Un reporte de seguridad advierte que de los 81 municipios de Guerrero, 31 son de alto riesgo y 15 de riesgo medio para quienes busquen hacer campaña electoral. En la sierra, temen que no se instalen casillas. ¿Cómo renovar autoridades oficiales en territorios donde otros mandan?

Texto: Amapola Periodismo y Beatriz García

Foto: José Luis de la Cruz y Miguel Sánchez

CHILPANCINGO.- Candidatos a la gubernatura, alcaldes y diputados locales podrían correr riesgo cuando realicen campaña en 31 municipios de Guerrero donde operan grupos de la delincuencia o las autollamadas policías comunitarias.

Autoridades de seguridad federal y estatal alertan lo anterior a través de un mapa de riesgo que se elaboró para estas elecciones. En la entidad se renovarán la gubernatura, 80 alcaldías y 46 diputaciones (28 de mayoría y 18 de representación proporcional).

La alerta establece también 15 municipios con riesgo medio y otros 35 de bajo riesgo.

Las autoridades les han dicho a los partidos políticos que cuando sus candidatos acudan a cualquiera de estos municipios (de alto, mediano y bajo riesgo) a realizar sus campañas políticas pueden avisar para que tengan acompañamiento de las fuerzas de seguridad.

A tres semanas de las elecciones, solo dos candidatos tienen seguridad las 24 horas del día. Son Erick Ulises Ramírez Crespo, aspirante de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cocula; y la candidata de Morena a la diputación local por el distrito 24 de Chilapa, Diana Itzel Hernández Hernández.

Otros 24 abanderados solo tienen acompañamiento cuando acuden a realizar sus actividades de proselitismo a municipios donde opera la delincuencia o las llamadas policías comunitarias.

El candidato Erick Ulises Ramírez fue sacado de Cocula luego de que un grupo de pistoleros dispararon armas de fuego durante un mitin en la comunidad de La Monera.

Acompañado por cinco agentes estatales que le sirven como escoltas, Erick Ulises Ramírez reinició su campaña.

Según la alerta que establecieron las autoridades federal y estatal, entre los 31 municipios de «alto riesgo» están Tlepehuala, Arcelia, Coyuca de Catalán y Zirándaro, donde opera la organización de la Familia Michoacana.

Aunque en Zirándaro, el territorio ya entró en disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La disputa entre ambos grupos ha generado mil 700 personas desplazadas de sus comunidades durante el 2019 y el 2020.

En marzo, el alcalde morenista de este municipio, Gregorio Portillo Mendoza, renunció a la diputación local plurinominal. Integrantes de un grupo de la delincuencia lo tuvieron secuestrado varias horas junto sus escoltas, dos elementos de la Guardia Nacional (GN).

El mapa también muestra a los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, Teloloapan y Apaxtla de Castrejón y Cuetzala del Progreso en color rojo.

En los seis municipios de esta región Norte del estado, operan los grupos de Los Tlacos.

Aunque en Iguala y Huitzuco, Los Tlacos, disputan el territorio con La Bandera que es una escisión de Guerreros Unidos.

En Iguala, donde en septiembre del 2014 fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa, la violencia ha dejado un saldo de 95 personas asesinadas. Esto, pese a que desde marzo la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal asumieron las tareas de seguridad. La policía municipal fue desmantelada.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Seguridad Pública Estatal, Secretaría de Marina (Semar) Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) ubican entre estos 31 municipios de alto riesgo a Taxco de Alarcón, Buenavista de Cuéllar Tetipac y Pilcaya. En los tres municipios que colindan con Morelos y el Estado de México opera la organización de la Familia Michoacana (FM).

En abril, varios hombres armados retuvieron durante más de una hora a la candidata de la coalición PRI-PRD a diputada local por el distrito 21 con cabecera en Taxco, Flor Añorve Ocampo.

Otro priista que fue secuestrado y golpeado por un grupo criminal en abril en Taxco es el ex diputado federal Salomón Majul González.

Majul González buscaba ser candidato a alcalde de Taxco por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El mapa de riesgos para los candidatos a un cargo de representación popular también ubica a los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez. Ahí operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA).

Chilpancingo, otra demarcación de color rojo

En Chilpancingo, la disputa del territorio está entre tres grupos criminales: Los Tlacos, que dirige Onésimo Marquina; el Cártel del Sur, que liderea Isaac Navarrete, y Los Ardillos, dirigidos por los hermanos Iván, Celso y Antonio Ortega Jiménez.

Tixtla, Chilapa, Zitlala y José Joaquín Herrera, municipios que tienen bajo su control Los Ardillos, también son señalados por las autoridades como de alto riesgo.

Durante el proceso electoral de 2018, en estas demarcaciones de la Montaña Baja y Centro fueron asesinados siete políticos, entre precandidatos y candidatos.

En la zona de Chilapa, Zitlala y José Joaquín Herrera opera la autollamada policía comunitaria Por la Paz y Justicia, vinculada presuntamente con Los Ardillos. Mientras que en Tlapa, que está también en semáforo rojo, opera la organización de Los Rojos.

En Cochoapa el Grande, también de alto riesgo, no se tiene identificado que opere algún grupo de la delincuencia; sin embargo, en 2020, han habido hechos violentos que se originaron por la disputa política que existe entre los grupos caciquiles del PRI y PRD.

Leonardo Bravo, otro municipio de alto riesgo, opera el Cártel de la Sierra aunque desde el 2019, se disputan este territorio con Los Tlacos.

Desde el 2018, más de 2 mil supuestos policías comunitarios mantienen el control en Filo de Caballos y otras seis localidades vecinas que pertenecen a este municipio enclavado en la Sierra.

La irrupción de este grupo de autodefensas mantiene desplazadas a mil 700 personas desde hace más de dos años.

Otro municipio en color rojo es el de Eduardo Neri, ubicado a 10 kilómetros de Chilpancingo.

En los municipios de José Azueta (Zihuatanejo) y Petatlán, que también forman parte del mapa de alto riesgo, operan las organizaciones Guardia Guerrerense y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tecpan de Galeana, otro municipio de la Costa Grande, está bajo control de Los Granados.

Todas estas células surgieron tras la fragmentación que sufrió el Cartel de Los Beltrán Leyva.

Municipios de mediano riesgo pero también operan grupos

En 15 municipios de mediano riesgo como Quechultenango, Atenango del Río, Juan R. Escudero, Olinalá, Ahuacuotzingo, Olinalá, Acatepec, aparecen en el mapa como de mediano riesgo. También en estas demarcaciones está la presencia de grupos de la delincuencia.

Por ejemplo, los casos de Quechultenango que está en mediano riesgo y Mochitlán, de bajo riesgo, opera la agrupación delictiva de Los Ardillos; pero son las demarcaciones donde el índice delictivo es el más bajo del resto de los 81 municipios de Guerrero.

Esto se debe a que en estos dos municipios, ubicados en la zona centro del estado, están bajo el control total de Los Ardillos.

El semáforo de riesgo para estas elecciones ubica a 35 municipios de bajo riesgo.

Aumentaron municipios de «alto riesgo»

En las elecciones del 2018, las autoridades elaboraron un mapa de riesgo con 18 municipios en semáforo «rojo», 17 en alerta media y 46 en alerta baja.

Del 2015 al 2018, se registraron 25 asesinatos y cuatro desapariciones forzadas de dirigentes políticos y de organizaciones sociales.

En la sierra temen no se instalen casillas parar votar

En el ejido Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, y en el ejido Ciénega de Puerto Alegre, municipio de San Miguel Totolapan, donde la violencia les impide salir de su zona, temen la falta de garantías de seguridad para que se instalen las casillas para votar el 6 de junio.

El 3 de abril, el comisario ejidal de Las Conchitas del ejido de Ciénega de Puerto Alegre, Carlos Márquez Oyorzabal, fue interceptado por hombres armados. En la comisaria ejidal lo mataron y desmembraron frente a familiares.

La familia del comisario tuvo que desplazarse a otra comunidad dentro del ejido, por seguridad. Así lo informó un integrante del Observatorio por la Paz y Desarrollo de las comunidades de la Sierra de Guerrero, que pidió confidencialidad.

El Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos quiso desplazar a la familia del comisariado ejidal fuera de Las Conchitas ante las amenazas de muerte que les llegaban vía radio, pero los familiares se negaron a salir. Lo único viable fue salirse y refugiarse en otra localidad. En Las Conchitas solo habitaban cuatro familias, las del comisario, entonces a raíz de su desplazamiento esta comunidad quedó sola, sin habitantes.

Los familiares de Carlos tuvieron que dejar sus casas y animales.

El integrante del observatorio contó que no han podido salir del ejido para abastecerse de productos de la canasta básica.

Sembrando vida, su única esperanza

Hasta ahora la única promesa que tienen es la del gobierno federal, que en las comunidades del ejido se implementará el programa federal Sembrando Vida, después de que pase la contienda electoral.

El activista del observatorio expuso que como en todas las contiendas electorales los candidatos no llegan a la zona a hacer proselitismo.

“Muy raro el candidato que suba a la sierra. La Sierra no representa mucho porcentaje de votos, es un área muy dispersa, grande, con poblaciones pequeñas y la instalación de casillas posiblemente ni se establezcan por la situación de violencia que se presenta”, dijo.

En la zona hay resguardo policiaco, de la Guardia Nacional, policía federal, pero esto no convence a la población; insisten que se establezca una base permanente de la Guardia Nacional.

Guajes de Ayala

La situación que vive Guajes de Ayala es similar a lo que vive Ciénega de Puerto Alegre; además, la violencia generada por los grupos criminales tiene que ver con la explotación de sus recursos naturales. Las personas tampoco pueden salir de sus poblados para abastecerse de productos comestibles, sobreviven con lo que siembran y de su ganado.

En el ejido hay unos 600 habitantes; más de mil personas se desplazaron en febrero, luego de una serie de enfrentamientos que dejó un saldo de muertos y desaparecidos.

En consulta telefónica, el secretario del comisariado ejidal, Javier Hernández Peñaloza, dijo que a la zona ya regresaron dos familias que se habían desplazado y que hay más familias que quieren regresar a sus casas, y que seguramente lo harán.

Las amenazas de muerte a los habitantes del ejido continúan, por ese mismo motivo es que no pueden salir de sus poblados para abastecerse de alimentos.

Javier Hernández manifestó que su esperanza está puesta directamente con las autoridades federales. Ellos también les prometieron lo mismo que a Ciénega de Puerto Alegre, pasando las elecciones, dialogarán para que se implemente el programa Sembrando Vida.

Incluso, los habitantes del ejido entregaron a las autoridades listas de las necesidades que tienen, con la promesa de que se las llevarán. Son productos de higiene y medicamentos.

De las votaciones manifestó: “No sabemos si vamos a poder votar. Se instalaban las casillas, se instalaba una en El Pescado y otra en Hacienda de Dolores, pero aquí ya no hay nadie”.

Expuso que aunque los candidatos del municipio no van a hacer campaña a la sierra, esperan que se instale una casilla en El Pescado. Así poder votar para la candidatura a la gubernatura, que es a quien también le compete el bienestar de estas zonas.

Este trabajo fue realizado por el equipo de AMAPOLA PERIODISMO, que forma parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí y aquí puedes consultar la publicación original.