A las familias que buscan a sus desaparecidos nada las ha detenido hasta ahora en su encomienda de traerlos de vuelta a casa: ni la falta de conocimientos, ni el miedo, ni la economía, ni la falta de solidaridad, ni la negligencia gubernamental, ni las amenazas. Menos una pandemia
Texto: Daniela Rea
Fotos: Zahara Gómez
A finales de marzo del 2020 el país entró en un confinamiento para, dijeron las autoridades, protegernos de los contagios de un virus entonces desconocido. Sólo lo indispensable para la vida podía mantener sus actividades, lo relacionado con la alimentación, el transporte y la salud.
Familias de personas desaparecidas respondieron a esas medidas gubernamentales que pusieron bajo llave a casi la totalidad de actividades de la vida social: buscar a nuestros desaparecidos es una actividad esencial.
En México hay casi 90 mil personas desaparecidas y en estos 17 meses de pandemia, de marzo del 2020 a agosto del 2021, un total de 11 mil 175 personas han desaparecido en el país.
¿Cómo es que buscar a las personas desaparecidas no va a ser una actividad esencial? Pensaban, discutían un grupo de mujeres en el norte del país, reunidas en varios colectivos, entre ellos el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. ¿Cómo no va a ser una actividad esencial si, aun con el paro de un país, aun con el supuesto confinamiento de todo mundo, las personas desaparecidas no sólo no han sido encontradas, sino que cada día que pasa en este encierro, siguen desapareciendo personas?
Acostumbradas a poner en duda cada decisión gubernamental, a pelear contra los NO como primera respuesta a sus peticiones, tenaces contra la falta de imaginación de las autoridades que suelen no ver más allá de sus escritorios o sus cuatro paredes blancas, las mujeres que buscan a sus desaparecidos pensaron, pensaron y se pusieron a escribir. Redactaron un memorándum y argumentaron por qué la búsqueda no podía ser confinada.
El 6 de abril del 2020, a menos de dos semanas de encierro, ellas le dijeron al gobierno:
“La emergencia humanitaria de la Búsqueda de Personas Desaparecidas no debe parar. Cada día que pasa significa una nueva oportunidad para encontrarles, por lo que no podemos renunciar a esto, porque la búsqueda de nuestros amados ausentes es lo que nos mantiene vivas”.
Estas mujeres no sólo hablaron en su lenguaje del cariño, hablaron en el lenguaje legal que parece exclusivo de quienes gobiernan la vida de las personas. “… Además, por Decreto Presidencial quedó establecido que la Procuración e Impartición de Justicia es una de las actividades esenciales que deben continuar”.
Y, acostumbradas a tomar iniciativa, redactaron un listado de acciones para buscar con las medidas sanitarias: hacer un programa nacional y estatal de búsqueda con fechas de acciones, hacer un registro nacional y estatal de personas desaparecidas, trazar lineamientos para la búsqueda de migrantes en nuestro país, generar metodologías de búsqueda que no requieran personal en campo, seguimiento de los casos por parte de ministerios públicos vía virtual, entre los 11 puntos propuestos.
“Es una actividad esencial porque estamos buscando vida, vida de personas, hemos confirmado que los primeros minutos de la búsqueda son importantísimos, cada segundo, cada minuto están corriendo peligro”, dice Leticia Hidalgo un año después de que enviaran esa carta. “Y volvemos al punto de que es una violencia continuada, cada día que pasan desaparecidos el crimen, la tortura continúa”, dice Angie Orozco, compañera de FundeNL. “Y la tortura está prohibida en México”, reflexiona Leticia, que busca a su hijo Roy, desaparecido por policías en enero del 2011.
Un mes después de que las mujeres de FundeNL, y organizaciones como Fundec, Fray Juan de Larios y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Comisión Nacional de Búsqueda respondió con un lineamiento para buscar a personas en campo; además de cubrebocas, alcohol antibacterial, ventilación, estipulaban máximo 7 personas por cada actividad.
Para entonces las familias ya estaban en campo.
El arranque del 2020 fue muy pesado de trabajo para las familias de FundeNL. En los dos primeros meses, enero y febrero, habían recibido reportes de desaparición en los municipios de Hidalgo, Mina y Abasolo. En los dos primeros meses del año, antes del encierro, sólo en esa zona se reportaron 15 personas desaparecidas.
“Estábamos haciendo planes para buscar a esas personas en la zona y en eso llega la pandemia. Nos destanteamos porque nos quedamos con un pie en la búsqueda, no nos dejaban ni ir a los municipios”, recuerda Leticia Hidalgo.
Uno de esos jóvenes desaparecidos era Juan Pablo Martínez, la familia dejó de tener noticias de él el 4 de enero del 2020; Marlene, su mamá, decidió salir a buscar a pesar de la restricción de movilidad, sin avisar, acompañada de otros vecinos del municipio, y el 23 de marzo encontraron el cuerpo de su hijo en la rivera del Río Salinas. Por la pandemia lo velaron unas cuantas horas y unas cuantas personas.
La búsqueda de las mamás siguió durante la pandemia y llegó a una zona de minas de piedra y arena en las afueras del municipio de Hidalgo. Ahí, en medio de escombro, pedazos de autos desvencijados y algunos casquillos, está la boca de un pozo que se cree se usó para perforar y buscar yacimientos de petróleo. Hoy el pozo está abandonado, mide 50 centímetros de diámetro, lo suficiente como para que quepa un cuerpo humano, y tiene 200 metros de profundidad, lo suficiente como para ocultarlo.
Las familias llegaron por primera vez a este lugar en el año 2019, habían recibido mensajes de que ahí pasaban cosas extrañas. Al llegar al punto les atrajo el olor putrefacto que salía de él y pudieron encontrarlo entre los arbustos. Buscar a una persona desaparecida en los cerros es una tarea inconmensurable, cada rincón es una posibilidad, cada recoveco, cada alteración en el terreno. Las manos, los ojos, el olfato humano no alcanza, necesita pistas de la naturaleza (o del hombre que procesó los cuerpos).
Al llegar al pozo supieron que antes de ellas las autoridades habían estado aquí pues dejaron tiradas cintas de restricción. Es común que las autoridades judiciales realicen revisiones a lugares donde podría haber desaparecidos y no avisen a las familias que buscan. No les avisen de las pistas ni los indicios encontrados y, cuando por sus propios medios las familias llegan, se dan cuenta que ahí estuvo la autoridad: por la alteración de la escena del crimen, por la basura que deja, por los restos de ropas o huesos humanos o casquillos que en descuido, dejaron tirados y no registraron como evidencia.
Por eso cada tanto vuelven a esta zona en el municipio de Hidalgo, a rastrear, revisar. A cuidar la evidencia, o no arrojen escombro, animales muertos, que no lo tapen hasta que las autoridades hagan una exploración para ver si dentro de él fueron arrojados cuerpos humanos. Cuidar el pozo como una extensión de cuidar al hijo desaparecido.
Jesús Sánchez Palacio y San Juana Vanegas Martínez están aquí buscando a su hijo Jesús Horacio Sánchez Vargas que fue desaparecido el 31 de marzo del 2019 en Hidalgo. También está Miguel Sánchez que busca a su hijo Mario, desaparecido en octubre del 2019; con Miguel busca también la señora Leticia Lozano, que es abuela de Mario pero como ella lo crio, siente un doble compromiso de estar aquí, por su hijo y su nieto. Rumores que se escuchan en el pueblo les dijeron que sus hijos podrían estar aquí, en esta zona de minas.
Esta mañana de mayo son unos 10 familiares quienes caminan la zona de tierra gris y montañas de roca afilada que se elevan sin avisar, en un santiamén crecen hasta los 100, 200 metros de altura creando un espacio galáctico. Hasta allá arriba en las montañas sube un muchacho que fue desaparecido a finales del año 2019 y estuvo durante varios días secuestrado y torturado, hasta que sus captores lo dejaron tirado en la calle mutilado, pensándolo muerto. Pero no murió y ahora acompaña a las mamás a la búsqueda de sus hijos.
“Él no ha regresado por completo para acá todavía, como si una parte de él siguiera allá”, dice uno de los papás que busca. Acá, el espacio de los muertos en vida que buscan a sus hijos; allá, el espacio de los desaparecidos, de los “no-lugar”.
En agosto del 2020, cuando había pasado el primer pico de la pandemia y se estaba gestando el segundo, las familias empujaron al gobierno federal a hacer una “macro búsqueda” en el estado de Nuevo León, en respuesta a un “macro operativo” híper militarizado que realizaron las autoridades unos meses antes según para buscar criminales en plena pandemia.
Así llegó la Comisión Nacional de Búsqueda a estos campos de minas y las familias comprometieron a su titular, Karla Quintana, a enviar maquinaria para revisar el pozo y así saber que hay en sus 200 metros de profundidad. Se supone que la maquinaria llegaría en dos meses, en septiembre del 2020, pero no llegó. Las autoridades argumentaron que debían hacer estudios para saber cuál era la forma más efectiva de excavar dentro del pozo. La CEB buscó a gente de la facultad de ciencias de la tierra de la UANL, y las familias de FundeNL buscaron a peritos externos. Durante un par de meses tuvieron reuniones en zoom y llegaron a las propuestas de cuatro formas para examinar ese pozo: con un tiro de mina, con una excavación a cielo abierto, con un pozo paralelo o con explosivos canalizados.
A un año de que la Comisión Nacional de Búsqueda y el equipo se comprometió a abrir el pozo, no lo han hecho.
“Son pura simulación”, dice Leticia Hidalgo. “Eso es lo que hemos constatado. Se toman fotos aquí y allá pero solamente llegan hasta ahí. Nosotras pedimos que todo lo realizado y encontrado se agregara a la carpeta de investigación con los informes de cada institución. Y nunca lo hicieron”.
En ese contexto de empujar a las autoridades es que las familias vinieron a finales de mayo a visitar el pozo, a echarle ojo, a cuidar que siga bien. Cuidar el pozo, como una forma de cuidar a los desaparecidos.
La semana santa del 2012 un grupo de mujeres se reunieron en el Quiosco Lucila a bordar los nombres de sus desaparecidos. Eligieron ese lugar porque está frente a la catedral y al palacio municipal de Monterrey, así que si alguna mamá quería cruzarse a rezar sólo cruzaba la cuadra; o si quería ir a reclamar por las búsquedas, cruzaba la misma cuadra. Ahí se fueron acercando otras personas que también buscaban a sus desaparecidos y comenzaron a conversar: a donde habías ido, te habían atendido, como iba tu caso. Poco a poco, con los días, se fundaron como FundeNL y a la fecha han registrado la historia de 400 familias con sus desaparecidos.
En estos casi 10 años de existencia FundeNL realizó la primera exhumación con peritos independientes, en el año 2014, para confirmar la identidad de Brenda Damaris; han encontrado a 4 personas con vida e identificado a 23 sin vida (a agosto del 2021), armaron una red de vínculos de los posibles perpetradores apoyados en análisis de sus propios expedientes, y son el primer grupo de familiares con personas desaparecidas que creó su equipo forense independiente, certificado para hacer peritajes de coadyuvancia a las investigaciones de las fiscalías, publicaron el libro Un sentido de vida en el que cuentan la experiencia de su trabajo en los primeros siete años de creación con metodología sobre las prácticas de desaparición en Nuevo León y recomendaciones a familiares de otras partes del país para la búsqueda.
Las compañeras de FundeNL, madres, padres, esposas e hijes de desaparecidos, son también acompañados por personas solidarias que han fortalecido la red de búsqueda, como Angélica Orozco, Claudia Muñiz, Liliana Galaviz López y Evaristo Reyes Gómez.
Durante la pandemia su trabajo no se frenó. Además de las búsquedas en campo, los primeros meses que era imposible salir de casa, tomaron talleres virtuales con el Equipo Argentino de Antropología Forense sobre la creación de líneas de tiempo, trabajaron en el análisis de los expedientes y, claro, cuidaron el pozo: acudieron (siguen haciéndolo) a vigilar que no estuviera obstruido, hicieron análisis técnicos con especialistas y han empujado una búsqueda con tecnología adecuada en ese lugar.
Pero no salieron ilesos. Joel Olvera, el arqueólogo forense que lidera el Equipo de Antropología del FundeNL se contagió de covid-19, Juani Solís, una de las madres del grupo, también contrajo el virus y sus dos hijos; a los hijos los despidieron del trabajo por lo que hubo que activar redes solidarias para financiar el tratamiento médico y algunas despensas que permitieran sobrevivir los días de la catástrofe. Contactaron a algunas organizaciones de derechos humanos que recibieron apoyos para canalizar a familias de víctimas.
“Nuestros desaparecidos no pueden esperar aunque haya una pandemia, cada día que pasa es un día más de incertidumbre, pero sobre todo es un día más en que ellos están en condiciones inimaginables, por eso nada detendrá nuestras búsquedas”, insiste Leticia Hidalgo.
Nada las ha detenido hasta ahora: ni la falta de conocimientos, ni el miedo, ni la economía, ni la falta de solidaridad, ni la negligencia gubernamental, ni las amenazas. Menos una pandemia.
Este trabajo fue apoyado por el Fondo de Emergencia para Periodistas COVID-19 de la National Geographic Society. / This work was supported by the National Geographic Society’s COVID-19 Emergency Fund for Journalists.
Reportera. Autora del libro “Nadie les pidió perdón”; y coautora del libro La Tropa. Por qué mata un soldado”. Dirigió el documental “No sucumbió la eternidad”. Escribe sobre el impacto social de la violencia y los cuidados. Quería ser marinera.
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