Ante la falta de pruebas, una jueza de control determinó que 8 militares acusados de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa deberán llevar su proceso en libertad. La CoVaJ acusó que la decisión no ponderó el derecho de las víctimas

Texto: Camilo Emiliano Ocampo

Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. –Un juzgado mexicano revocó la medida de prisión preventiva contra 8 militares acusados de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La orden la dictó la jueza Ivette Duarte Cedillo, quien dio seguimiento a una sentencia del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal que pedía revisar la medida cautelar contra los militares.

En su razonamiento, la jueza dijo que la Fiscalía General de la República no presentó pruebas suficientes para mantener a los acusados en prisión, una decisión similar a la que se tomó con el exgeneral en retiro Rafael Hernández Nieto, otra de las personas imputadas por el caso Ayotzinapa, quien fue beneficiado por una resolución parecida en agosto de 2023.

Leer más

¿Quién es el general Hernández Nieto, el militar ‘liberado’ por el caso Ayotzinapa?

Los soldados seguirán el juicio en libertad a cambio de una fianza de 50 mil pesos. Además, tendrán que ir a firmar periódicamente el libro de procesados y entregar sus pasaportes, a fin de que no puedan salir del país.

CoVaJ responde a cambio de medida cautelar

Derivado de la sentencia a favor de los supuestos implicados en el caso, La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) condenó el cambio de medida cautelar ordenado por la jueza de distrito.

Por medio de un comunicado de prensa informaron:

“Una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados sabadazos, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos”.

Además, la Comisión informó que se coordinará con la Unidad Especial de Información y Litigación por el Caso Ayotzinapa, para asegurar que se agoten todas las instancias legales posibles para cumplir el principio de cero impunidad para el caso.