten con su falta de empatía y recursos como excusas, yo seguiré exigiendo”, afirma Pijy. 

“A la Fiscalía y a las instituciones pertinentes, no les pido consuelo ni abrazos, les exijo que hagan su trabajo con honestidad y seriedad, y que dejen de causar más sufrimiento a quienes, como yo, solo queremos justicia.”

Según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el 91 por ciento de los casos de violación denunciados ante las fiscalías permanece impune.