El grupo de seguridad privada Camsa SA de CV operó bajo varias faltas el centro de detención migrante que se incendió este lunes y en el que murieron 39 migrantes, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Su contrato tenía vigencia desde el 1 de marzo de este año

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Isabel Mateos / Cuartoscuro

Actualización 31 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO.- El contrato que firmó la empresa Camsa para dar servicio al Instituto Nacional de Migración será rescindido debido a nueve irregularidades en las que incurrió la empresa en menos de un mes de servicio, informó este viernes la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. 

Este contrato, difundido este viernes por el gobierno mexicano, tenía vigencia desde el primero de marzo de este año hasta el 31 de diciembre por un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190.

Entre las omisiones se encuentra que la empresa omitió actualizar el registro nacional de empresas, personal y equipo de seguridad privada relativo a sus sucursales.

La empresa también toleró o permitió actos de tortura, malos tratos, actos crueles, inhumanos o degradantes. Tampoco inscribió, capacitó ni presentó a su personal operativo a los exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos que aplica la Dirección General de Seguridad Privada. 

“Los servidores del Instituto están obligados a someterse a ese proceso de certificación, que consiste en la comprobación del cumplimiento de sus perfiles, de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, que son necesarios para el ejercicio de sus funciones. Esa certificación es requisito indispensable para su ingreso, permanencia y promoción”, aseguró la fiscal especial en migración y Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías. 

Ahora, y después de que se inhabilitara definitivamente el centro de atención migratoria en Ciudad Juárez, el área de Protección Federal asumirá las funciones de seguridad en el nuevo espacio habilitado para recibir a las y los migrantes en la frontera chihuahuense: el centro de atención integral Leonora Vicario.

Sin embargo, según informaron, puede que Camsa siga ofreciendo servicios bajo el nombre de Grupo Tank de Seguridad Privada Profesional en otros centros de detención, situación que se está investigando. Tanto Tank como Camsa ofrecen servicios que no están dados de alta para proveer, como realizar tareas de seguridad intramuros con escoltas armados, otorgar protección a funcionarios, rastreo y localización satelital, custodia de mercancías, seguridad para eventos especiales, capacitación de personal privado en materia de seguridad, consultoría en seguridad y asesoría en sistemas de seguridad electrónica, controles de acceso, sistemas de instrucción y sistemas de videovigilancia.

Las primeras irregularidades

Una empresa registrada con 4 guardias era la que ofrecía el servicio de seguridad privada en la estación migratoria en la que fallecieron 39 personas el pasado lunes en Ciudad Juárez. Según su registro ante la Secretaría de Seguridad Pública, la empresa Grupo Camsa SA de CV puede ofrecer sus servicios desde 2020 y hasta 2024

Grupo Camsa firmó un contrato con el Instituto Nacional de Migración en el que se comprometió a poner a disposición de este instituto 503 elementos de seguridad que operarían en 23 estados. Sin embargo, esta empresa no tiene ningún contrato registrado en la plataforma de contratos Compranet, ni tampoco aparece en el Registro Público de la Propiedad. 

Según informó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, esta empresa contaba con 48 elementos dando este servicio en la estación de Ciudad Juárez, pero no se tiene claro si operaba otros centros migratorios en el resto del país. Los socios de la empresa, Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet, serán citados a declarar ante el Ministerio Público. 

“Sobre la responsabilidad de la empresa, informar que dio inicio el proceso sancionador para cortar el servicio que entregaba y establecer una multa económica”, dijo la secretaria Rodríguez. Añadió que se rescindió el contrato con esta empresa y que ahora operará con elementos de Protección Federal, una nueva agrupación de seguridad creada por el gobierno Federal este sexenio para cuidar instalaciones del gobierno. 

La unidad especializada en Derechos Humanos y Migración de la Fiscalía General de la República está indagando las condiciones de protección civil en este centro migratorio como parte de las investigaciones correspondientes. A la par, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  y la Procuraduría Fiscal están investigando si esta empresa tienen otras subsidiarias.

Van cinco procesados. La investigación llegará “a quien tope”

Ayer, la fiscal especializada en Derechos Humanos y Migración, Sara Irene Herrerías, informó que se había identificado a ocho personas responsables de la tragedia y que ya se habían solicitado cuatro órdenes de aprehensión. Durante la madrugada se emitieron otras dos solicitudes.

Hasta el momento hay cinco personas que han sido puestas a disposición de las autoridades judiciales, entre ellas tres agentes del Instituto de Migración, dos elementos de la empresa de seguridad privada y una persona migrante a quien se acusa de haber iniciado el incendio. Todos enfrentan cargos por homicidio doloso y lesiones en contra de 68 extranjeros. 

La fiscal Herrerías no descartó que se pudieran solicitar más órdenes de aprehensión. Tampoco que puedan agregar otros cargos a los que se imputan a los responsables, como abuso de autoridad, malos tratos y otras conductas que se puedan derivar de las investigaciones en curso, mismas que se ampliarán a todas las áreas del INM necesarias para acreditar las obligaciones y acciones punibles en que hayan incurrido la empresa u otros funcionarios. 

“¿Cuál es esta estructura organizacional? De acuerdo con la normatividad del Inami, estas estancias provisionales son las instalaciones físicas que establece el Instituto para alojar a extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular en el país en lo que esperan a ser llevados a una estación migratoria. Esta estancia dependía de la oficina de representación del Inami en Chihuahua”, dijo la fiscal Herrerías. Después, leyó una parte de la legislación que habla sobre los incidentes que pudieran suceder en estos sitios. 

“En los casos en los que exista resistencia organizada, motines u agresiones o distribuidos, lo que mandata el ordenamiento es que esta autoridad debe tomar las medidas necesarias para el debido resguardo y atención a las personas del inmueble en tanto se solicite ayuda de las instancias de seguridad pública y otras pertinentes”. 

Ambas funcionarias descartaron que de momento se trabaje en un cambio en la forma de trabajo de estos centros, pero se podría retomar este tema después de esclarecer los hechos, atender a las víctimas y repatriar los cuerpos de los migrantes fallecidos. 

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo la tarde de este jueves 30 de marzo se publicaron las listas definitivas de personas fallecidas y heridas, así como de dónde se están atendiendo. Ya se tiene contacto con la representación consular de las naciones de estos migrantes para la repatriación de los cuerpos, así como para la atención de las personas heridas. Todas las víctimas serán acreedoras de un monto de reparación, mismo que no se hizo público.