Todos los indicios, pistas y señales apuntan a que autoridades estatales y federales participaron –activamente o por omisión– en la masacre de migrantes. Mientras, el territorio sigue siendo clamado por el crimen organizado, y los migrantes siguen cruzando estas brechas de muerte

Texto: Carlos Manuel Juárez

Fotos: Carlos Manuel Juárez y Whitmer Barrera

CARRETERA ESTATAL 33.- El sol calienta el pavimento de la carretera estatal 33. Los mezquites reverdecen por encima de los matorrales. La planicie árida se interrumpe por manchones de casas que forman pueblos y caseríos: primero Peña Blanca, luego El Brasil, Monte Cristo, más allá Santa Rosalía. La recta de la 33 conecta a brechas que llevan y traen de Nuevo León a Tamaulipas; juntas forman un sistema de arterias que desembocan frente al río Bravo. Fuentes policiacas tamaulipecas aseguran que por aquí pasaron las víctimas y los sobrevivientes de la masacre de Camargo.

Para llegar aquí tomamos la carretera libre a Reynosa y cruzamos por Los Ramones, China, El Milagro, General Bravo, Loma Alta, General Tapia y Doctor Coss. Esta geografía norestense dice poco, pero son municipios y pueblos que aparecen en corridos o noticias; por ejemplo, el 24 de noviembre de 2020 asesinaron a Francisco Leónides Cruz, secretario de Seguridad de Doctor Coss, y su escolta; dos meses después la policía halló 65 migrantes en una casa en Los Ramones; pasaron 10 días y 51 migrantes fueron encontrados apilados en una camioneta al borde de la carretera en General Bravo; y en febrero, hombres armados dispararon un fusil Barret para intentar tirar un helicóptero militar. 

Las localidades del noreste de Nuevo León son lugares aparentemente apacibles. La brasa del sol viene acompañada de un ruido de motores. La gente prefiere moverse en sus automóviles con el aire acondicionado encendido. Los coches se distinguen por traer placas locales, del estado de Texas o no traen. Como en un juego de postales reivindicativas de la imagen del buen nuevoleonés, a nuestro paso la vida de estos pueblos se concentra en los ranchos ganaderos agrícolas, en el jale de comercio o al pie de un asador de carne. Los pocos que acceden a platicar no dudan en señalar que la violencia es cosa de Tamaulipas. Cuando se les recuerda por los casos locales aclaran que fueron confusiones: “es como todo, días buenos, días malos, como en todas partes, pero aquí no hay mucha inseguridad”, responde un hombre de Doctor Coss. Él vive en una de las zonas más conflictivas, donde las autoridades han descubierto migrantes, han enfrentado a hombres armados y han decomisado cargamentos de droga; allí los enfrentamientos terminan en puñados de muertos y coches incendiados y, a la par, la extracción de petróleo y gas no se detiene: la carretera 33. 

Hacemos la entrada a la 33 por un desnivel que atraviesa la autopista a Reynosa. Un anuncio indica la ruta Peña Blanca-Comales. Ni atrás ni adelante aparecen coches, tampoco personas. Un arco de concreto da la bienvenida al poblado El Brasil y metros adelante un hombre se faja la camisa mientras camina al lado de una camioneta de seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex) estacionada afuera de un restaurante. Una pick up vieja y descolorida se incorpora a la vía. Avanzamos siete kilómetros. La troca circula sin prisa al frente. Un puñado de mujeres platican junto a tres coronas de flores que descansan en el corredor de una casa. Dos camionetas suburban les hacen compañía. Estamos a 11 kilómetros y medio de Tamaulipas. La pick up gira a mano derecha y sigue recto por la brecha; al perderse aparece un señalamiento vehicular con la pinta “CDN Z CDN” y en el suelo un mensaje dirigido a la Fuerza Civil de Nuevo León firmado por el “comandante Yostin”: el lenguaje del terror nos grita durante el trayecto. Lo hace desde el suelo, desde las paredes de casas abandonadas, desde los señalamientos carreteros, desde los anuncios de los pozos petroleros y, ante lo aparatoso, nos detiene en las ruinas de la garita Santa Rosalía.

 

¿Cómo unas letras pintadas pueden presionar el pecho, nublar la vista, acelerar el pulso, transformar los mezquites en cortinas de hierro, el campo abierto en un túnel y obligarte a dar vuelta en U?

Retornamos aprisa. En el camino encontramos dos camionetas con los logos de la petrolera Iberoamericana de Hidrocarburos (IHSA) circulando hacia la garita. Salimos rumbo al norte para intentar llegar por otro camino al punto donde fueron asesinados y calcinados migrantes y “coyotes”, lo que conocemos como la masacre de Camargo. Al llegar a la entrada de la brecha Santa Anita –otra zona rica en hidrocarburos-, encontramos a cuatro hombres del Instituto Nacional de Migración (Inami) comiendo al interior de dos camionetas tipo VAN. Estamos a 13 kilómetros del sitio donde 19 cuerpos fueron quemados. Preguntamos si era confiable entrar. “No”, respondieron de inmediato. Nos vamos y me pregunto: ¿Dónde estuvo el Inami la mañana del 22 de enero?

Víctimas y sobrevivientes

El 12 de enero de 2021 un grupo de entre 14 y 19 personas partió de Comitancillo, San Marcos, Guatemala, a Estados Unidos. En 10 días avanzaron hasta Nuevo León. Sobre la ruta que siguieron en territorio mexicano solo hay tres pistas: llegaron a Motozintla, Chiapas; pasaron por San Luis Potosí y enfilaron a la frontera de Nuevo León con Tamaulipas. Las versiones de lo que sucedió el viernes 22 de enero por la mañana se centran en el traslado de los guatemaltecos. Algunos familiares de los migrantes cuentan que salieron en cinco camionetas a la frontera chica; Héctor Lopez Ramírez, alcalde de Comitancillo, asegura que fueron tres vehículos. 

Al día siguiente, el traficante de personas llamó por teléfono a Comitancillo para contar que parte de los migrantes habían sido asesinados y otros más ya estaban en Estados Unidos. Las madres, las esposas y los padres avisaron al alcalde lo sucedido en México. Ese mismo sábado por la noche, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó el hecho. El comunicado difundió la versión de que policías estatales, gracias a una llamada ciudadana, habían encontrado los cuerpos y dos vehículos incendiados en el poblado Santa Anita, Camargo. En un automóvil modelo pick up contabilizaron 19 cadáveres: 2 cuerpos en la cabina, uno de cada lado del piloto y copiloto y 15 en la caja. No hallaron ni una arma, ni un casquillo. Desde el primer momento, la Fiscalía tamaulipeca sostuvo que la masacre había sucedido en territorio de Nuevo León.

El domingo 24 de enero, la alcaldía de Comitancillo publicó una condolencia con 11 nombres en Facebook; horas después, el diputado distrital Mario Gálvez identificó con nombre y apellido a 13 de las víctimas. En México, la Fiscalía de Nuevo León rechazó participar en la investigación, como había informado Tamaulipas. A partir del lunes 25 de enero, en Guatemala, las familias hablaron con medios locales; la exigencia era apurar la identificación de los 19 cuerpos hallados en la brecha del poblado Santa Anita, a 69 kilómetros de territorio estadounidense. Para ese día, el gobierno de Tamaulipas resguardó los 19 cuerpos en una funeraria privada de Miguel Alemán.

El 26 de enero, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, declaró que la matanza en Camargo recordaba a las masacres de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Cadereyta, Nuevo León, en 2012; ambas siguen impunes. La mañana del 27, la secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, refutó las palabras del representante de la ONU-DH México, Guillermo Fernández-Maldonado Castro. En medio de los posicionamientos políticos, las familias entregaron sus muestras de ADN en la universidad privada Mariano Gálvez en Guatemala. 

Pero el 28 de enero la versión de la masacre de Camargo dio un giro. El alcalde de Comitancillo, Héctor Lopez Ramírez, reveló que había sobrevivientes. “El grupo era grande, incluso hay un grupo que ya llegó y que iba con este grupo. Una de las trocas que iba con el grupo, de los dos grupos, se salvó porque tuvieron problemas mecánicos en el camino. Los otros que avanzaron tuvieron el percance”, contó en entrevista telefónica.

La versión indica que una de las camionetas se descompuso en las brechas entre Díaz Ordaz y Camargo y se quedó atrás. Mientras la reparaban, el “coyote” y el resto de los migrantes, del cual no hay ni un nombre o pista, escucharon la balacera, rodearon la ruta y ese mismo día cruzaron a Texas. 

En México el silencio se prolongó hasta que el 30 de enero, la Fiscalía hizo pública la identificación de dos guatemaltecos y dos mexicanos. Tres días después el fiscal Irving Barrios Mojica anunció que las primeras víctimas eran el jugador de futbol Marvin Alberto Tomás López (22 años) y el padre Élfego Roliberto Miranda Díaz (24 años), además de dos mexicanos presuntos traficantes de personas. En la misma conferencia de prensa, informó de la detención de 12 policías estatales de Tamaulipas por ser los presuntos responsables de homicidio calificado, abuso de autoridad, desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a la autoridad. “Cobra fuerza la teoría de la alteración de la escena del crimen”, mencionó Barrios Mojica. La Fiscalía no ha especificado el tipo de participación de los policías, en qué situación salieron los 113 disparos que impactaron contra de la camioneta, si ellos calcinaron los cuerpos y si hay más posibles responsables.

Los probables responsables del multihomicidio son Mayra Elizabeth “V”, Jorge Alfredo “C”, Williams “F”, Édgar Manuel “A”, Horacio “R”, Carlos “R”, Jorge “C”, José Luis “L”, Héctor Javier “A”, Christian Eduardo “G”, Ismael “V” y Horacio “Q”. El lunes pasado, en una audiencia cerrada, un juez de control del Poder Judicial de Tamaulipas vinculó a proceso a la mujer y los once hombres, quienes permanecerán 6 meses en la cárcel de Victoria hasta que comience el juicio por la masacre. Un abogado privado los defiende. Los detalles del caso parece que estarán encerrados a piedra y lodo.

Entre los capturados se encuentran 8 integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), la policía del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Él presentó a los 150 elementos que fueron capacitados en Estados Unidos,  y que manda Félix Arturo Rodríguez Rodríguez, exdirector del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAEIT), una especie de Cisen estatal fundado por el exgobernador Egidio Torre Cantú en 2012.

La creación de los Gopes realmente fue un cambio de fachada, después de que en septiembre de 2019 siete elementos especiales del CAEIT fueron acusados de secuestrar y asesinar a ocho personas en Nuevo Laredo. Ante la evidencia de sus actos, el 7 de agosto de 2020, García Cabeza de Vaca montó una escena para exponerlos como el medio para “hacer valer el legítimo uso de la fuerza”. Seis meses después, el Gopes sumaba acusaciones de abusos de autoridad, exceso en el uso de la fuerza, secuestros y homicidios en la frontera chica, una franja de 260 kilómetros dividida en 7 municipios, todos con puentes y pasos hacia Estados Unidos. La respuesta a las acusaciones era la criminalización; no había distinciones, fueran migrantes, comerciantes, estudiantes, obreros o presuntos delincuentes.

La responsabilidad de la masacre también cayó en el gobierno federal. El 30 de enero, la Segob separó del cargo a ocho elementos de la delegación de Nuevo León del Instituto Nacional de Migración (INM) para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue si participaron activamente o por omisión. Esta acción derivó de que la camioneta marca Toyota, encontrada en el sitio, había sido decomisada en un operativo donde encontraron a 66 migrantes extranjeros en una casa de Escobedo, Nuevo León. El Inami consideró que los servidores públicos cometieron una omisión en los procedimientos administrativos y protocolos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento, al retener la camioneta Toyota que se encontró durante la identificación de las  personas migrantes irregulares. Buscamos al Inami y a la FGR para conocer la investigación contra el personal, pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo respuesta.

A la par del proceso judicial, continuó las confrontas genéticas a los cuerpos. En los siguientes días se confirmaron las identidades de Édgar López y López, Osmar Neftalí Miranda Baltazar (19 años), Ribaldo Danilo Jiménez Ramírez (18 años), Iván Gudiel Pablo Tomás (22 años), Anderson Marco Antulio Pablo Mauricio (16 años), Santa Cristina García Pérez (20 años), Dora Amelia López Rafael (23 años), Rubelsy Elías Tomás Isidro (15 años). Paola Damaris Zacarías Gabriel (22 años) y los hermanos Madelyn Estefanie y Brandon David García Ramírez. Al cierre del reportaje, las familias exigen se agilice la repatriación.

La masacre de Camargo ha puesto, por primera vez desde diciembre de 2018, en sintonía al presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. El tamaulipeco sostiene que no todos los policías son malos elementos. El tabasqueño invita a los migrantes a que no se dejen engañar por los traficantes e invita a los jóvenes delincuentes a dejar el fusil y buscar becas para estudiar. Los adversarios políticos sostienen que no habrá impunidad.

Familias entre el duelo y las deudas

Kamsil es la palabra que los mam pronuncian para decir que un familiar murió. Las primeras comunicaciones de la masacre de Camargo fueron en su lengua. Las 14 víctimas identificadas son parte de la población indígena que habita en el noreste de Guatemala y en Chiapas, Campeche y Quintana Roo, del lado mexicano.

Comitán Enlace Internacional fue el primer medio que dio cobertura a la masacre y rompió la barrera linguística. El comunicador y hablante de mam Nelson Abel Agustín Cardona -quien fundó su medio con el dinero que ganó de migrante-, entrevistó a las señoras Ángela Tomás, María Florinda Isidro Díaz y María Fidelio Díaz López. Las tres mujeres aseguraron que sus hijos y nieto, Marvin Alberto y Robelson Elías, habían sido asesinados en Camargo, Tamaulipas, a 1 mil 908 kilómetros al norte de su comunidad.

El señor Ricardo García habla lento y claro; él es padre de Santa Cristina García Pérez. El sábado 23 de enero, un hombre, quien no se identificó, le llamó para decirle que su hija junto con los demás migrantes habían fallecido, “Se murieron todos los paisanos de Comitancillo, todos se fueron”, recuerda.

A Santa Cristina no le alcanzaba el sueldo por trabajar en una casa particular en Zacapa. Por eso ahorró y antes de irse pidió un préstamo de 65 mil quetzales, aproximadamente 169 mil 773 pesos mexicanos, para pagar al “coyote”. Quería ir a Estados Unidos para trabajar y operar a una de sus hermanas, quien padece labio leporino. Otro objetivo era construir una casa. El señor Ricardo García encaminó a su hija Santa Cristina el 12 de enero de 2021. En los diez días de camino, su madre Olga habló con Santa. La primera comunicación telefónica fue para contarle que le habían robado el dinero y el teléfono celular en Motozintla, Chiapas. La segunda llamada fue para decirle que estaba bien.

“Lo que yo quiero es que regrese el cuerpo. Ya más no me interesa, porque tengo un buen número de familia, quiero tener paz con familia; hasta inclusive los que mataron, los que secuestraron o no sé, yo una tarde ofrecí mi oración, de que el señor los perdone; ya los perdoné, no les tengo rencor. Cuando recibí la mala noticia me atormenté pero recapacité. Quiero que el gobierno mexicano haga justicia”, afirma Ricardo García. 

En Guatemala, los familiares tratan de sobrellevar la tristeza y atender una urgencia más: el pago de los préstamos que gran parte de los migrantes víctimas de la masacre solicitaron para pagarle al traficante. La mayoría de las familias hipotecó su casa para conseguir el 30 por ciento de los pagos, que oscilaron entre 95 mil y 115 mil quetzales.

Álvaro Miranda, papá de Osmar Miranda, cuenta que su hijo vendía ropa en la capital guatemalteca. El joven llamó a su padre para avisarle que viajaría y le pidió que tramitara la hipoteca al banco. El señor es albañil y gana sin regularidad 75 quetzales al día.

Saydi Aguilón, de 18 años, es esposa de Iván Pablo, cuenta su situación: “Me dijo que había prestado en el banco Q30 mil y no sé cómo se va hacer porque tenemos el terreno empeñado al banco. El terreno es de mi suegro, ellos arreglaron eso y dijo que cuando llegara allá iba a empezar a pagar, ahora vamos a tratar la manera de ver qué se hace.

Comitán Enlace Internacional y el canal 5 local Cultura Visión organizaron transmisiones para recaudar fondos. El primer medio reunió 50 mil quetzales para construir dos casas. Mynor Hernández, de la televisora, dijo que recaudaron 66 mil quetzales que repartieron equitativamente a las 13 familias. El gobierno de Comitancillo dio 400 kilos de maíz, 1 bolsa de víveres y 400 quetzales en efectivo a cada familia.

Ninguna de las víctimas superaba los 32 años de edad. Los más jóvenes son Rubelsy ElÍas Tomas Isidro, de 15 años, y Anderson Marco Antulio Pablo Mauricio, de 16 años. El punto medio son Santa Cristina García Pérez, Paola Damaris Zacarías Gabriel y Dora Amelia López Rafael, de 20, 22 y 23 años. Los mayores son Élfego Roliberto Miranda Díaz, que con 24 años dejó huérfanos a tres hijos, y Édgar López y López, que supera los 30 años y no pudo regresar con su familia en Estados Unidos.

Los “coyotes”

En Guatemala a los traficantes de personas les llaman “guías” o “coyotes”; no hay nombres o apellidos para identificarlos. Esta regla no escrita impera en la masacre de Camargo, aunque dos personas que pidieron el anonimato por temor a represalias señalaron que David Coronado Pérez y Adán Coronado Marroquín, este último fallecido en el hecho, según la Fiscalía, son los “coyotes” de los migrantes mam asesinados.

David, apodado el “Gato”, es padre de Adán, llamado el “Junior”. Ambos traficaron con personas desde Comitancillo hasta Estados Unidos. No hay una fecha de cuándo empezaron, pero uno de los entrevistados refiere que llevó a otros familiares años atrás.

La presencia de Adán en la frontera tamaulipeca queda expuesta en una fotografía que se tomó en Miguel Alemán, cerca del puente a Roma, Texas, y que publicó en sus redes sociales el 18 de diciembre de 2020. 

Las distintas versiones de la masacre de Camargo apuntan a que  David Coronado Pérez sobrevivió, cruzó a Estados Unidos y llamó para avisar lo que había sucedido. Inclusive, uno de los seis perfiles que tiene en redes sociales tuvo actividad el día 28 de enero. Sus amigos le dejaron comentarios de pésame.

Josefina Marroquín, esposa del presunto traficante, negó que David se encuentre en territorio estadounidense y, aclaró, él está cumpliendo con trabajos en su comunidad. Agregó que reconoce la muerte de Adán en la masacre.

David es hermano de Ramiro Coronado Pérez, quien fue alcalde de Comitancillo de 2012 a 2016, y ahora se nombró representante de los familiares de las víctimas del multihomicidio. El presunto traficante de personas no ha sido localizado en el territorio estadounidense. La familia Coronado Pérez ha participado en la vida política del departamento de San Marcos. 

La migración no para

Son las ocho de la noche del 1 de febrero. Más de 80 personas están formadas para entrar por la puerta santa de casa INDI en Monterrey, ubicada al pie de las vías del tren. El señor Celaya organiza la entrada y el registro de los hombres. El albergue, fundado por el sacerdote Felipe de Jesús Sánchez Gallegos en 2015, cuenta con 500 camas, 68 cámaras de vigilancia y sirve más de mil platos de comida al día.

El señor Celaya es un guatemalteco. Limpiaba coches en la capital nuevoleonesa cuando escuchó una misa del sacerdote. Al poco tiempo le dieron trabajo de encargado de mantenimiento y se quedó. “A mí me gusta entrar en la vida de ellos”, dice el hombre de 42 años sobre su relación con las y los migrantes que recibe. Esta tarde soleada, con un cristo crucificado al costado, Celaya confesó que su vida estuvo marcada por la violencia: a los 7 años vio el asesinato de su padre y aprendió de armas con su abuelo que fue guerrillero en El Salvador. La muerte de su padre y el rechazo de su madre -dice- lo llevó al Ejército y el cadete de buen actuar se integró a los kaibiles; desertó tras una incursión a una aldea y darse cuenta que las víctimas eran inocentes. Fue allí que dejó el uniforme y migró a Estados Unidos.

Esta noche a casa INDI llegan migrantes; en su mayoría, de Honduras. Adolescentes con ojos de pánico con apenas 15 años. Jóvenes de 24 años con un pie cercenado y que su único contacto cercano es su mamá que migró a España. Adultos que intentan por tercera vez regresar a territorio estadounidense. Celaya apunta sus nombres, lugar de origen, edad, teléfono, les toma una foto y asigna cama antes de dejarlos entrar. 

En el último lustro la zona de metropolitana de Monterrey se convirtió en punto obligado de paso migratorio. Las caravanas trazaron su ruta huyendo del recuerdo vivo de la masacre y las fosas de San Fernando, Tamaulipas. En Monterrey hay cinco albergues para el descanso de los migrantes y, si lo deciden, se acercarán a las vías del tren para ir a Piedras Negras, Reynosa, Matamoros o Nuevo Laredo. 

Sin embargo, llegar a la frontera en los vagones no es la única opción. Miriam y su hija de 7 años atravesaron México en 4 automóviles distintos hasta Miguel Alemán, Tamaulipas. Ella tiene 29 años y platica con un semblante serio en el patio del albergue Senda de Vida en Reynosa, donde hoy cumple dos meses desde que la deportada a Reynosa. 

Miriam y su hija salieron junto con dos hombres y una mujer más desde Chiquimula, Guatemala, el 17 de noviembre de 2020. Doce días después llegaron a un hotel en Miguel Alemán, Tamaulipas. La noche del martes 1 de diciembre Miriam y su hija pasaron el río Bravo, pero las detuvo la Patrulla Fronteriza. A la mañana siguiente cruzaron el puente hacia México.

Su viaje fue rápido y sin ningún tipo de violencia. “De la capital de Guatemala un guía me entregó a la frontera (con México). Ese guía me llevó a San Cristóbal y de San Cristóbal para Puebla nos trasladó una señora. Y de Puebla para San Luis Potosí nos trajo otro señor y de San Luis para la bodega, que no me acuerdo cómo se llamaba (el lugar), nos trajo otro. Después nos trasladaron otros a la frontera”, cuenta sin dudar.

Miriam cuenta que se sintió engañada por el “coyote”, porque le aseguró que dejaban ingresar a adultos con menores de edad. Su esposo y su hijo de 10 años tienen dos años en Estados Unidos, ese es uno de los motivos más fuertes para no pensar en regresar a Guatemala, donde su hijo menor se quedó con su hermana.

Ella se enteró de la masacre de Camargo por Facebook. “…da lástima ver cómo hicieron a la gente de Guatemala. Lo que vi es que fue un problema que tuvieron los del Golfo con otra pandilla y no sé qué problemas tuvieron que llegaron hacer todo eso; supuestamente dicen que los mataron con armas y que después les metieron fuego”.

Así como la masacre no doblega a Miriam Noemí, hay cientos de mujeres y hombres migrantes que mantienen su intención de cruzar el río Bravo. Apenas el sábado 13 de febrero, 108 migrantes fueron descubiertos en la caja de un tractocamión en General Bravo, a 18 kilómetros del sitio de la masacre de Camargo. Ellas y ellos no ven las letras pintadas por viajar escondidos y hacinados en los automóviles de los traficantes; si las ven son ajenos al lenguaje, y si lo conocen menguan el miedo pensando en su objetivo: la posibilidad de una mejor vida en Estados Unidos.