Muchos los abajofirmantes de la carta de apoyo a Ciro Gómez Leyva han contribuido al clima de violencia contra periodistas que carecen de fama y dinero. Ahora se presentan como cruzados de la libertad de expresión. Vaya cinismo

Twitter: @anajarnajar

El ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva debe investigarse y los culpables sancionados. En esto no debe haber titubeos.

Se puede estar en favor o contra sus posiciones políticas o la forma como ejerce el periodismo. Pero la violencia en contra de cualquier periodista es inadmisible.

También lo es pretender usar las agresiones contra comunicadores en México como rapiña política.

Después que Gómez Leyva denunció el atentado en su cuenta de Twitter, varios políticos de oposición aprovecharon el tema para cuestionar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

De hecho, en pocas horas se montó en redes sociales, especialmente Twitter, una campaña de cuentas falsas para culpar directamente al mandatario del ataque.

Nada raro. Desde hace años los opositores aprovechan cualquier tema para esparcir odio y violencia verbal.

Pero en esta oleada de descalificaciones y oportunismo se publicó una carta para exigir a López Obrador que se autocontrole “en sus impulsos de ira contra periodistas críticos”.

También acusan: “Prácticamente todas las emanaciones de odio hacia los periodistas se incuban, nacen y se esparcen en Palacio Nacional”.

Los que difundieron la carta afirman que está firmada por “periodistas”, y de hecho en la lista aparecen varios que han hecho trabajos profesionales y de profunda investigación, o que han alzado la voz para protestar por la violencia contra el gremio. 

Pero muchos de los abajofirmantes no lo son. Entre quienes suscriben el documento aparecen, por ejemplo, exfuncionarios públicos, publicistas, escritores, abogados, activistas, embajadores, politólogos, economistas, músicos y locutoras, entre otros.

Casi todos ellos escriben artículos en algunos medios, pero eso no los hace periodistas. Su función principal es otra, inclusive completamente ajena a la comunicación.

La carta acusa que desde Palacio Nacional se promueven expresiones de odio. 

Pero entre los abajo firmantes abundan promotores de la guerra sucia contra López Obrador, desde los tiempos en que era jefe de Gobierno de Ciudad de México.

Algunos, inclusive, participaron en el diseño de campañas negras contra el ahora presidente. 

Un ejemplo es Fernando García Ramírez, vinculado a la llamada Operación Berlín en 2018 para desprestigiar al entonces candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

Otro de los promotores de odio que firma la carta es el escritor Francisco Martín Moreno, quien en 2020 dijo que quemaría vivos “a cada uno de los morenistas en el Zócalo”.

Caso similar es el de Javier Lozano Alarcón, uno de los mayores promotores de odio en contra de la 4T, pero no solamente se ha quedado en el discurso o las redes sociales.

Gracias a Lozano -secretario del Trabajo en el sexenio de Calderón Hinojosa- miles de trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y Mexicana de Aviación perdieron su empleo.

El sujeto protegió a la minera Grupo México tras el accidente en Pasta de Conchos donde 62 trabajadores quedaron atrapados.

Lozano hizo todo lo posible para impedir que se rescatara a los mineros, ni vivos ni muertos.

A este personaje difícilmente se le puede llamar periodista, como tampoco a Luis Carlos Ugalde, presidente del Instituto Federal Electoral en 2006 cuando se consumó el fraude contra López Obrador entonces candidato presidencial.

Hay casos de periodistas que cuando fueron directivos hicieron poco o nada para mejorar las condiciones laborales de los colaboradores de sus medios.

Varios de esos reporteros que trabajaban en zonas de alto riesgo no recibieron apoyo o protección. Tampoco tenían acceso a servicios médicos ni seguridad social alguna.

De este grupo de cuestionados abajofirmantes muy pocos han dicho o escrito algo por la violencia contra los periodistas que no tienen la presencia mediática de Gómez Leyva.

Guardaron silencio ante los asesinatos de colegas ocurridos en el sexenio de Felipe Calderón. Varios, inclusive, avalaron entusiastas la versión del impresentable sujeto de que las agresiones provenían de criminales.

Entre esos abajofirmantes hay varios que descalificaron las investigaciones de algunos medios y periodistas, y aceptaron gustosos la orden de censurar de sus medios la información sobre violencia.

Repitieron la misma práctica en el gobierno de Enrique Peña Nieto quien distribuyó miles de millones de pesos entre varios medios.

La carta de respaldo a Gómez Leyva está firmada por varios de esos beneficiarios del poder, como Ricardo Alemán o Raymundo Rivapalacio, por ejemplo.

Ahora estos personajes se presentan como cruzados de la libertad de expresión y la defensa del periodismo independiente. Vaya cinismo.

Es hipócrita pretender que se ignore la responsabilidad de algunos abajofirmantes en el círculo de precariedad laboral, violencia e inseguridad que padecen muchos periodistas que no son famosos.

El ataque contra Ciro Gómez Leyva no debe quedar impune, como ninguna de las agresiones contra periodistas que han ocurrido hasta ahora.

Utilizar este grave incidente como revancha política es profundamente mezquino.